Agosto de 2024 en Europa y Asia Central: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en informes de miembros de IFEX y artículos periodísticos de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Liberación de periodistas y activistas en Rusia; cuatro años de represión en Bielorrusia; se insta a la Unión Europea a tomar medidas sobre Israel; ley anti propaganda LGBTQI+ en Bulgaria; censura en bibliotecas del Reino Unido; diez años de hostigamiento contra los medios de comunicación en Turquía; reclamo de responsabilización por ataques a críticos del gobierno en Georgia.
Bielorrusia: cuatro años de represión
En Bielorrusia, el 9 de agosto se cumplieron cuatro años desde las elecciones presidenciales amañadas de 2020 que llevaron a Alexander Lukashenka nuevamente al poder, lo que desencadenó protestas masivas y la represión del espacio cívico que continúa hasta hoy.
Miembros de IFEX aprovecharon la fecha para poner en el centro de atención la persecución de las voces independientes por parte del régimen de Lukashenka.
ARTICLE 19 destacó la difícil situación de los casi 1.400 presos políticos de Bielorrusia y el “vacío de información” generado dentro del país por la propaganda estatal. La organización apeló a la comunidad internacional para que ejerciera más presión sobre el régimen para que este pusiera fin a sus reiteradas violaciones de los derechos humanos.
La Federación Europea de Periodistas (FEP) pidió la liberación de los 37 periodistas encarcelados en Bielorrusia y el fin de la persecución de periodistas bielorrusos en el exilio.
PEN Internacional también emitió un comunicado denunciando los ataques contra bielorrusos en el exilio. En su declaración destacó la persecución de personas y organizaciones del sector cultural y pidió a la comunidad internacional que presionara a las autoridades bielorrusas para que liberaran a todos los presos políticos.
Otros miembros de IFEX conmemoraron el aniversario brindando una plataforma a los bielorrusos que han sido víctimas de la represión de Lukashenka.
El mecanismo Media Freedom Rapid Response (MFRR) publicó un podcast con Natalia Radzina, editora jefe del sitio web de noticias Charter’97, en el que analiza la situación actual del periodismo en Bielorrusia y ofrece una historia concisa de cómo Lukashenka extendió su control sobre el espacio de información.
Freedom House publicó una entrevista al defensor de los derechos humanos y ex preso político Leanid Sudalenka, en la que este pidió que gobiernos y actores no gubernamentales ejercieran una presión conjunta sobre Lukashenka en nombre de los encarcelados.
“La defensa de los presos políticos es crucial. Mi experiencia me ha enseñado que debemos insistir incesantemente para que el mundo no se olvide de quiénes están detenidos arbitrariamente. Agradezco ser libre y me he dedicado a [la causa de] mis hermanos y hermanas encarcelados”. – Leanid Sudalenka
Index on Censorship publicó un artículo de la líder de la oposición exiliada Sviatlana Tsikhanouskaya en el que, “en calidad de esposa de un preso político”, insta al público a seguir escribiendo a quienes han sido encarcelados injustamente por las autoridades bielorrusas.
“La última vez que vi a mi marido Siarhei Tsikhanouski en persona fue en mayo de 2020. La última vez que hablé con él fue en octubre de 2020, cuando, por alguna razón inexplicable, Lukashenka permitió personalmente que Siarhei me llamara. La última vez que supimos de Siarhei fue el 9 de marzo de 2023. Mi marido se encuentra recluido en régimen de incomunicación. Para mi hijo y mi hija, enviar cartas, postales y dibujos a su padre nos mantenía emocionalmente a flote”. – Sviatlana Tsikhanouskaya
El 16 de agosto, Lukashenka firmó un decreto por el que se indultaba a 30 presos políticos, varios de los cuales padecían enfermedades graves. Al 22 de agosto, por lo menos 19 de los indultados habían sido liberados.
Hacia finales de mes, se anunció que la periodista encarcelada Larysa Shchyrakova era una de las ganadoras de los Free Media Awards 2024. En 2023, fue condenada a tres años y medio de prisión por cargos dudosos de “promover actividades extremistas” y “desprestigiar a Bielorrusia”.
Rusia: liberaciones de prisioneros celebradas y otras no deseadas
En agosto, los presos políticos también ocuparon un lugar destacado en las noticias de Rusia, ya que las autoridades rusas liberaron a 16 personas en un intercambio de prisioneros con países occidentales.
