(SPP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa del SPP con fecha del 3 de mayo de 2006: Informe del SPP en el Día Mundial de la Libertad de Prensa Entre la mafia, las presiones patronales y el terrorismo de Estado El Día Mundial de la Libertad de Prensa encuentra a nuestro país […]
(SPP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa del SPP con fecha del 3 de mayo de 2006:
Informe del SPP en el Día Mundial de la Libertad de Prensa
Entre la mafia, las presiones patronales y el terrorismo de Estado
El Día Mundial de la Libertad de Prensa encuentra a nuestro país con un deterioro general de las condiciones laborales del trabajo periodístico y con los riesgos permanentes aún para la vida, en vastas regiones dominadas por la mafia.
La relación entre la mafia y los organismos públicos (policías, fiscalías, concejalías, diputaciones, justicia etc.), ha provocado en 15 años en nuestro sector, cuatro muertes (Santiago Leguizamón, 1991; Calixto Mendoza, 1997; Salvador Medina, 2000; Samuel Román, 2004) y un desaparecido: el radialista Enrique Galeano.
Atentados, amenazas y distintos tipos y niveles de hostigamientos, presiones comerciales y estatales, cercan el trabajo periodístico.
El Estado es cómplice en el deterioro laboral al no promover demandas por la retención del aporte del seguro social y verificar las horas y las condiciones de trabajo como así también de marginar, a través de CONATEL, la expresión al mínimo, del espectro radioeléctrico a las radios denominadas comunitarias o alternativas.
Un Estado altamente prebendario y con alas mafiosas muy evidentes, intenta también controlar a los medios a través de la publicidad de sus entidades binacionales, utilizadas para acallar muchas veces denuncias de corrupción en estos organismos al servicio, no del país sino de los que se alzan, por décadas, con el patrimonio público.
La libertad de prensa padece igualmente una alta concentración, con tecnologías cada vez más inaccesibles para los trabajadores y sus organismos, provocando un dominio casi absoluto de las grandes corporaciones, los holding de empresas, que mezclan medios con supermercados, servicios celulares, importaciones o triangulaciones.
Estos intereses en torno de la comunicación modelan la emisión informativa y la estética de comunicación, reduciendo al mínimo la pluralidad tan necesaria, e imponiendo el hermoso oficio periodístico a su más baja expresión.
Este peligroso cerco y la baja o irregular paga o el temor al despido, producen en muchos de los trabajadores alta frustración vocacional y los ubica vulnerables ante un peligroso escenario de corrupción, entendida la corrupción no solo en su relación con poderes del Estado, sino que también con las patronales y los intereses comerciales de éstas.
Un buen porcentaje de nuestros colegas está directamente obligado a conseguir publicidad para mantener su labor de informar. Esta situación está altamente arraigada en el interior del país, donde las radios por ejemplo, están controladas en un 90% por operadores del partido de gobierno, con sus distintas facciones.
Desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay nos comprometemos a darle fin a la realidad que oprime a quienes tienen la importante tarea de procesar y mostrar la realidad y a seguir bregando por el Derecho Social a la Información, renovando el compromiso por la libertad de expresión sostenida en la afirmación: «No hay democracia informativa sin democracia económica».
Asunción, 3 de mayo de 2006
Comisión Directiva del SPP
A continuación, el SPP recrea un somero informe sobre los últimos acosos más serios contra el ejercicio periodístico, a más de un recuento de las persecuciones mortales.
Ejercicio periodístico en fuego cruzado
Informe de situación del Sindicato de Periodistas del Paraguay
1.- Enrique Ramón Galeano, periodista de la radio Azotey de Yby Yaú, desaparecido
El compañero Enrique Ramón Galeano, periodista de la radio Azotey, departamento de Concepción, se encuentra desaparecido desde el 4 de febrero pasado. Un mes antes, por amenazas, estaba contando con custodia policial, de acuerdo con los informes recibidos.
