Miembros del Consejo de la Prensa de Birmania han amenazado con dimitir si no se hacen modificaciones a la Ley de Empresas de Prensa y Publicaciones, que fue aprobada recientemente por la Cámara de Diputados del Parlamento.
La Cámara Baja del Parlamento de Birmania (Pyithu Hluttaw o Asamblea del Pueblo) aprobó la Ley de Empresas de Prensa y Publicaciones (PPEL) el 4 de julio de 2013. Aunque los observadores le dieran la bienvenida a algunos de los cambios realizados en este último proyecto de ley, muchos expresaron su preocupación sobre las restricciones a la libertad de expresión y el control permanente del gobierno sobre los medios de comunicación. Los miembros del Consejo de la Prensa de Birmania han amenazado con dimitir si el proyecto de ley se aprueba en su forma actual, informó Mizzima.
El proyecto de ley, incluyendo algunas modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, pasará ahora a la Cámara Alta para su aprobación. Si ambos cuerpos firman el proyecto de ley, el Parlamento de la Unión tiene la facultad de firmar el texto legislativo y convertirlo en ley. Una vez aprobada, la legislación reemplazará la legislación draconiana de 1962, la Ley de registro Imprentas y Editores, que se utilizó en forma frecuente por los ex gobernantes militares del país para silenciar la disidencia y ejercer control sobre el cuarto poder, de acuerdo con la Voz Democrática de Birmania.
Mientras que se abolieron algunas de las penas de prisión en virtud de la ley de 1962, la nueva ley mantiene las sanciones penales, así como multas excesivamente elevadas por incumplimiento de la ley a las organizaciones de medios. Se renueva el poder del gobierno de dar licencia a periódicos, sitios web de noticias y agencias de noticias extranjeras, y se implementan reglas estrictas sobre la obscenidad y la incitación al desorden público, según informó Index on Censorship.
El proyecto de ley ha sido motivo de controversia desde que fue presentado por primera vez por el Ministerio de Información a finales de febrero. Los periodistas, agencias de vigilancia y varios miembros de IFEX realizaron fuertes críticas sobre el proyecto de ley en ese momento, entre los cuales ARTÍCULO 19 que advirtió que restablecería la censura previa y el control total del gobierno.
El proyecto inicial fue elaborado sin consultar al Consejo de la Prensa, un cuerpo compuesto en su mayoría por periodistas y personas de organizaciones sociales de todo el país. El Consejo de la Prensa se formó en 2012.
Mientras que los miembros del Consejo de la Prensa se reunieron con funcionarios del Ministerio tres veces para discutir la ley, la mayoría de las sugerencias del Consejo no se incorporaron en la versión aprobada por la Cámara de Diputados el 4 de julio y, según informa el The Irawaddy “se rompieron los acuerdos». Por otra parte, el proyecto de ley del Ministerio es considerado por los miembros del Consejo de la Prensa como un intento de socavar su iniciativa de formular una ley de prensa por separado en un proceso más abierto y participativo.
El proyecto de ley del gobierno fue condenado inmediatamente por el Consejo de la Prensa por ser demasiado amplio en su alcance y contener muchas restricciones a la libertad de expresión. «El proyecto de Ley de Prensa aumentaría la opresión de los medios de comunicación», dijo Thiha Saw, miembro del Consejo de la Prensa. «Los medios de comunicación no son el cuarto poder si están bajo la Legislatura, un gobierno autoritario, y el poder judicial. Si se aprueba esta ley, el cuarto poder de los medios de comunicación libres no sucederá nunca. Es por eso que estoy aquí para quejarme», explicó.
El Consejo de la Prensa – que ha solicitado que las licencias de publicación se rijan según leyes comerciales en lugar de leyes de medios – afirma que solicitará a la Cámara Alta y la Oficina de la Presidencia que el proyecto de ley sea revisado. Varios periodistas anunciaron que iban a renunciar como miembros del Consejo de la Prensa si la Cámara alta aprueba el proyecto de ley en su forma actual.
«El Consejo de la Prensa está en lo correcto al tomar una posición sobre un tema tan vital para el futuro de Myanmar. Esta es la primera pieza de legislación básica que se debe cambiar desde que el actual gobierno llegó al poder, y si este proyecto de ley se adopta, podríamos decir que este gobierno no tiene ninguna intención de democratizar», dijo ARTÍCULO 19. «Nuestro análisis del proyecto de Ley de Empresas de Prensa y Publicaciones demuestra que está muy, muy por debajo de las normas internacionales y que si se aprueba sería, en efecto, mantener un sistema de control total del gobierno sobre los medios.»
«Parece que hemos llegado a un punto de inflexión en el proceso de reforma iniciado por el gobierno en 2011, uno que arrojará luz sobre sus intenciones reales. El gobierno no puede continuar indefinidamente señalando las medidas que adoptó en 2012 como prueba de su buena voluntad, mientras que al mismo tiempo intenta reafirmar el control sobre los medios de comunicación «, señaló Reporteros sin Fronteras. «Somos conscientes de que la reforma de la legislación sobre los medios de comunicación es un proceso largo que requiere de la participación de muchos organismos del gobierno, pero en ningún momento deben los propios proveedores de noticias ser excluidos de este proceso.»
En una carta que refleja la situación, Mizzima alienta a los interesados a trabajar hacia el surgimiento de una legislación que apoye el desarrollo de los medios de comunicación birmanos. Describiendo los medios de comunicación como un puente entre el gobierno y el pueblo, la carta pone de relieve la importancia de la reforma de los medios a medida que Birmania transita hacia una sociedad más abierta. Señala el papel que el gobierno y los profesionales de los medios de comunicación tienen que desempeñar en la protección de la libertad de expresión, para que Birmania pueda estar orgullosa de sus reformas, tanto en casa como frente a la comunidad internacional.
La Cámara Alta de Birmania tendrá ahora que considerar la posibilidad de aprobar la ley del Ministerio de Información, o considerar las revisiones propuestas por el Consejo de la Prensa.