Mayo de 2022 en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por la editora regional de IFEX, Laura Vidal, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
En mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa y organizaciones de la región lo conmemoraron difundiendo las últimas novedades en materia de libertad de expresión, muchas de ellas preocupantes para países que hasta hace poco habían logrado mantener condiciones relativamente seguras para los periodistas y la libertad de prensa. Por otra parte, en Nicaragua y Venezuela se promueven proyectos de ley y enmiendas que resultan alarmantes, mientras en México la violencia generalizada parece estar fuera de control, cobrándose más y más víctimas.
¿Retrocesos?
Sabemos que un espacio cívico sólido depende enormemente del derecho a la libertad de expresión e información y viceversa. En los últimos meses, la región de las Américas ha debido lidiar con inestabilidad, incluso en países como Bolivia, Perú y Uruguay, que no suelen figurar en los informes más alarmantes de amenazas contra estos derechos. Aunque los contextos sin duda difieren según el caso, si consideramos las crisis políticas que siguieron a tensos cambios de gobierno y creciente malestar social podemos distinguir ciertas similitudes.
En Bolivia el estancamiento político que caracterizó la salida de Evo Morales de la presidencia en 2019 dejó profundamente dividido a un país ya polarizado, afectando el clima en el que trabajan los periodistas bolivianos. En 2021, el mismo año en que la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP Bolivia), miembro de IFEX, denunció 38 agresiones contra trabajadores de los medios en el país, el secuestro de cinco periodistas conmocionó al público y ayudó a impulsar la creación de un mecanismo para proteger a la prensa. Dicho mecanismo, sin embargo, sigue en etapa de discusión y es muy poco lo que ha trascendido sobre lo que implicaría.
Como informamos en nuestro resumen de noticias de marzo, en Perú siguen aumentando los hechos alarmantes producidos en el marco de crecientes tensiones políticas y una retórica gubernamental que parece empeñada en caracterizar a los periodistas como adversarios. En este contexto, la aplicación de “medidas de seguridad” por parte de las fuerzas del orden bloquean el acceso de los periodistas, impidiéndoles cubrir actos públicos en los que participan representantes del gobierno o ingresar a edificios públicos, como el Palacio Legislativo. Incluso se impidió a los periodistas cubrir la visita del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, que visitó el país en mayo como parte de los esfuerzos por frenar la violencia y el hostigamiento crecientes contra trabajadores de los medios.
Por su parte, Uruguay está asistiendo a una tendencia preocupante, según informa el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo), miembro uruguayo de IFEX, que registró un total de 69 hechos de limitación de la libertad de expresión de periodistas ocurridos en el último año. Comparativamente, Uruguay sigue estando en una situación privilegiada, pero el notable aumento de procesos penales o civiles contra periodistas no deja de ser alarmante, así como el incremento en las restricciones al acceso a información pública. También es importante tener en cuenta que estos hechos acompañan la entrada en vigor de una controvertida ley que muchos temen se traducirá en una mayor pérdida de libertades relacionadas con el espacio cívico y el acceso a información pública.
Utilizar las leyes como armas
En mayo también se produjeron intensos debates sobre modificaciones de leyes que se prevé que impactarían negativamente en la labor de la prensa y de los defensores de derechos humanos en general.
En Costa Rica, la aprobación de una nueva “ley mordaza” preocupa a juristas, periodistas y defensores de los derechos humanos, quienes ven en algunos de sus incisos un impedimento para la cobertura de casos de corrupción y de sanciones contra funcionarios públicos. La ley fue aprobada por el Congreso, pero fuertes presiones tanto de la prensa como del Colegio de Periodistas de Costa Rica llevaron a que el presidente saliente Carlos Alvarado la vetara parcialmente antes de culminar su mandato. Por el momento parecería que se ha dejado un poco de lado el tema, pero el proyecto de ley podría reflotarse si cuenta con suficientes votos de la legislatura.
Los ataques sistemáticos contra las ONG en Nicaragua continúan e incluso se han intensificado tras la aprobación de una nueva ley que regula y restringe el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro. Es difícil mantenerse al tanto de todos los cierres de organizaciones ordenados por el régimen de Ortega-Murillo: en medios internacionales se da cuenta de 77 clausuras desde que entró en vigor la ley en abril, mientras que el órgano de prensa nicaragüense Confidencial (que sigue funcionando desde el exilio) registró 119 cierres en lo que va del año. Las organizaciones afectadas abarcan varias esferas de trabajo, desde defensa de los derechos humanos, historia e investigación hasta derechos de las mujeres. Se llegó incluso a clausurar la Academia Nicaragüense de la Lengua.
