Septiembre de 2024 en Europa y Asia Central: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en informes de miembros de IFEX y artículos periodísticos de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Se multiplican las leyes de “agentes extranjeros” en la región; Georgia adopta legislación anti-LGBTQI+; Rumania da un paso importante en la batalla contra la impunidad; amenazas de muerte contra un periodista en Turquía; nueva campaña anti-SLAPP en el Reino Unido; y lo que está en juego para los derechos humanos en la COP29.
Legislar para sofocar el espacio cívico
En un artículo publicado en septiembre, Iskra Kirova de Human Rights Watch (HRW) brinda un resumen útil de las formas en que los gobiernos autoritarios han utilizado las llamadas leyes sobre “agentes extranjeros” para socavar a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y reprimir el espacio cívico.
Las leyes sobre “agentes extranjeros” se emplean generalmente para atacar a grupos que reciben financiamiento del extranjero y participan en lo que se define muy ampliamente como “actividades políticas”. Dicha legislación impone restricciones al accionar de estos grupos, los expone a la interferencia de las autoridades y, al etiquetarlos como “agentes extranjeros”, sugiere que están trabajando para promover los intereses de una potencia extranjera. Los blancos de estas leyes suelen ser defensores de los derechos humanos o medios de comunicación independientes cuya labor cuestiona las políticas de los gobiernos autoritarios.
El arquetipo de la ley de “agentes extranjeros” proviene de Rusia, donde se aprobó este tipo de norma por primera vez en 2012, y desde entonces ha sido ampliada en el marco de la implacable represión gubernamental de la sociedad civil y las voces independientes. Actualmente, la lista rusa de “agentes extranjeros” se compone de más de 700 entidades y la calificación se ha utilizado para acosar, procesar y encarcelar a periodistas (un ejemplo destacado es el periodista de RFE/RL Alsu Kurmasheva, recientemente liberado). El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) informa que tan solo en agosto y septiembre al menos otros cinco medios tildados de “agentes extranjeros” fueron blanco de las autoridades.
Como señala Kirova, otros gobiernos autoritarios han seguido el mal ejemplo de Rusia, algunos de ellos introduciendo con éxito sus propias versiones de la ley de “agentes extranjeros”. En abril de 2024, el Presidente Sadyr Japarov promulgó la ley de “representantes extranjeros” de Kirguistán; al mes siguiente, el parlamento de Georgia aprobó su propia legislación sobre “agentes extranjeros”. Sin embargo, el gobierno de la República Srpska (entidad liderada por los serbios de Bosnia y Herzegovina), que había publicado un proyecto de ley sobre “agentes extranjeros” en abril, anunció a finales de mayo que retiraba el proyecto, a raíz de presiones de la Unión Europea (UE).
Pero no son solo los gobiernos autoritarios los que están adoptando este tipo de legislación. ARTICLE 19 pidió recientemente a la UE que retirara una propuesta de Directiva sobre servicios de representación de intereses en nombre de terceros países. Si bien reconoce que “la Directiva no alcanza el nivel de las sanciones y restricciones impuestas por la legislación rusa”, ARTICLE 19 sostiene que “podría afectar gravemente los derechos a la libertad de asociación y a la libertad de expresión y restringir el espacio cívico”. En su redacción actual, el texto de la Directiva exige el registro de toda OSC de los países de la UE que reciba financiación de un país extranjero y preste servicios de “representación de los intereses” de ese país; también estarían obligadas a informar a las autoridades sobre su financiación y actividades, bajo pena de sanciones.
Leyes que consagran la homofobia
Los gobiernos autoritarios que introducen legislación sobre “agentes extranjeros” a menudo también buscan adoptar leyes que atacan específicamente a personas y grupos LGBTQI+. Este tipo de normas, que se suelen conocer con el nombre de leyes de “propaganda gay”, prohíben la “promoción” de relaciones “no tradicionales” en diversos foros públicos, lo que restringe gravemente los derechos a la libertad de expresión y de reunión. Una vez más, Rusia es la precursora.
