(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 9 de marzo de 2007: El presidente Felipe Calderón expresa a misión de la SIP que promulgará la ley de despenalización recién aprobada por el Congreso mexicano Ciudad de México (9 de marzo de 2007) – El presidente de […]
(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 9 de marzo de 2007:
El presidente Felipe Calderón expresa a misión de la SIP que promulgará la ley de despenalización recién aprobada por el Congreso mexicano
Ciudad de México (9 de marzo de 2007) – El presidente de México, Felipe Calderón, expresó a una delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que lo visitó ayer en la residencia oficial Los Pinos, que promulgará la ley que despenaliza a nivel federal los delitos de difamación, proyecto aprobado esta semana por unanimidad en el Senado mexicano.
«Celebro la despenalización, y he optado por publicar la ley», dijo Felipe Calderón ante una misión de la SIP encabezada por el presidente de la institución, Rafael Molina, argumentando que «la penalización es una figura arcaica y estoy decidido a respaldar los temas que aumenten las garantías de la libertad de prensa en México».
La reforma aprobada por el Senado con 100 votos a favor y una abstención y que había sido enviado por la Cámara de Diputados en abril de 2006, deroga los artículos 350 al 365 del Código Penal federal, convirtiendo a la difamación, injuria y calumnia en infracciones civiles, delitos que serán castigados a nivel federal, una vez que se promulgue la ley, con sanciones pecuniarias.
Si bien el presidente Calderón indicó que su equipo de trabajo revisará el texto enviado por el Congreso, agregó que «tengo plena simpatía con la despenalización y la idea es cumplir con promulgar la ley». Tras la decisión presidencial, la medida se convertirá en ley al ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Molina, director de El Día, República Dominicana, expresó la complacencia de la SIP al presidente Calderón, añadió que «México está dando pasos muy importantes para consolidar la libertad de prensa y la democracia» y que «la despenalización permite construir un andamiaje legal no como privilegio de los periodistas y de los medios de comunicación, sino como una consolidación sustancial para el derecho del público a la información que es, en definitiva, la meta más importante en el proceso de la comunicación».
Molina, haciendo referencia a una conversación previa con legisladores, explicó al presidente Calderón la necesidad de que la despenalización sea elevada a rango constitucional para que pueda tener vigencia en todos los estados del país.
Calderón también dijo que «simpatizo con la idea del agravamiento de las penas» y otros elementos y figuras que la SIP le propuso para combatir la violencia contra los periodistas y la impunidad, entre ellas la federalización de los casos de asesinatos de periodistas y su no prescripción, así como que revería las atribuciones de la Fiscalía Especial que da seguimiento a las agresiones contra los periodistas «para que su labor sea más eficiente», ante la crítica que expuso la delegación internacional.
En materia de impunidad, el presidente Calderón señaló que sigue con «especial interés» el trabajo desplegado por la SIP, agregando que también tiene la esperanza de que «se esclarezcan los casos de Oropeza (Víctor Manuel) y de Miranda (Héctor Félix) y se sancionen (a los culpables)».
En esta visita a México que contempló reuniones con los tres poderes del Estado, Molina fue acompañado por Edward Seaton, ex presidente de la SIP, Periódicos Seaton, Manhattan, Kansas; Juan Franscisco Ealy Ortiz, presidente de la Comisión Contra la Impunidad, El Universal, México; Robert J. Caldwell, presidente del directorio del Instituto de Prensa, San Diego-Tribune, San Diego, California; David Adams, vicepresidente regional por Estados Unidos de la Comisión de Libertad de Prensa, St. Petersburg Times, Florida; Roberto Rock, vicepresidente Comisión Contra la Impunidad, El Universal, México; Héctor Dávalos, de Novedades, Acapulco, México y Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa de la SIP.
A primera hora de la mañana, la misión de la SIP dialogó con un grupo de ocho legisladores nacionales de diferentes denominaciones políticas, reunión de la que participaron, entre otros, el presidente del Senado, Manlio Flabio Beltrones y el diputado Gerardo Priego, presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento a las Agresiones y Amenazas contra Periodistas y Medios de Comunicación.
