Marzo de 2024 en Europa y Asia Central: un resumen sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en informes de los miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Restricciones al derecho de protesta en el Reino Unido; Kirguistán aprueba proyecto de ley sobre “agentes extranjeros”; el total de grupos de la sociedad civil disueltos en Bielorrusia asciende ahora a más de 1.500; la Unión Europea adoptó la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación; y se llama a informar mejor sobre Israel y los territorios ocupados.
Reino Unido: se restringen las protestas y se amplía la definición de “extremismo”
En el Reino Unido, están previstas elecciones generales para “el segundo semestre” de 2024 en las que se augura que el actual gobierno conservador sufrirá una derrota demoledora; hasta entonces, este parece estar empeñado en ofrecer al electorado poco más que una combinación nefasta de guerra cultural absurda y actitudes autoritarias.
En los últimos meses el gobierno ha desplegado con fuerza ese autoritarismo, en respuesta en parte a las manifestaciones propalestinas que se han multiplicado por todo el Reino Unido luego de que Israel comenzara su bombardeo de Gaza en octubre de 2023.
A finales de febrero, el gobierno publicó el Protocolo Policial de Defensa de la Democracia, que entre otras cosas plantea nuevas restricciones sobre cómo y dónde pueden manifestarse los ciudadanos. Los lugares que el gobierno quiere prohibir a los manifestantes incluyen: el Palacio de Westminster (sede del parlamento); frente a las oficinas de los distritos electorales; los ayuntamientos; y los espacios de celebración de actos políticos. En otras palabras, lugares donde las protestas políticas podrían tener un impacto sustancial.
Apoyado por varios periódicos sensacionalistas de derecha, el gobierno lleva años intentando deslegitimar determinadas protestas pacíficas en el Reino Unido. Más recientemente, términos como “extremista”, “radical” y “turba enardecida” han sido utilizado indiscriminadamente por ministros de gobierno para demonizar públicamente las manifestaciones propalestinas y a favor del cese al fuego.
En marzo, en respuesta a estos intentos de restringir y socavar el derecho a la protesta, ARTICLE 19 suscribió junto a varias organizaciones de la sociedad civil una carta abierta al Primer Ministro Rishi Sunak, en la que exhortaban al gobierno conservador a poner fin a su represión contra la libertad de expresión.
Las organizaciones también manifestaron su honda preocupación ante la definición de “extremismo” recientemente anunciada por el gobierno. En contraste con la definición anterior (2011), que se centraba en los actos de violencia, la nueva versión tiene un enfoque más ideológico y, por lo tanto, mayor alcance. Michael Gove, el influyente ministro de gobierno que presentó la nueva definición (y que hace tiempo exhibe una inquietante fijación con los musulmanes), nombró a un puñado de grupos que serían evaluados en función de ella (además de otros que se sumarán en el futuro): entre ellos dos grupos de odio de extrema derecha. y tres organizaciones de la sociedad civil musulmana. Los grupos categorizados como “extremistas” no podrán acceder a financiación gubernamental ni reunirse con autoridades públicas.
Cobertura periodística británica sobre Gaza: voz pasiva y estadísticas elocuentes
El uso de la voz pasiva por parte de los medios anglófonos, con su consiguiente tendencia a evitar atribuir responsabilidad al perpetrador, resultará familiar para cualquiera que consuma regularmente noticias sobre Israel y los territorios ocupados. Es particularmente notorio en los titulares y los párrafos iniciales (que suele ser lo único que muchos leemos).
Tomemos un ejemplo reciente (de noviembre de 2023): “Los israelíes cumplieron un mes desde que Hamás mató a 1.400 personas y secuestró a 240, iniciando una guerra en la habrían muerto 10.300 palestinos”. Este titular no deja al lector duda alguna sobre quién mató a esas 1.400 personas, pero no da ningún indicio sobre qué fue lo que mató a esos palestinos; también da a entender que la cifra de palestinos asesinados no es precisa.
Si nosotros, como defensores de la libertad de expresión y críticos de la desinformación, queremos que los consumidores de noticias tengan una comprensión equilibrada, más informada y precisa de los hechos cuando leen una nota periodística, debemos tratar el tema de cómo los medios informan sobre Israel y los territorios ocupados.
Un informe reciente del Reino Unido hace precisamente eso. A principios de marzo, el Centro para el Monitoreo de los Medios (un proyecto del Consejo Musulmán de Gran Bretaña) publicó Media Bias Gaza 2023 – 24, un análisis exhaustivo de la cobertura de Israel y Palestina por parte de los medios del Reino Unido en las cuatro semanas posteriores al ataque de Hamas contra los israelíes el 7 de octubre de 2023.
