"Muchos medios independientes paraguayos son organizaciones sin fines de lucro que dependen de los fondos de donantes extranjeros, y esta ley los obligaría a divulgar información y datos sobre personas que trabajan con ellos, lo cual representaría un serio obstáculo para su labor" - CPJ
Este artículo fue publicado originalmente en cpj.org el 17 de octubre de 2024.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) insta al presidente paraguayo Santiago Peña a rechazar una ley que impondría onerosas restricciones a medios noticiosos sin fines de lucro y amenazaría su independencia.
El 9 de octubre, el Congreso paraguayo aprobó un proyecto de ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro” y lo envió al presidente Peña, quien tiene un plazo de dos semanas para promulgarlo o vetarlo.
La propuesta de ley, que fue revisada por el CPJ, ordena a todas las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciban fondos públicos o privados presentar informes financieros semestrales ante el Ministerio de Economía y Finanza. Además, exige a las ONG publicar una lista de las personas y entidades legales con que colaboran. Las organizaciones que incumplan los requisitos pudieran ser cerradas.
“Muchos medios independientes paraguayos son organizaciones sin fines de lucro que dependen de los fondos de donantes extranjeros, y esta ley los obligaría a divulgar información y datos sobre personas que trabajan con ellos, lo cual representaría un serio obstáculo para su labor”, declaró la coordinadora del Programa de Latinoamérica del CPJ, Cristina Zahar. “Pudiera disuadir a los medios noticiosos de criticar al Gobierno o investigar asuntos de interés público”.
En julio, tres relatoras especiales de las Naciones Unidas advirtieron que el proyecto de ley “podría restringir indebidamente los derechos a la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación”.
La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), una red de ONG, envió una carta al presidente Peña, suscrita por 66 organizaciones. En el documento, al cual tuvo acceso el CPJ, le solicitan vetar la propuesta y trabajar con la sociedad civil para formular una nueva.
El proyecto de ley se sometió a debate cuando el Congreso investiga presuntos casos de lavado de dinero para financiar campañas políticas por medio de ONG.
Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas de Paraguay, declaró que la investigación del Congreso, en la cual se publicaron datos personales de los periodistas, formaba parte de una campaña más amplia del Gobierno conservador para acosar a los periodistas y a la sociedad civil. “Fue un intento deliberado de desacreditar su trabajo y el de la sociedad civil”, declaró Ortiz al CPJ.
El CPJ solicitó una declaración a la Presidencia por medio de una aplicación de mensajería, pero no recibió una respuesta de inmediato.