Miami (21 de mayo de 2009) - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación por una nueva condena judicial en Uruguay contra otro periodista, consecuencia directa de la existencia de una "legislación penal vetusta".
(SIP/IFEX) – Miami (21 de mayo de 2009) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación por una nueva condena judicial en Uruguay contra otro periodista, consecuencia directa de la existencia de una «legislación penal vetusta»; al tiempo que hizo un llamado al Congreso de ese país para que concluya satisfactoriamente el debate sobre la despenalización de los delitos de difamación y la eliminación del desacato.
El 6 de mayo, el periodista Alvaro Alfonso fue condenado por el juez penal Rolando Vomero por el delito de «difamación», luego de un juicio que promovió el legislador oficialista, Carlos Tutzó, quien se sintió agraviado por lo que el periodista relató en «Secretos del Partido Comunista del Uruguay», libro que publicó el año pasado.
Alfonso cuenta en su texto que durante la dictadura militar uruguaya (1973-1985), el actual dirigente comunista y legislador departamental por Montevideo, «colaboró» con los militares en la identificación de compañeros suyos mientras estuvo detenido. El periodista atribuyó su información a «fuentes militares» y agregó que, según sus datos, en el Partido Comunista del Uruguay (PCU) «hay dudas» sobre la conducta de Tutzó.
El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, del diario colombiano El Tiempo, expresó que «más allá del derecho que le cabe a toda persona de recurrir a la justicia, lo que nos preocupa en forma reiterada en el Uruguay es que se continúen aplicando leyes ya vetustas, contrarias a la jurisprudencia interamericana en materia de libertad de expresión y de prensa».
En Uruguay, la legislación penal incluye los delitos de difamación, injurias y desacato contra funcionarios públicos. Un proyecto de ley que elimina la penalización de los «delitos de comunicación», recibió media sanción en el Senado, pero permanece en estudio en la Cámara de Diputados.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, del diario texano San Antonio Express-News recordó que ya hay una tendencia favorable a la desaparición del desacato, tema que está explícitamente recogido en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA, en la que se manifiesta (Art. 11) que «los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información».
En su sentencia, el juez Vomero dijo que Alfonso había atribuido en su libro al actual gobernante comunista «haber colaborado con los militares durante la tiranía» y eso «ofende al denunciante de cualquier manera», puesto que quedó expuesto «al odio y al desprecio público». A juicio del magistrado, «resulta evidente que atribuirle un acto desleal, casi de traición a una persona, es ofenderle su honor».
El procesamiento contra Alfonso fue decretado «sin prisión», pero el juez dispuso agregar la condena a «la planilla de antecedentes». El periodista apeló la sentencia y ahora deberá fallar un tribunal de alzada.
