El tuitero Danny Ayala, conocido en la red social como @DayalaEc, fue notificado de un acto urgente que solicitó el presidente de la república Rafael Correa a la Fiscalía por, presuntamente, “instigar a atentar en contra de su vida”.
El 28 de mayo de 2013, el tuitero Danny Ayala, conocido en la red social como @DayalaEc, fue notificado de un acto urgente que solicitó el presidente de la república Rafael Correa a la Fiscalía por, presuntamente, “instigar a atentar en contra de su vida”. Esto por un ‘tuit’ publicado por Ayala el pasado 5 de marzo en el que decía: “RT si ahora quieres que se muera Correa”.
En el documento, en el cual el Jefe de Estado pide que se realice un peritaje, también se asegura que “el mensaje transcrito bien podría ser considerado por algún usuario de dicha red social como una instigación para atentar en contra de mi vida, hecho que en vista de mis actuales funciones, evidentemente constituiría un magnicidio”.
Asimismo, en dicho escrito se afirma que la conducta del ‘tuitero’ se ajustaría a la conducta penal tipificada en el artículo 386 del Código Penal ecuatoriano que dice lo siguiente: “El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, cuando el instigador no puede ser considerado legalmente como correo, será reprimido, por la instigación y aunque el delito no se hubiere perpetrado, con prisión de quince días a dos años, según la gravedad del delito instigado”.
Al respecto, Ayala, un ciudadano ecuatoriano que trabaja en tecnología y cuenta con 934 seguidores en la red social Twitter, aseguró a Fundamedios que el mensaje publicado de ninguna manera tuvo el ánimo ni la voluntad de cometer, o instigar a cometer algún delito y afirmó que el Jefe de Estado tampoco debió sentirse aludido con el ‘tuit’, pues tampoco lo mencionó de manera directa.
Ayala también rechazó la manera en cómo fue notificado, pues aseguró que a su domicilio llegaron 10 personas, cuatro de la policía judicial y seis de la fiscalía para notificarle del acto urgente. Un número de funcionarios que considera innecesario para la diligencia.
