En una reunión con el CPJ y la FLIP, Uribe dijo que su gobierno no va a permitir "cualquier acción que interfiera con el trabajo de la prensa".
(CPJ/IFEX) – Bogotá, 17 de febrero de 2010 – El presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez afirmó el martes que aquellos funcionarios que ilegalmente espiaron a la prensa son «enemigos de su gobierno», durante una reunión con una delegación conformada por el Comité de Protección para los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Uribe emitió esa declaración luego de conocer los reclamos elevados por la delegación del CPJ y FLIP, en una reunión de alrededor dos horas de duración, con el mandatario y funcionarios de alto rango en el Palacio de Nariño, sede del gobierno colombiano. Entre los funcionarios participantes estuvieron el vicepresidente, Francisco Santos Calderón; el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio; el director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Felipe Muñoz; y el director de la Policía Nacional, General Oscar Naranjo Trujillo, entre otros.
El CPJ y la FLIP habían presentado en la mañana sus informes anuales en una conferencia de prensa en la Universidad Javeriana, en Bogotá. Según ambos informes, el espionaje ilegal a periodistas es una de las amenazas más serias que enfrenta la libertad de prensa en Colombia. Los periodistas locales tuvieron sus teléfonos y cuentas de correo electrónico interceptados, y fueron objeto de vigilancia y acoso, según la Fiscalía, entre 2004 y 2006. El CPJ y la FLIP también tuvieron algunos de sus correos electrónicos interceptados. Según una investigación preliminar y versiones de periodistas locales al CPJ y a la FLIP, el espionaje ilegal habría continuado aun después de febrero de 2009, luego de que se publicaran las primeras noticias sobre el escándalo.
La delegación del CPJ y la FLIP solicitó al presidente Uribe que realizara un enérgico rechazo ante la preocupación que ha provocado el espionaje ilegal. El presidente reiteró que Colombia tiene un gobierno democrático que «no acepta la ilegalidad». Uribe indicó: «Quien afecte la libertad de un periodista y quien intercepte es enemigo del gobierno».
La delegación estuvo conformada por María Teresa Ronderos, miembro del comité directivo del CPJ y una de las periodistas colombianas más reconocidas; el ganador del premio del CPJ y presidente del comité directivo de FLIP, Ignacio Gómez; el coordinador senior del programa de las Américas del CPJ, Carlos Lauría; y el director ejecutivo de FLIP, Andrés Morales.
Los participantes de la delegación informaron a Uribe y al resto de los funcionarios colombianos que los periodistas están tomando medidas extraordinarias para prevenir que sus comunicaciones sean interceptadas, y los exhortaron a que apoyen las investigaciones. «Me duele que no estén capturados los responsables», afirmó Uribe. El General Naranjo dijo que la policía nacional comparte la frustración del presidente respecto de la investigación, pero al mismo insistió en remarcar los esfuerzos que hasta ahora se han realizado.
Como resultado del espionaje generalizado, las fuentes confidenciales se han visto en riesgo y se han mostrado reticentes a hablar con los periodistas colombianos, así lo explicaron varios reporteros al CPJ y la FLIP. Uribe dijo que su gobierno no va a permitir «cualquier acción que interfiera con el trabajo de la prensa». El vicepresidente Santos indicó que «asumiremos la responsabilidad con sentencias judiciales en firme».
Desde que el escándalo fue conocido, la oficina del Fiscal General ha iniciado las investigaciones que ha conducido al arresto en 2009 de varios funcionarios de alto rango de la inteligencia local, incluyendo el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez. Entre todos, 40 funcionarios del DAS están actualmente investigados. Siete de ellos han sido imputados en enero y podrían enfrentar un juicio pronto.
Durante la reunión con el fiscal general Guillermo Mendoza Diago, realizada el lunes, la delegación también habló con el Procurador General Alejandro Ordóñez. La oficina de Ordóñez está investigando a 26 funcionarios que podrían estar involucrados en el espionaje y tiene el poder de impartir sanciones disciplinarias sobre ellos. Entre los funcionarios investigados, según Ordóñez, se encuentran tres funcionarios de alto rango del poder ejecutivo.
Mientras los nombres de esos asesores fueron revelados por la oficina del procurador en junio, Uribe defendió a los funcionarios y dijo que rechazaba cualquier tipo de presión por parte de los medios para «judicializar a personas inocentes». Uribe también dijo que le preocupaba que la falta de resultados concretos en la investigación había sido utilizada para manipular políticamente a su gobierno.
Tanto el ministro del Interior y de Justicia como el director del DAS, quienes participaron de una reunión el lunes con la delegación del CPJ y FLIP, emitieron declaraciones en las cuales reaccionaban a la información publicada en los informes de ambas organizaciones. Ambas declaraciones reafirmaron que el espionaje ilegal no era una política de estado y que ellos habían prestado su colaboración con la investigación.
La delegación también exhortó a las autoridades a que se abstengan de acusar, sin ninguna evidencia, a miembros de la prensa de tener vínculos con grupos armados, dado ue eso pone en serio riesgo la vida de los reporteros.
