Paraguay será evaluado en el tercer ciclo del EPU el 5 de mayo próximo. El SPP y la red IFEX-ALC han realizado una serie de recomendaciones sobre la libertad de expresion en el pais. !No dejemos que los ataques a la libertad de expresión en Paraguay queden invisibilizados!
Una ciudad cortada al medio por la frontera. Desde Paraguay la llaman Pedro Juan Caballero. Desde Brasil, Ponta Porã. Allí, tan lejos de los grandes centros urbanos de la región, en el centro de Sudamérica, la violencia es una constante. La zona es conocida por la predominancia del crimen organizado, en especial por la presencia de numerosos grupos narcotraficantes. Entre ellos está el Primer Comando de la Capital (el PCC) y entre los crímenes que a diario se denuncian en la zona están los asesinatos, la corrupción y la tortura.
Una de las voces que denunciaban esta situación era la del periodista brasileño Leo Veras, que vivía en Pedro Juan Caballero. El 12 de febrero de 2020, cuando se preparaba para cenar con su familia, sicarios invadieron su casa y le dispararon doce veces. Leo, todavía, no fue el primer periodista asesinado en Pedro Juan Caballero.
En su informe ‘Zonas Silenciadas’, publicado en 2017, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya clasificaba como grave la situación que viven quienes ejercen el periodístico en la región fronteriza de Paraguay con Brasil, considerada como de alta peligrosidad. Además, el informe denunciaba que “con el avance de la denominada narcopolítica [en Paraguay], la libertad de expresión se ha visto afectada por cuanto los periodistas enfrentan serias dificultades cuando intentan informar sobre determinadas actividades ilícitas que se realizan en sus comunidades y las instituciones -según han denunciado los propios periodistas- no funcionan como deberían para protegerlos.”
El Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP) apunta que además de la frontera con Brasil, la frontera con Argentina es otra zona conflictiva en relación con el ejercicio del periodismo en el país. También lo son otras zonas en las cuales grupos de crimen organizado se han establecido y tomado el control tanto formal como informal. Según el SPP, estos grupos están además en constante disputa por controlar territorios, un contexto en el que los periodistas están cada vez más expuestos.
Santiago Ortiz, Secretario General Adjunto del SPP, recuerda el momento crítico que vivieron en 2015, cuando Paraguay pasó por un pico de violencia contra la prensa. Pero según él, poco se sabía o discutía sobre eso fuera de Paraguay. El país nunca fue visto como un hot spot, principalmente en comparación con los terribles números de agresiones contra la prensa en otros países de la región, como Colombia o México.
Fue entonces que el sindicato, junto a la red IFEX-ALC, organizó una campaña para visibilizar internacionalmente esta situación. Entre las medidas tomadas se decidió enviar un informe y realizar diversas actividades junto al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas). Allí, en 2016, Paraguay sería examinado durante el segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), donde los Estados son evaluados – por los otros Estados – sobre la situación de los derechos humanos en su territorio.
Ortiz considera que la campaña fue un éxito. Paraguay recibió nueve recomendaciones sobre libertad de expresión e información. Avances importantes, impulsados por la campaña, han tenido lugar desde 2016: se creó un protocolo de seguridad y acción policial para periodistas en zonas de riesgo, se instaló la Mesa de Seguridad para Periodistas como órgano operativo de ese protocolo y se empezó a discutir un proyecto de ley sobre seguridad de periodistas. Ahora, para Ortiz, quizás el más importante de estos avances “fue la concientización de la ciudadanía respecto a la importancia de garantizar la protección de los periodistas y la seguridad de los periodistas para el ejercicio de la libertad de expresión por todos los demás.”
José María Costa, Director de Transparencia y Acceso a la Información de la Corte Suprema de Justicia y Coordinador de la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay, también celebra una serie de avances en temas relacionados a la libertad de expresión en el país desde el EPU de 2016. Para él, existe, en general, “un amplio ámbito de libertad de expresión y de prensa en el país”, que pasa por normas constitucionales específicas y claras sobre libertad de expresión, de prensa y para el ejercicio libre del periodismo. Dentro de este ámbito están la existencia y ampliación de medios de prensa en todos los formatos, especialmente la multiplicación de medios digitales y en redes, la aprobación y vigencia de una Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental (Ley Nº 5282/14) y la propia creación de la Mesa de Seguridad.
Por otro lado, Costa apunta que hubo áreas con retrocesos. El jurista y periodista llama la atención sobre la creciente concentración de los medios en pocas manos: “en este momento, prácticamente hay cuatro grandes cadenas o redes que concentran la mayor parte de los medios de mayor audiencia y presencia en el escenario social.” También resaltó la precarización de la tarea periodística como una preocupación: “con la irrupción de formatos multiplataformas, los periodistas se ven obligados a ampliar su ámbito de servicios dentro de las mismas empresas de comunicación, y ello contribuye a un mayor estrés laboral, a condiciones desmejoradas de trabajo y todo ello afecta incluso la calidad de los contenidos.”