Entre los liberados se encuentran: los periodistas Evan Gershkovich y Alsu Kurmasheva; los políticos de oposición Vladimir Kara-Murza e Ilya Yashin; el cofundador de la proscripta organización rusa de derechos humanos Memorial, Oleg Orlov; y la artista Sasha Skochilenko.
Todos ellos cumplían duras penas de prisión por protestar contra la invasión rusa de Ucrania o por informar sobre ella. Distintos miembros de IFEX habían impulsado campañas por su liberación. Según el grupo ruso de derechos humanos OVD-Info, se han abierto más de 1.000 causas penales contra personas que han criticado la guerra en curso.
En agosto, también fue liberado Temirlan Eskerkhanov, uno de los hombres condenados por asesinar al líder de la oposición y activista anticorrupción Boris Nemtsov en 2015. Eskerkhanov se benefició de una liberación anticipada a cambio de aceptar combatir en Ucrania, aprovechando el mismo sistema de reclutamiento de prisioneros para el ejército ruso que en 2023 permitió recuperar la libertad a Sergei Khadzhikurbanov (condenado en 2014 por asesinar a la periodista Anna Politkavskaya). En una oscura burla del destino, Nemtsov estaba organizando una campaña contra la intervención militar rusa en Ucrania cuando fue asesinado.
En agosto, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) publicó un resumen de gran utilidad sobre las formas en que las autoridades rusas han estado tratando de silenciar las críticas a la guerra desde febrero de 2022, incluido criminalizando las noticias “falsas” sobre el ejército, ampliando las definiciones de “agente extranjero” y de “indeseables”, revocando licencias de medios de comunicación y bloqueando sitios web. Según el CPJ, desde el inicio de la invasión en 2022, se ha tildado de “agente extranjero” a 268 periodistas y medios de comunicación, se ha calificado de “indeseable” a 20 medios de comunicación (lo que en los hechos implica prohibirlos) y se ha bloqueado 18.500 sitios web por su contenido sobre la guerra.
Un informe reciente de Reporteros Sin Fronteras (RSF) también analiza de cerca cómo las calificaciones de “agente extranjero” e “indeseable” han afectado a los medios independientes en Rusia. De las 810 organizaciones catalogadas como “agentes extranjeros” por el Ministerio de Justicia ruso, más de un tercio son medios de comunicación, lo que demuestra, como señala RSF, que el periodismo es uno de los “objetivos principales” de esta legislación.
Human Rights Watch (HRW, por sus siglas en inglés) también publicó un informe sobre Rusia en agosto. Bajo el título de “El campo minado legislativo de Rusia: trampas para la sociedad civil desde 2020”, el informe se centra en la serie de leyes y políticas represivas adoptadas por el gobierno de Vladimir Putin desde 2020, y cómo se han utilizado para sofocar la disidencia e incapacitar a la sociedad civil.
En breve
IFEX se unió a un grupo de 60 organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de prensa para pedir a la Unión Europea (UE) que tome medidas respecto al asesinato masivo de periodistas palestinos por parte de Israel. En una carta abierta, los grupos destacan los más de 100 periodistas asesinados en Gaza, el número récord de periodistas palestinos detenidos arbitrariamente por Israel, las graves acusaciones de tortura y el ataque generalizado de Israel contra la libertad de prensa. La carta pide a los líderes de la UE que presionen a Israel para que adopte varias medidas (véase la carta) para proteger la libertad de prensa. También pide “que se suspenda el Acuerdo de Asociación entre Israel y la UE debido a la violación de [Israel] del derecho internacional penal y de los derechos humanos y que se apliquen sanciones específicas contra oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel y otros responsables”.
Cada mes que pasa trae más evidencias de la dimensión draconiana que ha adquirido la represión de las voces propalestinas en Europa en los últimos 11 meses. Este mes en Alemania, un tribunal de Berlín sentenció a la ciudadana germano-iraní Ava Moayeri por apología del delito al haber coreado la consigna “Desde el río hasta el mar, Palestina será libre” en una manifestación pocos días después del ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023. Fue condenada al pago de una multa de 600 euros.
