(AMARC/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de AMARC-México, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH): AMARC y organizaciones de Derechos Humanos preocupados por marcha atrás en proceso de diálogo El 7 de mayo de 2004, el Presidente Vicente […]
(AMARC/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de AMARC-México, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH):
AMARC y organizaciones de Derechos Humanos preocupados por marcha atrás en proceso de diálogo
El 7 de mayo de 2004, el Presidente Vicente Fox Quesada anunció en la reunión del Sindicato de la Industria de la Radio y la Televisión, en Culiacán, Sinaloa, que ha dado instrucciones a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para cerrar emisoras que calificó de «clandestinas», comenzando este mes con el estado de Michoacán. El mandatario estableció que estas emisoras son un total de 100.
Desde hace un tiempo, hay un fuerte interés por parte de algunos sectores de confundir a la opinión pública al querer mezclar a emisoras comunitarias con los llamados medios «clandestinos», para justificar una política represiva en contra de aquellos sectores de la población que demandan una garantía al ejercicio de su libertad de expresión a través de la radiodifusión ciudadana.
Esperamos que el Presidente de la República tenga clara la diferencia entre estos llamados medios «clandestinos» y las emisoras comunitarias que han reiterado su voluntad de trabajar en un marco de legalidad y que están en proceso de diálogo con las instituciones, pues en numerosas ocasiones la SCT ha cerrado varias emisoras comunitarias con el pretexto de calificarlas de clandestinas.
Las emisoras comunitarias cumplen un papel irrestricto de servicio público sin fines de lucro, tal como ya lo constató la Secretaría de Gobernación en una gira de trabajo que realizó a diversas radios comunitarias en noviembre de 2003. Este servicio que prestan a la sociedad ha quedado establecido públicamente en diversos foros, y en el caso más reciente con el Premio Nacional de Periodismo a Radio Teocelo en Veracruz, la única emisora comunitaria a la que se le ha dado el permiso de operación. Por esta razón las radios comunitarias sostienen una mesa de diálogo y trabajo con la Secretaría de Gobernación, para revisar caso por caso y emitir su opinión a la SCT para que se les otorguen los permisos correspondientes.
Iniciar un cierre masivo de emisoras violaría el compromiso que adquirió el gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y omitiría las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la CIDH y de personalidades como el escritor Carlos Fuentes y el pintor Francisco Toledo, quienes han solicitado al gobierno el reconocimiento legal de las radios comunitarias en nuestro país. Además, iniciar un cierre masivo de emisoras contradiría las propias acciones del gobierno, pues desde hace tres semanas la propia Secretaría de Gobernación instaló en la Comisión Intersecretarial de seguimiento de la agenda de Derechos Humanos una mesa de trabajo para la legalización de las radios comunitarias en nuestro país.
Cabe recordar que el pasado 3 de marzo en Washington, en la sede de la CIDH, el gobierno mexicano se comprometió a continuar con el proceso de diálogo y las acciones pertinentes para encontrar soluciones a la situación de las radios comunitarias en nuestro país. También reconoció, a través de su representante de la cancillería, que el tema compete a la agenda de los derechos humanos en materia de libertad de expresión. En esta audiencia, se mostró la documentación donde se comprueba que todas las emisoras comunitarias han realizado sus peticiones de permiso ante la SCT, a fin de actuar dentro del marco de la legalidad. Pese a ello, dicha institución se niega a dar respuesta a los grupos ciudadanos que operan estas radios, haciendo uso de su capacidad discrecional para otorgar las autorizaciones.
Las organizaciones ciudadanas aguardamos una coherencia en la política de gobierno y estaremos atentas a las acciones que establezca el gobierno de la República para hacer cumplir el derecho de los ciudadanos para operar frecuencias bajo condiciones equitativas y en condiciones de igualdad que garanticen la permanencia de los proyectos sociales que hacen uso de su libertad de expresión a través de un soporte técnico que se llama radiodifusión. Este derecho ha sido sistemáticamente violado por la SCT, que hasta el momento sólo ha tenido una cerrazón y ausencia de respuesta a las demandas de establecer criterios públicos y transparentes para acceder a los permisos de operación para emisoras comunitarias.
Organizaciones firmantes:
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
