La ley de Comunicación acaparó gran parte de la atención de una delegación de la SIP, que se destacó en Ecuador por dos días.
(IAPA/IFEX) – Miami (19 de octubre de 2009) – La Sociedad Interamericana de Prensa planteó a funcionarios del Gobierno de Ecuador su profunda preocupación por un proyecto de ley oficialista sobre la prensa que permitirá controlar la información y el contenido de los medios de comunicación, durante una misión a ese país que concluyó el viernes pasado.
El vicepresidente segundo de la SIP, Gonzalo Marroquín, dijo que «vemos con profunda preocupación que el gobierno impulse y apoye una ley de Comunicación, que de acuerdo a los proyectos existentes y a las opiniones vertidas por diputados y funcionarios, resultará restrictiva en materia de libertad de prensa y de expresión. Eso significaría un golpe a la democracia misma».
La delegación internacional de la SIP que se destacó jueves y viernes de la semana pasada en Ecuador, se entrevistó en el Palacio de Carondelet con el secretario general de Comunicación, Fernando Alvarado, y miembros del Consejo de Comunicación Política de la Presidencia, del que participaron el ministro de Defensa, Javier Ponce; la Ministra de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, Doris Solís Carrión, y el secretario privado del presidente Rafael Correa, Galo Mora.
Al término de la reunión, en una conferencia de prensa conjunta, el secretario Alvarado expresó el «compromiso inquebrantable del gobierno con la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de prensa», defendiendo que no se trataba de una ley de prensa sino para «defender el derecho de comunicación de todos los ecuatorianos».
En la charla previa con la SIP, los representantes del gobierno expusieron, en una presentación audiovisual, fallas éticas de medios y periodistas, sobre lo que Alvarado sentenció que «por ello estamos convencidos de que tiene que haber una ley», a la vez que trasmitió una queja del presidente Correa sobre que los periodistas se erigen como jueces y destruyen honras.
La ley de Comunicación acaparó gran parte de la atención de la delegación de la SIP, a pesar de que se apersonó en Quito por las tensas relaciones que siempre han existido entre el gobierno actual y el periodismo, debido a denuncias sobre acoso judicial contra medios y periodistas, descrédito público a medios a través de cadenas presidenciales, uso de la publicidad oficial en forma discriminatoria y, entre otras razones, apropiación de medios privados para uso público.
Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, dijo que la «visión del Gobierno y de la SIP sobre libertad de prensa difieren sustancialmente. Ellos insisten en la necesidad de regular a la prensa por medio de esta legislación, como una acción de defensa de los derechos de la población; mientras que nosotros sostenemos que no hay personas ni sociedades libres sin una absoluta y plena libertad de expresión. Consideramos que a mayor libertad de expresión de los pueblos, mayor democracia y participación libre ciudadana».
Similares conceptos fueron tratados con el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Rolando Panchana y el diputado de oposición César Montúfar, autores de dos de los tres proyectos de ley de Comunicación que discute la Asamblea Nacional. El tercer proyecto fue presentado por la legisladora de oposición Lourdes Tibán y se espera que la ley sea sancionada antes del fin de año, según mandato constitucional, como parte de un conjunto de reformas que incluye el dictado de once leyes propuestas por el presidente Correa.
Con algunos matices, los tres proyectos de ley avanzan sobre los diferentes tipos de medios, – no solamente los radioeléctricos -, creando organismos gubernamentales que vigilarán y penalizarán a los medios, los que para registrarse deberán obligatoriamente que contar con códigos de ética. Estos aspectos fueron duramente criticados por la SIP por considerar que el gobierno se está entrometiendo en los contenidos y que reprimirá a los periodistas críticos e investigadores.
Los proyectos crean tres tipos de medios en igualdad de condiciones en materia de licencias de radiodifusión, – medios públicos, comunitarios y privados-, lo que en experiencia de la SIP, dado el control que éste y otros gobiernos hacen de los medios públicos, «la ley servirá para destrozar la pluralidad» que busca promover la nueva legislación.
Los integrantes de la misión resaltaron que si bien los proyectos «se refieren en su letra a que no debe haber censura previa sino responsabilidades ulteriores», el espíritu de la ley «poco hace para garantizar los estándares internacionales en materia de libertad de prensa según lo establece la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
En ese sentido, Gustavo Mohme, titular del Instituto de Prensa de la SIP y director del diario peruano La República, indicó que los proyectos buscan suplir a la justicia y a las leyes que «ya protegen en todas las dimensiones a la persona humana por cualquier abuso que pudiera cometer un medio de comunicación», por lo que «no es necesario seguir creando regulaciones».
Por su parte, Edward Seaton, ex presidente de la SIP y director del diario estadounidense The Manhattan Mercury, Estados Unidos, dijo que para entender lo peligroso de esta ley, «el gobierno debiera recapacitar sobre lo que un gobierno como el de Febres Cordero hubiera podido hacer de haber tenido a la mano una legislación similar».
La delegación de la SIP concluyó que se trata de «una ley restrictiva, que generará censura gubernamental, que incentivará la autocensura y limitará el periodismo investigativo y sus denuncias sobre corrupción, desnaturalizando la función que le cabe a la prensa en una democracia».
El secretario Alvarado también hizo reparos sobre la propuesta del diputado oficialista Panchana. Mencionó que el gobierno revisará esa propuesta porque no están de acuerdo en el registro anual y que se limite cualquier investigación en curso. «Queremos profesionalismo, pero que no haya censura y que tampoco haya censura al interior de los medios contra sus propios periodistas».
En la conversación con los representantes del gobierno, la SIP también incluyó el tema de los periodistas asesinados en ese país y entregó una carta dirigida al presidente Correa en la que solicitó disponer de las medidas necesarias para coordinar y esclarecer en su totalidad los crímenes de Julio Augusto García, José Luis León, Raúl Suárez Sandoval y Raúl Rodríguez Coronel, ocurridos entre 2005 y 2009.
Durante su estadía de dos días en la capital ecuatoriana, la SIP también sostuvo entrevistas con periodistas y editores de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, representantes de medios de comunicación, de organizaciones sociales y académicas, entre éstas la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL) y la Unión Nacional de Periodistas (UNP).
Además de Marroquín, Seaton y Mohme, integraron la comisión el director ejecutivo, Julio Muñoz y el director de Libertad de Prensa, Ricardo Trotti.
Los representantes de la organización hemisférica adelantaron que los resultados de la visita a Quito, entre otros temas en materia de libertad de prensa en las Américas, serán abordados a profundidad durante la próxima Asamblea General de la institución a realizarse del 6 al 10 de noviembre en Buenos Aires, Argentina.
