(RSF/IFEX) – Reporteros sin Fronteras está muy preocupada por las cada vez más frecuentes sanciones arbitrarias que adoptan las autoridades, contra medios de comunicación o periodistas críticos. Esa intolerancia se ha puesto ya de manifiesto en la supresión de programas, el despido de periodistas y la retirada, o a la atribución discriminatoria, de la publicidad […]
(RSF/IFEX) – Reporteros sin Fronteras está muy preocupada por las cada vez más frecuentes sanciones arbitrarias que adoptan las autoridades, contra medios de comunicación o periodistas críticos. Esa intolerancia se ha puesto ya de manifiesto en la supresión de programas, el despido de periodistas y la retirada, o a la atribución discriminatoria, de la publicidad pública. Desde que Néstor Kirchner llegó al poder, el 25 de mayo de 2003, no han cesado de degradarse las relaciones entre el gobierno y la prensa.
«Las presiones políticas, procedentes de personas cercanas o aliados del jefe del Estado, continúan pesando sobre la libertad de expresión de determinados periodistas, tanto si están en medios privados como públicos. Manifestamos nuestra solidaridad con los periodistas que actualmente se movilizan contra los intentos del gobierno de Néstor Kirchner para silenciar las voces críticas», ha declarado RSF.
El 6 de junio de 2006 fue despedida Marcela Pacheco, presentadora del informativo de media noche del canal público Canal 7, tras criticar la concentración que, el 25 de mayo, organizó el presidente de la República, para celebrar el tercer aniversario de su investidura.
El 31 de mayo, la editora Perfil y el diario del mismo nombre cuestionaron ante los tribunales la política, que consideran discriminatoria, del gobierno con las revistas «Noticias» y «Fortuna», y el diario «Perfil», que carecen de publicidad pública. Ese mismo día, se reunieron algunas personalidades de la prensa argentina, para apoyar la iniciativa. Acusan al gobierno federal de distribuir de forma partidaria la publicidad pública, y de dificultar el acceso a la información oficial.
El 3 de mayo fue suprimido el programa de opinión «Séptimo Día», emitido por la emisora local Lu12 Radio Río Gallegos, como resultado de las presiones de Carlos Sancho, vicegobernador de la provincia de Santa Cruz (Sur). Según Héctor Barabino, presentador del programa, la directora y propietaria de Lu12, María Eugenia Sanhueza, recibió una llamada telefónica de un funcionario cercano a Sancho, quien le explicó que se retiraría la publicidad oficial concedida a la emisora si continuaba el programa. Dicha publicidad representa unos ingresos mensuales de 28.000 pesos (alrededor de 7.000 euros). Barabino no cambió el tono del programa que analiza, de forma crítica, la actualidad local y nacional. Entonces, y ante la negativa del periodista, la dirección decidió suprimirlo.
Los días 5 de enero y 21 de abril de 2006, RSF denunció la suspensión de dos programas de televisión y radio, como consecuencia de las presiones de las autoridades públicas, locales y nacionales (ver las alertas del 21 de abril y 5 de enero de 2006).
La organización se ha visto sorprendida, en varias ocasiones, por la reanudación de los obstáculos que encuentran los periodistas para acceder a las informaciones gubernamentales, y a los cargos oficiales, especialmente al jefe del Estado.