En el Reino Unido, tras una investigación que llevó varios meses, la Fiscalía de la Corona finalmente retiró la causa contra la profesora de relaciones internacionales Dra. Amira Abdelhamid. El año pasado, luego de una serie de publicaciones en X relacionadas con el ataque del 7 de octubre a Israel, su empleador, la Universidad de Portsmouth, la suspendió y denunció al programa Prevent que el Reino Unido ejecuta en el marco de su estrategia antiterrorista. Posteriormente, agentes antiterroristas allanaron la casa de Abdelhamid, donde la arrestaron y confiscaron sus efectos personales, incluidos computadora portátil, teléfono, lector electrónico Kindle y un cartel de protesta con “Palestina” escrito en árabe.
Los miembros del mecanismo de Respuesta Rápida a la Libertad de Medios (MFRR, por sus siglas en inglés) pidieron a las autoridades de Georgia que liberaran al periodista azerbaiyano Afgan Sadygov y que no lo extraditaran a Azerbaiyán. Sadygov se mudó a Georgia hace siete meses para escapar de la persecución de las autoridades de su propio país, donde había sido arrestado varias veces por diversos cargos dudosos. Detenido en Tbilisi en respuesta a un pedido de extradición de las autoridades azerbaiyanas, el 5 de agosto Sadygov fue condenado a dos meses de detención previa a la extradición.
HRW dijo este mes que los responsables de una serie de ataques brutales contra críticos del gobierno en Georgia deben ser juzgados. Muchos de las víctimas se habían pronunciado en contra de la recientemente adoptada (y ampliamente protestada) ley sobre “agentes extranjeros”, y no se ha arrestado a nadie en conexión con los ataques. “Si la práctica de acoso e intimidación de activistas, medios independientes y críticos del gobierno queda impune, se corre el riesgo de envalentonar a actores malintencionados para que agudicen la violencia en los meses previos a las próximas elecciones en Georgia”, declaró HRW.
RSF ofreció este mes un resumen de lo que han sido los diez años de la presidencia de Recep Tayyip Erdoğan y su impacto negativo en la libertad de prensa en Turquía. Según RSF, en este último decenio 5 periodistas fueron asesinados, 131 encarcelados, 77 condenados por “insultar al presidente”, cientos procesados por su trabajo y el 85 % de los medios nacionales están controlados por el gobierno.
Junto a otros grupos de defensa de la libertad de expresión, IFEX condenó el fallo de un tribunal de apelaciones de Turquía que confirmó la condena de 20 meses de prisión que recibió el periodista Bülent Mumay en 2023. Mumay fue sentenciado por publicaciones en las redes sociales sobre una empresa de construcción presuntamente vinculada al gobierno. También se dictaron órdenes judiciales para bloquear el acceso a sus publicaciones. En la audiencia de apelación, el tribunal dispuso la prohibición de informar sobre la ratificación de la sentencia de prisión de Mumay.
En agosto, el presidente de Bulgaria Rumen Radev promulgó una ley anti “propaganda” LGBTQI+ al estilo ruso. La nueva legislación prohíbe que se dicte en las escuelas cualquier tipo de programa educativo sobre “orientación sexual no tradicional”, que califica de “propaganda”. El Consejo de Europa y grupos de la sociedad civil habían pedido al presidente Radev que vetara la ley. Más de 700 académicos búlgaros advirtieron al presidente que la ley “normalizaría” los ataques políticos contra las personas LGBTQI+.
Index on Censorship realizó recientemente una investigación sobre la censura en las bibliotecas de centros educativos del Reino Unido en la que concluyó que al 53 % de los bibliotecarios encuestados se les había pedido que retiraran libros de sus colecciones debido a su contenido. La mayoría de las solicitudes provinieron de padres y los libros en cuestión tendían a contener elementos LGBTQI+ (por ejemplo, un personaje o tema LGBTQI+). De los bibliotecarios a quienes se les pidió que retiraran libros, más de la mitad accedieron al pedido. En el caso de un bibliotecario, la dirección de su centro educativo le ordenó que retirara todos los libros con contenido LGBTQI+ luego de recibir una única queja. “Lo que es aún más preocupante”, escribe Katie Dancey-Downs de Index on Censorship, “es que parece haber mucha autocensura: los bibliotecarios no ofrecen determinados libros por miedo a tener problemas con los padres y el personal superior de las escuelas religiosas”.