En septiembre, Georgia adoptó un paquete legislativo homofóbico presentado por el partido gobernante, Sueño Georgiano, que prohíbe la “propaganda LGBT”, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el tratamiento médico de afirmación de género. Como ocurrió con la legislación sobre “agentes extranjeros” de Georgia, se prevé que la presidenta Salome Zourabichvili vetará la ley antes de que entre en vigor y que los parlamentarios progubernamentales anularán su veto.
Un amplio grupo de OSC georgianas ha condenado esta “legislación del odio”, que, según destacan, introduciría censura y restringiría el derecho a la libertad de reunión y de protesta.
Georgia celebrará elecciones parlamentarias el 26 de octubre de 2024 y en la campaña el partido Sueño Georgiano ha estado impulsando una guerra cultural homofóbica.
El día después de que los parlamentarios aprobaran la legislación anti-LGBTQI+, una conocida modelo y presentadora de televisión trans, Kesaria Abramidze, fue asesinada en Tiflis. Según lo trascendido, el Ministerio del Interior afirmó que estaba investigando un “asesinato premeditado por razones de género cometido con especial crueldad y circunstancias agravantes”. Hay un sospechoso detenido y, aunque aún se desconoce el motivo del asesinato, varios activistas han destacado que el crimen se cometió en un clima de homofobia y transfobia alentado por el gobierno.
Gran avance para la seguridad de los periodistas y para la justicia
En Rumania en septiembre se dio un paso importante en la batalla contra la impunidad.
Un tribunal ordenó reabrir una causa por acciones coordinadas de difamación contra la periodista de investigación Emilia Șercan. La campaña de difamación, que ya lleva dos años e incluyó la filtración de fotos privadas y su publicación en redes sociales, comenzó después de que ella expusiera el plagio cometido por varios políticos de alto rango.
La investigación inicial, que se cerró sin procesamientos en noviembre de 2023, fue criticada por miembros de IFEX y por otros grupos defensores de la libertad de expresión por errores y demoras innecesarias. También se sospechaba que agentes de policía podrían haber estado involucrados en la campaña contra Șercan.
Un elemento importante de la decisión judicial es que los jueces que ordenaron reabrir la investigación asociaron los ataques contra Șercan a su labor periodística de interés público y alertaron sobre una posible complicidad policial en la filtración de sus fotografías privadas.
Varios miembros de IFEX y medios de comunicación locales han escrito a las autoridades rumanas solicitando una “investigación exhaustiva e independiente”.
Detención en régimen de incomunicación y limbo legal
En Bielorrusia, en septiembre se cumplieron cuatro años desde el encarcelamiento de la líder de la oposición Maryia Kalesnikava. Fue condenada a 11 años de prisión por cargos inventados de “extremismo” y de poner en riesgo la seguridad nacional, basados únicamente en su activismo político. En 2022, la KGB puso a Kalesnikava en su lista de “terroristas” y desde hace casi dos años ha estado recluida en régimen de incomunicación. Se teme por su salud tras una cirugía abdominal realizada en 2022. Según los informes, ha perdido mucho peso y se le ha denegado acceso a una dieta adecuada para su estado. En mayo, el grupo bielorruso de derechos humanos Viasna destacó la difícil situación de los presos políticos con problemas de salud. En los últimos tres años, seis presos murieron tras las rejas debido a una atención médica inadecuada y se ha determinado que otros 254 presos con problemas de salud corren riesgo de vida.
El cineasta bielorruso Andrei Hniot permanece bajo arresto domiciliario y en un limbo legal después de que un tribunal de apelaciones de Serbia anunciara este mes que había enviado su caso de extradición al Tribunal Superior de Belgrado para una tercera revisión. Bielorrusia solicitó a Serbia la extradición de Hniot por cargos dudosos de evasión fiscal. El cineasta participó en la producción de videos para la Asociación Libre de Atletas SOS-BY, una organización de deportistas que participó en las protestas de 2020 contra el presidente Alexander Lukashenka y que fue posteriormente calificada como grupo “extremista” por las autoridades bielorrusas.