Galeano trabajó hasta enero en la Radio Yby Yaú. El trabajador habría colaborado en las investigaciones relativas al narcotráfico en la zona. Enrique, popularmente conocido como ‘Pirulito’, tiene 51 años y cuatro hijos.
Las investigaciones, a pesar de la insistencia de los familiares de Enrique, acompañados por gestiones del SPP y de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), demoraron varias semanas en arrancar efectivamente. En forma llamativa, el propio comisario de Yby Yaú, Osvaldo Núñez, había desechado la denuncia de la señora Bernardina Quintana, esposa de Galeano, a quien, según expresiones de ella, había expulsado de la sede policial de la citada localidad.
El 16 de febrero, el SPP requirió al ministro del Interior, Rogelio Benítez, que profundizara las investigaciones pues no se tenía aún rastro alguno del paradero de Galeano.
Una delegación integrada por representantes de la Codehupy, del SPP, así como el diputado Héctor Lacognata, realizó a principios de marzo una serie de pesquisas, en las que se pudo detectar la existencia de graves incoherencias en el marco de las investigaciones encaradas por el comisario Núñez y por el agente fiscal de Horqueta, Marcial Núñez.
En estas averiguaciones apareció en repetidas ocasiones el nombre de Magdaleno Silva, diputado oficialista del Partido Colorado por el departamento de Concepción, como conocedor del caso relativo a la desaparición del periodista.
La displicencia del Ministerio del Interior adquirió ribetes sospechosos, por lo que nuevamente el SPP solicitó a inicios de marzo efectividad en las investigaciones, petición realizada también al fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla.
A esta altura de las investigaciones, la comunidad de Yby Yaú – como se demostró durante la marcha contra la Impunidad realizada en Horqueta el 24 de marzo y en otra realizada en Yby Yaú -, ha detectado numerosos indicios de que el diputado Silva tiene mucho para informar a la Fiscalía sobre la desaparición del comunicador Galeano. Incluso, en expresiones radiales en Yvy Yaú, el legislador deslizó que Bernardina Quintana ya es viuda.
Felipe Nery Escobar, suboficial de Policía, afirmó que la guardia frente a la casa del colega fue realizada por orden del diputado Silva. La esposa de Galeano informó que en una oportunidad el legislador amenazó de muerte al periodista. Para ella, la situación en estos momentos se torna desesperante, pues denunció estar atemorizada por la falta de seguridad.
Con este escenario no sólo se acrecientan las sospechas sobre la inoperancia del Estado para aclarar este hecho, sino que se abren surcos que conducen hacia la responsabilidad de los propios integrantes del aparato estatal, como el caso del diputado Magdaleno Silva, con la protección del fiscal Marcial Núñez y el comisario Osvaldo Núñez, entre otros.
En medio de la desesperanza, la labor de la agente fiscal Camila Rojas motiva un atisbo de confianza para dilucidar el caso.
2.- Juan Augusto Roa, corresponsal de Abc Color en Encarnación, escapa de la muerte
En la noche del 27 de febrero, Juan Augusto Roa, corresponsal del diario ABC Color en Encarnación, fue víctima de un intento de homicidio. Tras realizar labores en el interior del departamento de Itapúa, el trabajador de prensa volvía a la capital departamental, cuando fue atacado desde una motocicleta ocupada por dos personas. Fueron lanzadas dos balas, una de las cuales pegó en el parabrisas del lado del conductor, en tanto que la segunda rozó el vehículo, sin impactarlo.
Roa estaba realizando averiguaciones acerca de las propiedades de importantes personajes de la región, en el marco de pesquisas sobre tráfico de drogas en Itapúa.
Al igual que en el caso anterior, la maquinaria policial-judicial, tardó en arrancar para investigar el hecho. El comisario Félix Vergara, responsable policial de Encarnación, indicó en entrevista con dirigentes del SPP que no se tenían muchos datos e incluso «no se había especificado aún el sitio exacto del ataque».