Además de los temas de la agenda en materia de violencia contra periodistas e impunidad, la SIP expresó la necesidad de que la nueva reforma federal sobre la despenalización sea elevada a rango constitucional para que sea adoptada por los 32 estados del país, ya que la mayoría de procesos contra periodistas por delitos de difamación ocurren en el interior del país. Sólo el Distrito Federal y un reducido grupo de estados cuentan con la despenalización de la difamación.
En ese sentido, el senador por el PRD, Carlos Sotelo García, explicó a la SIP los pormenores de un proyecto de ley de su autoría para la reforma de la Constitución, proceso que podría iniciarse pronto y que ya tendría consenso.
Ealy Ortiz, director y presidente de El Universal, agradeció en nombre de la SIP la predisposición de los legisladores para consolidar la libertad de prensa, tras una reunión de dos horas en la que la institución puso sobre la mesa una agenda de propuestas legales para combatir la impunidad que rodea los crímenes contra periodistas. «Es necesario que tengan este compromiso con la libertad de prensa y que trabajemos juntos y para que lo bueno que podamos hacer aquí en México pueda ser emulado en otros países», dijo Ealy Ortiz.
La misión de la SIP también pidió a los legisladores de ambas cámaras que deroguen la Ley de Imprenta de 1917, que si bien está en desuso, mantiene algunas figuras controversiales, como el delito de desacato, que perjudican la plena vigencia de la libertad de prensa y de expresión. La SIP mostró su beneplácito de que la despenalización se haya sumado a otras leyes como las de secreto profesional y de acceso a la información pública que fueron sancionadas en años recientes en el país.
Posteriormente, la misión de la SIP se reunió con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Juan de Dios Castro, quien anunció el flamante nombramiento, realizado horas antes, de Octavio Orellana Wiarco como nuevo fiscal especial para la Atención a Delitos Cometidos Contra Periodistas.
La delegación SIP agradeció los esfuerzos de la PGR en ese sentido, pero criticó que «de poco ha servido una nueva institución que tiene las manos atadas, poco presupuesto, y que está dentro de la Subprocuraduría de los Derechos Humanos lo que no le permite trabajar sobre crímenes contra periodistas provenientes del crimen organizado, lo que es un contrasentido teniendo en cuenta la realidad mexicana». Roberto Rock, vicepresidente de El Universal, añadió que se le expresarían esas preocupaciones al presidente de la República, para que se analicen otras formas de cómo puede convertirse a la Fiscalía Especial en un organismo efectivo para combatir la violencia contra los periodistas.
La SIP viene notando que la Fiscalía Especial ha adoptado casos de periodistas que si bien son importantes – hasta el momento mantiene 12 procesos de investigación – no son esenciales en la lucha contra los asesinatos, la impunidad y la autocensura que campea en muchos medios de comunicación como consecuencia de la violencia desplegada por el crimen organizado especialmente en los estados fronterizos con Estados Unidos, y que son el mayor escollo actual para el ejercicio de la labor periodística.
En una entrevista con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, la misión de la SIP expuso su preocupación por los 56 asesinatos de periodistas en las últimas dos décadas, el recrudecimiento de la violencia y la falta de esclarecimiento de la mayoría de los crímenes. Se le ofreció al Poder Judicial información detallada e investigada por la SIP sobre varios casos, entre ellos los que la institución maneja a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La SIP agradeció los esfuerzos de transparencia que el Poder Judicial ha venido cumpliendo en los últimos años tras un compromiso que se había dado en el marco de una conferencia organizada por la SIP en 2004 con los ministros de la Corte Suprema y magistrados de los estados. Actualmente, las sesiones de la Corte Suprema son difundidas por televisión en directo.
Por último, Rafael Molina, ratificó una invitación a Ortiz Mayagoitia, para que participe de la Conferencia Hemisférica Poder Judicial, Prensa, Impunidad, que la SIP realizará como parte su proyecto Contra la Impunidad, en Santo Domingo, República Dominicana, del 18 al 20 de julio próximos.
La misión de la SIP también se reunió con Héctor Fix Fierro, presidente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con quien departió sobre asuntos de derecho constitucional y penal, y sobre impunidad.
Los resultados de la misión a México, así como la realizada a Paraguay hace 10 días, serán temas de discusión durante la reunión de Medio Año que la SIP celebrará en Cartagena, Colombia, a partir del 16 de marzo.