Este mes, el premio Nobel de la Paz y presidente de Viasna, Ales Bialiatski, celebró otro cumpleaños tras las rejas. El defensor de los derechos humanos fue condenado a diez años de prisión por cargos falsos relacionados con su trabajo. Para conmemorar su cumpleaños, activistas de los derechos humanos organizaron manifestaciones de solidaridad en Bélgica, la República Checa, Lituania y Polonia, exhortando a las autoridades bielorrusas a que liberaran a Bialiatski y a todos los presos políticos en Bielorrusia. En 2023, Bielorrusia agregó a Bialiatski a su lista de “extremistas”.
En breve
En anticipación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), que tendrá lugar en Azerbaiyán en noviembre, miembros de IFEX, organizaciones de derechos humanos y grupos ambientalistas emitieron una declaración pública destacando la terrible situación de la sociedad civil en Azerbaiyán y planteando “graves preocupaciones” sobre la posibilidad de las OSC y de los activistas ambientales de participar de forma libre y segura en la conferencia. La declaración resalta el hecho de que cientos de personas están tras las rejas por razones políticas y que entre esos prisioneros se encuentran periodistas y activistas por la justicia climática. Los firmantes exhortan a Azerbaiyán a liberar a todos los presos políticos. También piden a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y a los Estados miembros que “garanticen que el gobierno de Azerbaiyán no inhiba a personas y grupos críticos del gobierno de participar en la conferencia y que el gobierno anfitrión respete los derechos de todos los participantes de hablar libremente y reunirse pacíficamente dentro y fuera del lugar de la conferencia”. HRW proporciona un documento útil con una serie de preguntas y respuestas sobre las cuestiones de derechos humanos que están en juego en la COP29.
En los primeros seis meses de 2024 se produjeron 756 violaciones de la libertad de prensa en la región, según un nuevo informe del mecanismo de Respuesta Rápida a la Libertad de Medios (MFRR, por sus siglas en inglés). Estas violaciones (474 de las cuales se registraron en la UE y el resto en países candidatos a integrarla) afectaron a 1.212 personas o entidades relacionadas con los medios de comunicación. De los 756 incidentes, 100 fueron agresiones físicas, 143 fueron cometidos por funcionarios gubernamentales y públicos y el 24,6% tuvo lugar en línea (que fue el espacio en el que se produjeron más violaciones).
Miembros de IFEX y grupos de defensa de la libertad de expresión pidieron a las autoridades de Turquía que investigaran a fondo una campaña de amenazas contra el periodista Murat Ağırel y su familia y que les brinden protección. La persecución, que lleva un año, está relacionada con el trabajo del periodista, que investiga el lavado de dinero, la evasión fiscal y acusaciones de partidos de fútbol arreglados. Ha incluido vigilancia, amenazas de muerte y amenazas de violación dirigidas a su esposa y a otras mujeres de su familia. A principios de septiembre, Ağırel recibió un video en el que un enmascarado le advertía que se había contratado un sicario para matarlo.
En septiembre, la Coalición Anti-SLAPP del Reino Unido, que combate las demandas judiciales estratégicas contra la participación pública, lanzó una nueva campaña en respuesta a la continua demora del parlamento en establecer protecciones anti-SLAPP. Para iniciar la campaña, la Coalición envió cartas falsas, estilo SLAPP, a cada parlamentario, utilizando lenguaje tomado de cartas jurídicas reales que se han enviado a organismos de control público en el Reino Unido. Según Índice de la Censura, el objetivo de las cartas “es mostrarles a los parlamentarios cómo los organismos de control público están siendo blanco indebido de amenazas legales y demostrar lo agresivas que son esas cartas. Las amenazas legales rara vez se ven en público, ya que a menudo se intimida a quien es objeto de ellas para que guarde silencio”.