El informe examina más de 176.000 videos de noticias de canales de televisión y más de 25.000 artículos periodísticos en línea procedentes de una amplia gama de medios de comunicación, y presenta los resultados en secciones sobre distintos temas: la forma de enmarcar el conflicto; la representación de las voces palestinas e israelíes; cómo se tratan las afirmaciones no verificadas o la desinformación; y la promoción del racismo y la islamofobia.
Las conclusiones que arroja el informe incluyen estadísticas muy elocuentes, entre ellas las siguientes:
- Entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre, la cobertura televisiva hizo referencia cinco veces más al “derecho de Israel a defenderse” que al derecho de los palestinos a hacer lo mismo conforme al derecho internacional.
- Las voces israelíes tuvieron tres veces más posibilidades de salir al aire que las palestinas.
- Más del 70 % de las instancias en que se utilizaron las palabras “atrocidades”, “matanza” y “masacre” en los informes fue únicamente en referencia a ataques contra israelíes.
- En los medios televisivos, los israelíes fueron caracterizados como víctimas de ataques 11 veces más que los palestinos.
- De 98.500 menciones de “Gaza” en la televisión, la frase “Gaza ocupada” se utilizó solo 28 veces.
El informe también cita varios ejemplos impactantes de periodistas de televisión que no cuestionaron el uso por parte de destacados portavoces israelíes de lenguaje racista y deshumanizante para describir a los palestinos y habitantes de Gaza (por ejemplo, refiriéndose a ellos como “inhumanos” o “animales bárbaros”), y muchos casos en los que no se corrigió a representantes del gobierno israelí cuando estos tergiversaron hechos históricos o hicieron declaraciones engañosas sobre otros detalles del conflicto. Resalta cómo ciertos medios de comunicación de derecha del Reino Unido han demonizado a los manifestantes propalestinos tildándolos de antisemitas, “pro-Hamas” y partidarios del terrorismo, y han utilizado el actual conflicto para promover estereotipos islamófobos.
El informe plantea la necesidad de una cobertura equilibrada, más precisa e informativa y hace varias recomendaciones a los medios del Reino Unido, entre ellas:
- No se debe priorizar la vida de los ciudadanos israelíes sobre la de los civiles palestinos.
- Debe explicarse el contexto histórico del conflicto palestino-israelí; quienes den ese contexto no deben ser acusados de “justificar el terrorismo”.
- Los medios no deben priorizar el “derecho a defenderse” de Israel sobre el derecho del pueblo palestino a resistir legalmente la ocupación conforme al derecho internacional.
- Cuando se mata a palestinos, se debe identificar al perpetrador.
- Los medios de comunicación deben cuestionar a los portavoces israelíes cuando estos utilicen lenguaje racista o deshumanizante sobre los palestinos.
- Cuando las afirmaciones hechas por israelíes o palestinos sean imposibles de corroborar, los medios de comunicación deberían tratarlas con escepticismo.
- Cuando se ha divulgado una afirmación que luego se comprueba que es falsa, los medios de comunicación deben aclararlo en todas sus plataformas y en todos los informes relacionados posteriores.
- Los manifestantes propalestinos tienen derecho a protestar y no deben ser tildados de extremistas, antibritánicos o antioccidentales por hacerlo.
Vale la pena leer el informe y reflexionar sobre lo que dice.
Bielorrusia: más de 1.500 organizaciones de la sociedad civil disueltas
En marzo, el Tribunal Económico de Minsk ordenó la disolución de la agencia de noticias BelaPAN, que había sido declarada “extremista” en 2021. Cuatro periodistas de BelaPAN – Iryna Leushyna, Dzmitry Navazhylau, Andrei Aliaksandrau e Iryna Zlobina – ya fueron encarcelados, tras haber recibido largas sentencias de prisión en 2022 por cargos espurios que van desde alta traición hasta evasión fiscal.
La ofensiva de disolución de organizaciones de la sociedad civil (OSC) en Bielorrusia ha sido implacable desde que el presidente Aleksandr Lukashenka inició su “purga” de la sociedad civil en 2021. Según el grupo bielorruso de derechos humanos Lawtrend, a febrero de 2024 “al menos 1.563 entidades institucionalizadas de OSC, incluidas asociaciones cívicas, gremios de profesionales, partidos políticos, fundaciones, instituciones no gubernamentales, asociaciones y organizaciones religiosas habían sido disueltas judicialmente, dado de baja del registro u obligadas a optar por la disolución voluntaria” desde las elecciones de 2020.