Los avances en las investigaciones son prácticamente nulos. Llamativa coincidencia con el proceso de pesquisas de la desaparición de Enrique Galeano. De vuelta, la sombra del narcotráfico apareció en escena.
3.- Hijo de Jefe Policial, amenazante en Ciudad del Este
El oficial ayudante Ever Cantero, hijo del entonces jefe de Policía del Alto Paraná, Juan Cantero, dijo a través de una emisora de Ciudad del Este: «Que no se asombren, especialmente esa gente que me está publicando todos los días, de lo que pueda llegar a pasar en días venideros».
Se lo había vinculado con un delincuente involucrado en un frustrado asalto. La decisión del Ministerio del Interior fue instruir sumario administrativo a Ever Cantero y dejarlo a disposición del Departamento de Recursos Humanos. Posteriormente, en el marco de una serie de rotaciones de altos jefes policiales, Juan Cantero, dejó el cargo en Alto Paraná y fue trasladado a la zona de Salto del Guairá.
No obstante, ninguno de los dos hasta el momento han sido castigados, Ever Cantero por proferir las amenazas que conllevan peligro para la vida de colegas periodistas ni Juan Cantero por permitirlas, siendo el Jefe de Policía de la zona.
4.- Otros hechos recientemente acontecidos
Otro hecho denunciado fue la amenaza que recibió Ramón Zavala, director de la radio Pa’i Pukú, del Chaco Paraguayo, en el que el propio gobernador de Boquerón indicó que se dejaran de emitir críticas contra su gestión.
Semanas atrás, la familia del periodista Omar Jara, corresponsal del Grupo La Nación en Coronel Oviedo, fue amenazada por un operador político debido a informaciones desfavorables a él, que supuestamente publicó el compañero.
Esta seguidilla de acciones atentatorias contra los comunicadores se enmarcan en antecedentes también funestos, relatados a continuación:
La «apertura» y Santiago Leguizamón
El ejercicio de la profesión periodística durante la transición política ha sido flanco de numerosas amenazas, amedrentamientos y aún mutilaciones. Una apertura política restringida a la legitimación de los poderes económicos – altamente mafiosos en algunos casos -, que crecieron al amparo de la dictadura más larga de América Latina, la stronista. Ya en 1991 imprimirá su sino trágico: el asesinato del periodista Santiago Leguizamón, de Pedro Juan Caballero, director, entonces, de Radio Mburucuyá y corresponsal del desaparecido diario Noticias.
Sus ejecutores, al servicio del narcotráfico y éste protegido por los poderes del Estado, advertían la muy baja calidad del proceso de apertura habilitado en 1989, cuando el general Andrés Rodríguez – vinculado como un presunto jefe del negocio de las drogas- expulsaba del poder a su consuegro, Alfredo Stroessner.
La justicia paraguaya terminaría enredando el proceso sin lograr castigo por este delito para ninguno de los acusados, muchos de ellos muertos en ajuste de cuentas o en prisión por otros delitos.
El Telón de fondo y Salvador Medina
La estructura económica consolidada por la dictadura stronista (especulativa, extractiva, importadora, contrabandista, concentradora de tierra y mafiosa), mantiene claramente el poder político que ora procede matando, desapareciendo o procesando a dirigentes sociales, ora ajustando a sus designios la ley y la Constitución, como ocurriera recientemente cuando el presidente Nicanor Duarte Frutos abiertamente violara »por un ratito» la Carta Magna al asumir la titularidad de su partido. Y como ocurre repetidamente, negando el derecho a la vida, al trabajo y a la tierra.
Al amparo de las luchas facciosas, por quedarse con todo o gran parte del poder (expresadas nítidamente en la crisis de cohabitación del Partido Colorado en las luchas mortales simbolizadas entonces por el ex general Lino Oviedo, el ex presidente Juan Carlos Wasmosy y el asesinado ex vicepresidente Luis María Argaña), soportamos un nuevo ajuste mafioso: la muerte del compañero comunicador Salvador Medina, de la radio comunitaria Ñemity, en enero de 2000, en un camino vecinal de Capiibary, departamento de San Pedro, zona de marihuana y tráfico de madera.
