Papel Prensa, abastecedora nacional de la mayoría de periódicos argentinos, fue demandada por el secretario de Comercio Interio.
(SIP/IFEX) – Miami, 2 de diciembre de 2009 – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su profunda preocupación por el avance gubernamental en Argentina contra la principal empresa productora de papel para diarios en el país, acción que podría esconder el riesgo de que se condicione el suministro del insumo con la intención de controlar la labor informativa.
La empresa Papel Prensa, abastecedora nacional de la mayoría de periódicos argentinos, fue demandada ante la justicia penal económica la semana pasada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien alegó «irregularidades administrativas» en dos reuniones del directorio de la compañia, tutelada por los diarios Clarín y La Nación como socios mayoritarios, con 71.5 por ciento. El Estado, accionista minoritario, ha mantenido una actitud de confrontación y hostilidad contra ambos medios en los últimos meses.
Según Moreno, actuando en representación del Estado ante la empresa, inició la querella por irregularidades que se habrían producido en las actas de dos reuniones de directorio para elegir autoridades el 4 de noviembre, y que contendrían errores al no reflejar lo que sucedió, habiéndose alterado el «orden temporal» de las mismas. El funcionario deberá presentarse el 9 de diciembre ante un juez Penal en lo Económico para fundamentar su denuncia. A la demanda del secretario de Comercio Interior, se sumaron declaraciones del ministro de Economía, Amado Boudou, quien acusó a Clarín y La Nación de mal manejo administrativo de Papel Prensa en detrimento del Estado.
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, destacó que más allá del proceso administrativo del directorio de Papel Prensa, «nos preocupa profundamente estas acciones contra la empresa, en momentos en que venimos denunciado una arremetida gubernamental contra la prensa argentina, que incluiría la intención de intervenir la papelera como una forma de obtener un nuevo instrumento para controlar a los medios impresos y críticos».
Aguirre, subdirector del Diario Las Américas, de Miami, recordó que la SIP se ha expresado muchas veces contra gobiernos que utilizan la distribución o las trabas a la importación de insumos para medios, como un arma de presión. «Es por demás sugestivo – agregó – que se haya dado en Argentina una cadena de confrontación entre el gobierno y la prensa, desde la aprobación de la Ley de Servicios Audiovisuales, campañas de difamación y actos de intimidación, como el bloqueo de distribución o extrañas investigaciones impositivas sin guardar los debidos procesos».
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, director editorial del San Antonio Express-News, teme que «como sucede en numerosos países, en Argentina el gobierno quiera controlar los contenidos de los medios a través del control de los canales de distribución y producción de los medios escritos, como ya se ha conseguido con la nueva ley controlar a los medios electrónicos».
Ambas autoridades de la SIP recordaron que en esta materia, la SIP se posiciona frente al principio 5 de la Declaración de Chapultepec que establece que «las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa».
Aguirre y Rivard coincidieron con la última resolución que la asamblea de la SIP estableció en su reciente reunión en Buenos Aires, enviada a la presidenta Cristina de Kirchner para su consideración, en la que se «insta a los poderes públicos de la Argentina a que trabajen para garantizar el libre ejercicio del periodismo en un marco democrático y de convivencia pacífica».
