El intento de censurar a la cadena TV Pública desde que el voto en el Senado ratificó la destitución del presidente, así como la suspensión de algunos programas de opinión, provoca la preocupación de RSF en lo que respecta a la libertad de informar.
ACTUALIZACIÓN: Acusadas de “incitar al delito”, las radios comunitarias podrían padecer represión (RSF, 14 de agosto de 2012)
(RSF/IFEX) – 26 de junio de 2012 – Algunos hablan de un «golpe parlamentario». Otros, no dudan en denunciar un golpe de Estado. El juicio político que siguió a la apresurada destitución del presidente Fernando Lugo, el 22 de junio de 2012, suscitó también preocupación en lo que respecta a la libertad de informar. Una organización de defensa de la libertad de información como Reporteros sin Fronteras tiene razones de sobra para preocuparse, dado que parece que el marco democrático se ha debilitado y puesto en duda. El intento de censurar a la cadena TV Pública desde que el voto en el Senado ratificó la destitución del presidente, así como la suspensión de algunos programas de opinión, refuerzan nuestra preocupación.
«Aunque mucho más violento, el precedente hondureño, que no dejamos de denunciar, justifica nuestra vigilancia. En caso de crisis política grave como ésta, la información – y a menudo su control – representa un reto crucial. El nuevo gobierno de jure no puede esperar que, limitando el debate público, logrará ocultar las críticas fundadas que se oponen a esta destitución, ocurrida nueve meses antes de las próximas elecciones presidenciales a las que Fernando Lugo no planeaba presentarse como candidato. Un proceso cuya falta de equidad y transparencia fue denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Un debate como este no debe obstaculizarse, sobre todo en los principales medios de comunicación del país, que deben convertirse en vectores de un pluralismo real. Los ciudadanos paraguayos tienen derecho a toda la verdad», declaró Reporteros sin Fronteras.
Una sentencia escrita de antemano y dictada rápidamente. Casi ningún respeto de los derechos de defensa por tratarse de un jefe de Estado acusado por el Parlamento. Un motivo de destitución esgrimido sin que realice una investigación judicial de fondo sobre los hechos incriminados: un sangriento enfrentamiento ocurrido el 15 de junio pasado en Curuguaty (noreste, fronterizo con Brasil), entre campesinos que reclamaban la redistribución de tierras y las fuerzas del orden, en el que murieron once campesinos y seis policías. Aunque jurídicamente era posible, según el artículo 225 de la Constitución, la destitución del presidente no deja de contener múltiples elementos que alimentan la controversia.
La polémica creció aún más cuando la noche del 22 de junio el director de Comunicación del nuevo gobierno, Cristián Vázquez, acudió a las instalaciones de TV Pública. «Pura y simplemente exigió que dejáramos de trasmitir los programas del canal», nos explicó Andrés Colman, periodista del diario Última Hora y presidente del Foro Permanente de Periodistas de Paraguay (FOPEP). «Incluso dijo que venía de parte del nuevo presidente, Federico Franco, lo que nos alarmó. Era claro que la difusión por la TV Pública de las manifestaciones de apoyo a Fernando Lugo, así como la transmisión del programa Micrófono abierto, que directamente da la palabra a los ciudadanos, sembraba el pánico en el nuevo poder».
24 horas más tarde se llevó a cabo un debate en la TV Pública sobre el papel de la televisión pública. Instituida el 15 de agosto de 2011 bajo la presidencia de Fernando Lugo, TV Pública es el primer canal de su género en el país. Todos nuestros interlocutores reconocen que ha desarrollado una línea editorial independiente y pluralista. «Su director, Marcelo Martinessi, que acaba de renunciar junto con otros directivos debido a los acontecimientos, había logrado desarrollar un tono a veces crítico y que guardaba una distancia con el gobierno de Lugo», asegura María Clara Mernes, del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), organización de la sociedad civil. Según ella, la visita de Cristián Vázquez revelaría «torpeza en un momento de turbación y confusión».
La explicación no satisface a Andrés Colman, para quien constituye un intento de censura. El desarrollo de los acontecimientos le da la razón. «El nuevo poder vio que la reacción ciudadana se intensificaba. Durante el debate en el que yo participaba el 23 de junio, los trabajadores del canal comenzaron a ocupar las instalaciones. El evento suscitó la movilización. Entonces, al final del día, cortaron la señal del canal 25 minutos. La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) dijo después que se trataba de un error». La víspera, otro corte interrumpió el programa semanal Ápe ha pepe («Aquí y allí» en guaraní) transmitido por la Radio Nacional. «Ya veremos si el próximo sábado 30 de junio el programa vuelve al aire», se preocupa un paraguayo por los recurrentes cortes.
Oficialmente, la directora de la Radio Nacional, Judith María Vera, continúa en su puesto y no planea hacer cambios en los programas de la estación. Públicamente aseguró que no recibió ninguna indicación en ese sentido. Respecto a la TV Pública, que en adelante carece de dirección, la policía intentó evacuarla el 25 de junio.
La destitución de Fernando Lugo ha dado lugar a una verdadera división del paisaje mediático. «Los principales medios de comunicación privados y muchos de sus periodistas, en su conjunto, han tomado partido en este juicio político, ya sea abiertamente o minimizando sus consecuencias y evitando contar toda la historia», lamenta un periodista independiente de Ciudad del Este. «El tono de las radios comunitarias es otro, éstas denuncian este ‘golpe parlamentario’. No obstante, mucha información sobre este proceso de destitución se difunde ahora por Internet y las redes sociales». Esta vez, con el riesgo de agravar, por las invectivas virtuales, una polarización que ya se encuentra en marcha.