Este mes también continuaron el procesamiento y la condena de periodistas independientes: el 21 de marzo, el videógrafo Andrei Tolchyn fue sentenciado a dos años y medio de prisión por “facilitar actividades extremistas” y difamar a Lukashenka; el 22 de marzo, el trabajador independiente Ihar Karnei recibió una pena de tres años de prisión por “formar parte de un grupo extremista”.
A principios de marzo se cumplió un año de la condena de los miembros de Viasna Ales Bialiatski, Valiantsin Stefanovic y Uladzimir Labkovich a diez, nueve y siete años de prisión respectivamente. Varios grupos internacionales de derechos humanos, incluido ARTICLE 19, conmemoraron el aniversario reclamando la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Bielorrusia.
A mediados de marzo, Human Rights Watch, la Asociación Bielorrusa de Periodistas y varias otras organizaciones de derechos humanos publicaron una carta abierta a los embajadores de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instando al organismo a renovar el mandato del Relator Especial sobre Bielorrusia y establecer “un mecanismo de investigación plenamente independiente para recopilar y preservar pruebas de posibles crímenes internacionales más allá del período electoral de 2020, con miras a promover la rendición de cuentas”.
Kirguistán: se retira el proyecto de ley sobre medios de comunicación y se aprueba un proyecto de ley sobre “agentes extranjeros”
Marzo trajo buenas y malas noticias de Kirguistán. A mediados de mes, el presidente Sadyr Japarov retiró del parlamento un proyecto de ley restrictivo sobre los medios de comunicación que, según los defensores de la libertad de prensa, daría a las autoridades mayor poder para silenciar a medios críticos mediante orden judicial. Días después, un tribunal de Bishkek anuló una decisión del Ministerio de Cultura de bloquear el sitio web en ruso del medio de noticias independiente Kloop Media, que había sido bloqueado luego de que las autoridades acusaran a Kloop de difundir información falsa.
Actualmente, Kloop está apelando una orden de disolución por realizar actividades “que trascienden el alcance de su cometido estatutario”.
También a mediados de mes, los legisladores aprobaron el represivo proyecto de ley sobre “agentes extranjeros”, que exige que las OSC que reciben financiación del exterior –y que llevan a cabo actividades consideradas “políticas”– se registren como “agentes extranjeros”.
Además de tener que hacer frente a una nueva carga administrativa onerosa, las OSC podrían ser penadas con una suspensión de seis meses y el congelamiento de sus cuentas bancarias si no se registran como “agentes extranjeros”. El Comité para la Protección de los Periodistas y Human Rights Watch han instado al presidente Japarov a que vete la ley.
En breve
El 26 de marzo, el Tribunal Superior británico dictaminó que el editor encarcelado de Wikileaks, Julian Assange, podía continuar con su apelación de la extradición a Estados Unidos, a menos que el gobierno estadounidense ofreciera garantías adecuadas de que podrá acogerse a los derechos de la Primera Enmienda y de que no podrá ser condenado a muerte. Estados Unidos tiene hasta el 16 de abril para brindar tales garantías. La próxima audiencia judicial está prevista para el 20 de mayo.
Grupos de libertad de medios, incluidos varios miembros de IFEX, celebraron la adopción por parte del Parlamento Europeo de la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés). Si bien ven a la ley como “un paso importante hacia la protección y promoción de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión Europea”, los grupos exhortaron a los Estados miembros a “ir mucho más allá” en la implementación de la EMFA y establecer “salvaguardias más fuertes” para proteger los derechos de los periodistas, “en particular con respecto al uso de vigilancia intrusiva y software espía”.
Los socios de Media Freedom Rapid Response publicaron su Informe de seguimiento que documenta las violaciones de la libertad de prensa cometidas en 2023. En total, el año pasado se registraron 1.117 ataques a la libertad de prensa en los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y en los países candidatos a integrarla. Según el informe, se registraron 602 alertas en la UE, donde casi el 33 % de los ataques fueron cometidos por particulares, el 17,9 % por funcionarios públicos y el 12,6 % por la policía y las fuerzas de seguridad estatal. Es preocupante que más de una quinta parte de todos los incidentes ocurridos en la UE involucren algún tipo de ataque físico.