(CENCOS/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de CENCOS, con fecha del 31 de julio de 2007: Autocensura, «buena estrategia» de protección para medios, justifica Medina Mora México D.F., 31 de julio de 2007 – Ante la falta de garantías del Estado para ejercer el periodismo, el titular de la Procuraduría General […]
(CENCOS/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de CENCOS, con fecha del 31 de julio de 2007:
Autocensura, «buena estrategia» de protección para medios, justifica Medina Mora
México D.F., 31 de julio de 2007 – Ante la falta de garantías del Estado para ejercer el periodismo, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, considera como «buena estrategia» que los profesionales de la información que trabajen investigaciones relacionadas con el crimen organizado no firmen sus notas, para protegerse frente a una posible agresión.
Ante este hecho tan lamentable, el procurador olvida las obligaciones constitucionales que tiene el Poder Judicial con la sociedad para garantizar el respeto a la libre expresión y el derecho a informar y ser informado.
Rebasado por el crimen organizado en materia de seguridad, el Estado mexicano justifica los mecanismos de autodefensa que medios de comunicación se han visto obligados a implementar en su línea editorial para proteger a sus periodistas.
En Sonora, el diario «Cambio» de la Organización Editorial Mexicana, decidió cerrar sus puertas temporalmente ante los atentados que sufrieron sus instalaciones con granadas de fragmentación.
Otros medios que han recurrido a la autocensura, al modificar su línea editorial en prejuicio de su audiencia, son los diarios «El Norte» y «Milenio» que decidieron que los reporteros que cubren información relacionada con el narcotráfico no firmen sus notas, y acordaron que no se profundice en las investigaciones de hechos violentos concretándose a los hechos y la versión oficial, siguiendo la línea que tomaron «El Imparcial» de Hermosillo, «El Mañana» de Nuevo Laredo, así como Televisa Monterrey.
Asimismo, el semanario «Proceso» emitió un aviso a los lectores en su número 1583 del 4 de marzo en el que sostiene:
«Los cárteles del narcotráfico continúan imponiendo su ley – la ley de la sangre – en prácticamente todo el territorio nacional, por encima de las optimistas proclamas oficiales sobre los éxitos de los operativos conjuntos policíaco-militares que emprendió el actual gobierno.
«Dadas esas circunstancias, ‘Proceso’ asume a partir de este número la política de proteger a sus reporteros y corresponsales presentando ?de manera excepcional ciertas notas y reportajes relacionados con el narcotráfico sin su firma. Del contenido de esos trabajos, de su veracidad, se hace responsable institucionalmente nuestra casa editorial».
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos revela en un informe que en los últimos seis años 33 periodistas mexicanos han sido asesinados y seis se encuentran desaparecidos, presuntamente por denunciar actos del narcotráfico.
Al respecto, lo único que ofrece el titular de la PGR es que en breve se reforzará la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, «ya que la denuncia es fundamental en las labores contra el crimen».
En el marco del derecho internacional que protege y promueve los derechos humanos, el Ejecutivo esta obligado a ejercer acciones de vigilancia de dichas garantías fundamentales, además de que el Estado Mexicano ha sido signante de diversos instrumentos de protección internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) desde 1981, aceptando la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1998.
Al ratificar dichos mecanismos hemisféricos, asume la obligación de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos (CIDH, Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988. Cit., párrafo 166 cita parcial).
Entre los derechos humanos incluidos en la CADH se encuentra el Artículo 13 que refiere a la Libertad de Expresión que en su primer párrafo versa: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.»
Citando el Art. 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos «Las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la Republica, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglaran a dicha Constitución, Leyes y Tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o Leyes de los Estados.»
Por lo que el Estado Mexicano y los organismos correspondientes, y en especial la Procuraduría General de la República, de la cual emana la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra de Periodistas, tienen la obligación de prevenir y sancionar las violaciones contra la libertad de expresión, periodistas y comunicadores.
Para el Centro Nacional de Comunicación Social AC como parte de la sociedad civil a favor de la protección y garantía a la libertad de expresión, es lamentable que se den estas declaraciones, por lo que exigimos a las autoridades acciones concretas que permitan ejercer este derecho en nuestro país, y no sólo el reconocimiento de funcionarios a la labor periodística y sus mecanismos de autodefensa.