Algo similar está pasando en Venezuela, donde los miembros locales de IFEX Espacio Público e IPYS Venezuela, junto a muchas otras organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, advierten sobre un nuevo proyecto de ley que limita la cooperación internacional y el acceso a fondos del exterior. Un pronunciamiento colectivo firmado por 500 organizaciones explica que con el proyecto de ley “se busca reinterpretar la definición de cooperación internacional hacia intereses ideológicos, políticos y/o económicos del gobierno nacional, dejando por fuera conceptos esenciales como derechos humanos y ayuda humanitaria”.
En Cuba, además de que se sigue encarcelando y condenando con duras penas a manifestantes y artistas, una reciente reforma del Código Penal constituye otro motivo de alarma para grupos de derechos en la isla y en el exterior. La enmienda prohíbe a los ciudadanos cubanos recibir fondos del exterior, medida que podría usarse para limitar el trabajo de periodistas y medios independientes, y en los hechos silenciarlos, ya que no contar con este tipo de apoyo les impediría llevar a cabo su trabajo.
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa y el Día de Internet
Mayo también fue una oportunidad para que muchas organizaciones compartieran los resultados de su trabajo de monitoreo de los derechos de la libertad de expresión. En Argentina, el miembro de IFEX Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) difundió su informe anual, en el que destaca un gran aumento de agresiones contra periodistas. En Uruguay, CAInfo también lanzó su informe, que da cuenta de hechos preocupantes para la libertad de expresión en ese país.
Redes de la región festejaron el Día Internacional de Internet, celebrando y promoviendo debates sobre legislación relacionada con el uso de tecnología en contextos judiciales o sobre la moderación de contenidos desde la perspectiva de la región. También fue una oportunidad para llamar la atención nuevamente sobre las pésimas condiciones que afectan el acceso de los venezolanos a información en línea, tanto la forma en que acceden a esa información como si efectivamente pueden acceder a ella.
No se avizora un fin a la violencia contra periodistas en México
El año 2022 ya se perfilaba como un año extraordinario en México con el asesinato de cinco periodistas en enero, lo que había desatado protestas y críticas internacionales contra el gobierno mexicano. Pero esa indignación no estaría teniendo ningún impacto en una situación que parece estar fuera de control, pues el Presidente López Obrador sigue proyectando una imagen negativa de la prensa y rechazando todo tipo de crítica al respecto.
Según la periodista mexicana Amigzaday López Beltrán, la tragedia se da en tres frentes: “las empresas periodísticas que mantienen a los comunicadores en condiciones casi de servidumbre; el poder político, que los amenaza ante las críticas; y el crimen organizado, que, en alianza en muchas ocasiones con el poder político, los ataca sabiendo de que goza de una impunidad vergonzosa y rampante”. El quinto aniversario del asesinato del reportero Javier Valdés fue un dramático recordatorio de esa impunidad. Desde hace ya tiempo que expertos y organismos internacionales describen y señalan a este contexto como problemático. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha alertado sobre esta situación reiteradas veces en los últimos diez años. Para abordar el problema se han creado mecanismos especiales a nivel federal y estatal, pero estos han resultado ineficaces. Sobre uno de ellos, por ejemplo, se ha dicho que “carece de suficiente personal y financiamiento y que es incapaz de responder rápidamente con las medidas adecuadas”. Entre 2011 y 2020, fueron asesinados por lo menos nueve periodistas incorporados a este esquema de protección, entre ellos Luis Enrique Ramírez, asesinado este mes en Culiacán.
Ramírez no fue el único caso registrado en mayo. En Veracruz fueron acribilladas las periodistas Yessenia Mollinedo y Johana García. Pero sus casos revelan otra tendencia: la criminalización de los periodistas para justificar que fueron asesinados. Esto, según López Beltrán, es un intento del Estado de desligarse de su responsabilidad de garantizar la seguridad de los periodistas. El miembro de IFEX Article19 México destacó esta actitud del Estado mexicano en su informe anual titulado Negación.
En breve
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas eligió a tres expertos para dirigir la investigación de violaciones de los derechos humanos cometidas en Nicaragua desde el inicio de su crisis en 2018. Dicha elección fue vista con buenos ojos por organizaciones de derechos humanos de la región y marca un avance tras la creación del mecanismo especial en marzo de este año.
En Chile, la periodista Francisca Sandoval murió a causa de un disparo en la cabeza que recibió mientras cubría una manifestación del 1° de mayo, donde hombres armados abrieron fuego contra la multitud. Otros dos periodistas resultaron heridos. El caso está llamando la atención sobre el creciente peligro que enfrentan los periodistas chilenos en el ejercicio de su labor.
La violencia pandillera en Haití sigue cobrándose vidas y agravando la inestabilidad. En lo que va del año, tres periodistas han sido asesinados y muchos más han sido tomados como rehenes en los enfrentamientos. La Asociación de Periodistas Haitianos reclama medidas concretas para proteger a la prensa, medidas que no se queden en declaraciones de apoyo en las redes sociales.
