(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 12 de mayo de 2004: Preocupan a la SIP acciones contra la libertad de expresión en Brasil y Venezuela Miami (12 de mayo del 2004) – La Sociedad Interamericana (SIP) expresó su preocupación por incidentes contrarios a la libertad […]
(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 12 de mayo de 2004:
Preocupan a la SIP acciones contra la libertad de expresión en Brasil y Venezuela
Miami (12 de mayo del 2004) – La Sociedad Interamericana (SIP) expresó su preocupación por incidentes contrarios a la libertad de expresión en Brasil y Venezuela, donde en el primer país el gobierno canceló la visa a un corresponsal estadounidense, mientras que en el segundo fue allanada la propiedad de un empresario periodístico y una periodista deberá enfrentar un tribunal militar.
El Ministerio de Justicia de Brasil anunció el 11 de mayo la cancelación de la visa al corresponsal del diario estadounidense The New York Times, Larry Rohter, por el contenido de un artículo publicado el 9 de mayo sobre el hábito de consumo de bebidas alcohólicas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Las autoridades brasileñas consideraron que el periodista ofendió el honor del primer ejecutivo y en reprimenda anunciaron la expulsión de Rohter al cancelarle su visa de corresponsal en Brasil.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Rafael Molina, aseveró que «nos parece inapropiada la medida tomada por el gobierno por el contenido de un artículo en el que se habla sobre una figura pública, el presidente del país. Con esta decisión se pone en duda la verdadera existencia de la libertad de expresión en Brasil».
Molina se refirió también a unos de los preceptos contenidos en la Declaración de Chapultepec, decálogo sobre principios de libertad de expresión y de prensa, en el que se consigna que «ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público».
En Venezuela, fue allanada este martes una hacienda cafetalera, propiedad del empresario periodístico Gustavo Cisneros. La acción en la que participaron decenas de efectivos de varias dependencias militares, fue llevada a cabo para presuntamente desarticular una red de apoyo logístico a un grupo de paramilitares detenidos el fin de semana pasado que intentarían desestabilizar el gobierno del presidente Hugo Chávez.
Por otra parte, la periodista Patricia Poleo, editora del diario El Nuevo País, de Caracas, deberá enfrentar el próximo 28 de mayo una audiencia militar. Se le acusa de instigar a la rebelión y ofender a la Fuerza Armada Nacional por difundir en televisión un video en el que mostró la presencia de cubanos en instalaciones militares venezolanas.
Molina, del diario dominicano El Nacional, dijo que estas medidas aparentan acciones de represalia política contra medios y periodistas, a las que el gobierno venezolano no es ajeno.
Recordó que durante su reunión semestral en marzo pasado, la SIP destacó «que en Venezuela, por acción de los poderes públicos, se ha agravado el cuadro de intolerancia política y de violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos, que incluyen atentados y graves amenazas a la vida, a la integridad, a la libertad personal y a la libertad de expresión de la población y, de modo particular, de periodistas y de otros trabajadores de la prensa». También condenó «las políticas de Estado que van restringiendo, progresivamente, la libertad de expresión y de prensa en ese país».
