(PROBIDAD/IFEX) – Las intimidaciones en contra de cuatro periodistas y el personal de la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ), que tiene a su cargo la difusión del medio digital http://www.revistazo.com, arreciaron el 7 de diciembre de 2006 cuando fue amenazado a muerte el presidente de ese organismo, Carlos Hernández. Hernández, quien fue objeto […]
(PROBIDAD/IFEX) – Las intimidaciones en contra de cuatro periodistas y el personal de la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ), que tiene a su cargo la difusión del medio digital http://www.revistazo.com, arreciaron el 7 de diciembre de 2006 cuando fue amenazado a muerte el presidente de ese organismo, Carlos Hernández.
Hernández, quien fue objeto de seguimiento por parte de un desconocido en una motocicleta por espacio de dos horas el 7 de diciembre, cuando procedía del edificio del Correo Nacional, en el centro de Tegucigalpa, la capital, recibió un mensaje en inglés, en su teléfono celular, donde le advertían que él «sería la próxima víctima porque sos la cabeza de la institución».
Ello obligó a Hernández a presentar una denuncia formal en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, cuyo responsable, Ramón Custodio, dijo que los funcionarios de la Comisión trabajarán con la mayor diligencia posible porque «no quiero llevar en mi conciencia poner en peligro la vida de nadie, ya se han perdido la vida de personas en este país».
Hace una semana, un texto similar al enviado por el presidente de la directiva de ASJ, también en inglés, le llegó al abogado de la ASJ, Dionisio García, quien fue asesinado el 4 de diciembre, por desconocidos que se conducían en una motocicleta cuando iba rumbo a la Corte de Justicia. García era el abogado que asesoraba unas investigaciones periodísticas vinculadas a la operación de las empresas privadas de seguridad, particularmente Delta Security y Setech, cuyo accionista principal es el ciudadano Richard Swasey.
García, junto a los periodistas Dina Meza (coordinadora de proyectos de ASJ), Robert Marín García, Claudia Mendoza y Rosa Morazán, han sido objeto de amenazas, seguimiento e intimidaciones desde el mes de septiembre por su trabajo investigativo en torno a las empresas Delta Security y Setech. En el caso de García, éste fue asesinado brutalmente por desconocidos sin que las autoridades hayan hecho, hasta ahora, nada al respecto.
El asesinato del abogado Dionisio García, es el primero de su índole ligado a los trabajos de periodismo de investigación, acceso a la información y libertad de expresión que se registra en el país en las últimas tres décadas. Los trabajos periodísticos hechos por el equipo de Revistazo.com dieron pie a demandas laborales contra las empresas privadas de Seguridad Setech y Delta Security.
El 8 de diciembre, la empresa privada Setech, en campos pagados en medios escritos y electrónicos, deploró el asesinato de Dionisio García, al tiempo que rechazó las acusaciones en su contra de ser los actores principales de este crimen, según denuncias públicas hechas por la directiva y personal de ASJ.
«Ante tales menciones y acusaciones, nuestra administración pone a disposición a través de nuestro Departamento Legal toda la colaboración que las instancias judiciales y policiales requieran para esclarecer el caso y encontrar a los verdaderos responsables de este acontecimiento que nos vincula. Enfatizamos que nuestros directivos siempre buscaron la conciliación en el marco del respeto a los derechos laborales y prestó toda la colaboración ante las instancias del Estado que han venido promoviendo los periodistas de ASJ a favor de los guardias en general», señala el comunicado.
De acuerdo a la empresa Setech, las vinculaciones que se les hacen en torno al asesinato del abogado Dionisio García, son declaraciones «mal intencionadas por los periodistas y ejecutivos» de la ONG ASJ.
Desde el asesinato del abogado Dionisio García, los periodistas de la ASJ se han visto forzados a tomar precauciones porque siguen siendo objeto de llamadas anónimas, y algunos, incluso, han tenido la visita de gente sospechosa en sus residencias, algunas de las cuales, extrañamente, han sido objeto de asaltos.
Organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Relatoría para la Libertad de Expresión y la Comisión de Mercenarios de las Naciones Unidas han sido informados del caso y amenazas contra los cuatro periodistas de ASJ y su personal, al tiempo que el organismo hondureño de derechos humanos Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), pidió públicamente al presidente Manuel Zelaya, garantías por la vida de los periodistas y miembros de ASJ.
El COFADEH incluso envió una nota al ministerio de Seguridad solicitando la suspensión de la licencia a Setech y Delta Security por ser fuertemente sospechosas de estar tras el crimen del abogado García y las amenazas y persecución en contra de los periodistas.
Hasta ahora, el Colegio de Periodistas de Honduras, principal organismo que aglutina a la prensa en el país, y al cual los periodistas de ASJ están afiliados, no se ha pronunciado en torno a las amenazas e intimidaciones de sus colegas.
Esta alerta ha sido realizada por PROBIDAD con información proporcionada por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