Si bien por una fuerte y sostenida campaña establecida por el SPP y otros gremios de la comunicación, se pudo sentenciar al autor material, la autoría intelectual quedó en la vaguedad tan propia de los sistemas de protección y complicidad propiciados por nuestros organismos del Estado.
Terrorismo de Estado
Meses después de la ejecución del compañero Salvador, otro trabajador de radio, el compañero Sever del Puerto, de Radio Cáritas, era objeto de una tremenda persecución policial que le produjera daños sicológicos extraordinarios de los que lentamente se ha ido recuperando, sin que el Estado, presa de los mafiosos, asumiera su responsabilidad.
El compañero estaba investigando el robo de once millones de dólares del aeropuerto Silvio Pettirossi por un comando de corte policial militar al amparo del gobierno emergente de la crisis de marzo de 99, que terminó construyendo brazos parapoliciales y militares para la tortura, la muerte, el secuestro y el saqueo desembozados.
Por allí suenan los nombres de militares como Enrique Sarubbi, Mario Restituto González o Sócrates Ramírez o policiales como Javier Cazal, el subcomisario Antonio Gamarra, el suboficial Shémbori y los ministros del Interior Julio César Fanego, Walter Bower y el de Defensa Nelson Argaña, durante el gobierno presidido por Luis González Macchi.
El país era un festín de borracheras palaciegas, saqueos impunes, magistrados venales, policías asaltantes, políticos ostentosos, en tanto que la desesperación y la confusión eran y son la expresión de un pueblo que no encuentra los modos para deshacerse de sus verdugos.
Mientras esto ocurría y ocurre, en vastas zonas fronterizas con Brasil, Argentina y Bolivia, los narcos, piratas y contrabandistas siguen dominando, auspiciando políticos, diputados, senadores, concejales, y del resto se encarga la estructura prebendaria que tiene como cabeza al Partido Colorado y de aliados a algunos partidos que también se han convertido en oficinas de reparto de cargo y comisiones.
Nuevo poder, nuevos desmanes, ejecuciones y persecución
Con esta misma estructura, en agosto del 2003 asume el poder de la República, el actual presidente, Nicanor Duarte Frutos, que se presenta como ordenador de una casa cada vez más inhabitable, que expulsa a miles de paraguayos del campo y del país hacia Argentina, España, EE.UU.
En ese afán de representar un poder firme, concentra en torno de sí casi todos los poderes de la República, utiliza a las Fuerzas Armadas, en complicidad con gruesos sectores del Parlamento, para reprimir las manifestaciones campesinas y amedrentar a una población sometida por un clima de inseguridad. Y modifica, con un discurso anticorrupción, la composición de la Corte para sujetarla a su proyecto político.
En esto, el 3 de marzo de 2004, otro trabajador de radio de Capitán Bado, asediada también por el narcotráfico, el compañero Samuel Román, era acribillado de 13 balazos en la línea que divide a pasos a esta ciudad con Sapucaia, Brasil.
El país indefenso, nuevos ricos y nuevas formas de saqueo condimentan una situación de inseguridad para el trabajo periodístico y para el desarrollo de una población maniatada por la confusión, atavismos y un populismo manipulador y criminal.
En esos días en que ejecutaban a Román, el periodista Bernardo Vera Roa, de Radio Tavagua, Ciudad del Este, era secuestrado y torturado por personas identificadas como policías que le exigían el paradero de tres dirigentes sociales con órdenes de detención.
Este contexto de tortura y muerte es atizado permanentemente por amenazas telefónicas, agresiones verbales, físicas, coacciones, demandas, extorsiones a periodistas de diferentes medios, tanto convencionales, comunitarias o populares.
El contexto del trabajo periodístico también es cargado por la precarización galopante de las condiciones laborales de los trabajadores, caldo importante de una alta censura mediática de temas que pudieran colisionar con los intereses empresariales.