Desafortunadamente, a pesar de los avances identificados, aún hay mucho por hacer. Los ataques a periodistas también siguen ocurriendo. Además de Leo Veras, Eduardo González, periodista en Carmen del Paraná, falleció tras ser severamente golpeado. Se le encontró al costado de la ruta Graneros del Sur a inicios de marzo del 2016. Entre los años 2016 a 2019 se reportaron distintos casos de ataques y agresiones contra periodistas: desde amenazas por su labor profesional, agresiones físicas, pasando por hostigamientos que incluyen ciber acoso, estigmatización, acoso judicial y violencia sexual.
Costa indica que “ha habido hace unos meses denuncias de suplantaciones de identidad y hackeo de teléfonos de dos periodistas que realizaban investigaciones sobre hechos de corrupción. Sus datos fueron vulnerados y con ello, sus fuentes probablemente.” Este tipo de ataques en línea son una nueva modalidad de violencia contra periodistas que sigue creciendo.
Estos ataques no afectan a todos de la misma forma ni con la misma gravedad. El ciberacoso, los ciberataques y las vulneraciones de seguridad digital son, como regla, más comunes contra mujeres periodistas. Ellas son doblemente atacadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y por su género. Un ejemplo es el caso de la periodista Noelia Díaz Esquivel, quien recibió amenazas de muerte en redes sociales luego de referirse públicamente a un feminicidio ocurrido en la capital, Asunción.
La periodista Flavia Borja afirma que “las periodistas que tienen una agenda con enfoque de género, con enfoque de derechos, con enfoque feminista, son las que reciben más ataques.” Además, según Borja, faltan mecanismos y protocolos en los medios que viabilicen la denuncia segura del acoso que ocurre dentro de las redacciones. Tampoco se adoptan protocolos de ciberseguridad para sus periodistas. Cuando ocurre un caso de amenaza o violencia contra mujeres periodistas, “ellas simplemente enfrentan solas la situación.”
Dante Leguizamón, defensor de derechos humanos y exmiembro de la Comisión Nacional contra la Tortura, indica que tanto en los casos contra mujeres periodistas como en otros ataques, la impunidad en los crímenes contra periodistas es un problema que Paraguay no ha logrado solucionar. Desde 1991 hasta la fecha, de los 19 casos de asesinatos de periodistas, únicamente los casos de Samuel Román y Pablo Medina han sido esclarecidos y los autores de los crímenes han sido condenados. En el caso de Salvador Medina se condenó al sicario, pero no al autor intelectual.
Entre estos casos está también el de Santiago Leguizamón, padre de Dante, asesinado en 1991. Santiago fue víctima de una emboscada en Pedro Juan Caballero y recibió 21 impactos de bala. Desde entonces, el Día del Periodista se celebra el 26 de abril en Paraguay, la fecha del asesinato. En agosto de 2020, la CIDH encontró que el Estado de Paraguay era responsable por la falta de protección e impunidad en el caso. Esto a 30 años del asesinato y 13 del inicio del proceso ante el organismo internacional.
La decisión es un ejemplo de cómo las instancias internacionales de derechos humanos pueden tener un impacto importante en casos de violaciones sistemáticas a nivel nacional. Esa es una de las razones que llevó el SPP a decidir que se presentara una vez más un informe sobre la situación de la libertad de expresión en Paraguay al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Paraguay será evaluado en el tercer ciclo del EPU el 5 de mayo próximo. El SPP y la red IFEX-ALC han realizado una serie de recomendaciones encaminadas a resolver estos problemas y esperan que los Estados evaluadores adopten estas recomendaciones como suyas para dirigirlas al Estado paraguayo. Las recomendaciones tienen que ver con temas como el combate a la violencia contra periodistas y como la impunidad, pero también se relacionan con la censura, los despidos masivos, los derechos de las mujeres periodistas, las radios comunitarias y la concentración de medios.
Jose Maria Costa cree que “una mirada desde los organismos internacionales puede contribuir a la asunción de problemas crónicos y la búsqueda de soluciones en el país.” Y Santiago Ortiz completa “Esperamos que sea un llamado de atención al Estado para garantizar la libertad de expresión.”
Para que así ocurra, es necesario que todos y todas estemos atentos. La sociedad paraguaya y la comunidad internacional deben demandar acciones inmediatas. No dejemos que los ataques a la libertad de expresión en Paraguay queden invisibilizados.
