Las redes regionales de organizaciones de la sociedad civil Al Sur; Alianza Regional por la Libre Expresión e Información; IFEX-ALC y Voces del Sur, rechazamos el proyecto de ley de cooperación internacional discutido por la Asamblea Nacional en funciones en Venezuela ya que supone un riesgo para la existencia de las organizaciones sociales y civiles en el país, al violentar el derecho a la libertad de asociación.
En Venezuela, desde hace más de 15 años, iniciativas de ley como esta han sido usadas como amenaza para sujetar el trabajo de las organizaciones a los intereses del Estado, a fin de obstaculizar o impedir sus actividades mediante condiciones que violan los principios de independencia y autonomía de la sociedad civil. El actual proyecto de ley:
- Criminaliza de forma expresa a las organizaciones no gubernamentales.
- Somete la cooperación internacional a los “lineamientos establecidos por el presidente o presidenta de la República”.
- Excluye a los derechos humanos como objetivos legítimos de esa cooperación.
De esta forma, la ley crearía un órgano estatal para gestionar unilateralmente los fondos, y un nuevo registro que obligará a las organizaciones a dar información sobre financistas, el destino de recursos, así como los datos privados de las personas beneficiarias, incluidas víctimas de graves violaciones de derechos humanos. De no cumplir con los requisitos, las organizaciones podrían ser ilegalizadas y sus miembros procesados/as judicialmente. De este modo pronto podríamos ver en Venezuela, el mismo proceso de cierre de organizaciones y criminalización de activistas, que ya vemos en Nicaragua.
En este contexto, millones de personas perderían los beneficios directos e indirectos de los programas de asistencia, ayuda humanitaria, desarrollo social y restitución del acceso a derechos sociales y económicos básicos tales como el acceso al agua, a la educación, la salud, alimentación, y el deporte entre otros. Asimismo se estaría obstruyendo la labor de defensa de los derechos humanos que realizan las organizaciones de la sociedad civil y que permite la rendición de cuentas de las autoridades y la protección ante los abusos estatales; en ese marco nos preocupa en particular el impacto que esta ley puede tener en el derecho a la libertad de expresión.
Nos preocupa cómo esta iniciativa se inscribe en prácticas denunciadas en otros países de la región, como Cuba, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, orientadas a la criminalización y eliminación de sectores que se dedican al ejercicio, promoción y defensa de derechos humanos. Se registra una tendencia al descrédito de la sociedad civil en México, Brasil y en El Salvador, lo que puede motivar su réplica por otros gobiernos que enarbolan discursos estigmatizantes y promueven prácticas cada vez menos democráticas.
Para que exista una democracia sana, necesitamos proteger la capacidad de la sociedad civil para operar fomentando las condiciones para que sea fuerte, rica y diversa. Por eso, desde las redes regionales de organizaciones de la sociedad civil Al Sur; Alianza Regional por la Libre Expresión e Información; IFEX-ALC y Voces del Sur, exhortamos:
- A la sociedad civil de la región a denunciar esta y las diferentes iniciativas que restringen el espacio cívico en nuestros países, a estar alertas ante prácticas estigmatizantes, a promover la solidaridad, a pronunciarse y rechazar de forma contundente estas acciones que vulneran el derecho a defender derechos humanos.
- A los Estados de la región a rechazar de forma enfática los intentos de cierre del espacio cívico y reconocer la importancia de las organizaciones sociales y civiles para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera.
- A las autoridades venezolanas a que cumplan las normas del derecho nacional e internacional y se abstengan de utilizar mecanismos legales para criminalizar, perseguir e ilegalizar el trabajo autónomo e independiente de las organizaciones sociales y civiles.
