Mayo en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por la editora regional de IFEX, Paula Martins, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Racismo, violencia policial y protestas en los Estados Unidos
Las protestas se apoderaron primero de Minneapolis para luego multiplicarse por todo el país. El detonante fue el asesinato de George Floyd el 25 de mayo a manos de oficiales de policía cuando ya lo habían detenido. Pero más que contra ese asesinato puntual, los manifestantes reaccionaron contra la discriminación y la violencia sistémicas que sufren los afroamericanos, incluido un grave historial de brutalidad policial dirigida hacia esa población.
Ha habido un uso desproporcionado e indebido de la fuerza contra los manifestantes y los periodistas que cubren las protestas en todos los Estados Unidos. El miembro de IFEX ARTICLE 19 señaló que ha quedado registrado en grabaciones de video cómo, sin ser provocada, la policía agrede a manifestantes y periodistas que se identifican e intentan seguir las instrucciones de la policía. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) da cuenta de por lo menos 125 casos de violación de la libertad de prensa en solo tres días de protestas en los Estados Unidos.
Tanto manifestantes como periodistas han sido blanco de disparos con bolas de pimienta y balas de goma, así como gases lacrimógenos y gas pimienta.
La organización U.S. Press Freedom Tracker, que monitorea el estado de la libertad de prensa en los Estados Unidos, ha documentado 38 casos de periodistas agredidos y 12 arrestados en lo que va de 2020. El secretario general de Periodistas Sin Fronteras (RSF), Christophe Deloire, ha resaltado el papel que ha jugado la demonización de los medios por el Presidente Donald Trump en el grave deterioro de la libertad de prensa en los Estados Unidos:
“Hace tiempo que era obvio que esta demonización conduciría a la violencia física. RSF advirtió sobre las consecuencias de esta flagrante hostilidad hacia los medios, y ahora estamos presenciando un brote de violencia sin precedentes contra los periodistas en Estados Unidos”.
En una nota de ABC News se hace un repaso de los comentarios de Trump que se perciben como incitando a la violencia contra los manifestantes y los medios. La lista es larga. Trump ha cuestionado a gobernadores, acusándolos de ser demasiado blandos en el manejo de las manifestaciones, y les ha pedido a los oficiales de policía que “por favor no sean tan buenos” con los sospechosos. Amenazó con sacar a los militares a la calle para controlar las manifestaciones. Ya se han desplegado miles de efectivos de la Guardia Nacional, una fuerza de reserva del Ejército de los Estados Unidos.
El 30 de mayo de 2020, el Fiscal General William P. Barr emitió una declaración afirmando que el Departamento de Justicia – incluido el FBI (Buró Federal de Investigaciones), los Alguaciles, la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) y la DEA (Agencia de Fiscalización de la Droga), así como todos los Fiscales de los Estados Unidos (93 en todo el país) — apoyaría los esfuerzos locales y “tomaría todas las medidas necesarias para hacer cumplir las leyes federales”. Luego de esa declaración, se autorizó a la DEA a “realizar actividades de vigilancia encubierta” y reunir información de inteligencia sobre personas que participen en las manifestaciones de protesta contra el asesinato de George Floyd, según un memorando de dos páginas al que pudo acceder BuzzFeed News.
Estas dos decisiones se dan tras el anuncio de Trump de que los Estados Unidos clasificaría a Antifa como organización terrorista – esto significa que “quien ocupa el cargo más alto del país está diciendo que algunos ciudadanos estadounidenses son combatientes enemigos”, según el editor de Axios, Kyle Daly.
El miembro de IFEX Electronic Frontier Foundation (EFF) ha señalado los peligros que supone el incremento del uso de medidas de vigilancia por las autoridades estatales en Estados Unidos:
“La acumulación de herramientas de vigilancia masiva y selectiva aún más sofisticadas en manos de las fuerzas del orden estadounidenses, además de la erosión del control local y las protecciones contra el mal uso, se han normalizado en las dos últimas décadas. Ahora la tecnología de gestión de pandemias que algunas empresas tecnológicas y gobiernos han impulsado en los últimos meses está preparada para desplegarse en forma de un nuevo y masivo mecanismo de vigilancia y control. Con todo esto ¿quién sentirá la mayor parte de los perjuicios? Las vidas negras”.
Brasil: una “gripecita” y un “Gabinete del Odio”
Como su par estadounidense Trump, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha tenido desde siempre una estrecha relación con las redes sociales. Desde la campaña presidencial en 2018, Bolsonaro utilizado Facebook, Twitter e Instagram como los principales medios para comunicar ideas y opiniones a sus seguidores; pero también ha sido acusado de utilizar esas plataformas para desinformar y difundir información falsa, en particular dirigida contra sus opositores políticos.
Actualmente las autoridades electorales están considerando una demanda presentada contra la coalición que llevó adelante la campaña de Bolsonaro y se espera que en breve esté pronta para sentencia. A la coalición se la acusa de irregularidades bajo la legislación electoral brasileña, en particular en relación con la difusión masiva de mensajes por WhatsApp para organizar la propagación de información falsa y desinformación a través de plataformas de internet con financiación de grandes compañías privadas, lo cual en Brasil es ilegal.
Incluso después de la campaña, Bolsonaro siguió utilizando la desinformación para generar disturbios y conmoción en la opinión pública, en general con el fin de desviar la atención de temas más urgentes que afectan al país. Este ha sido el caso, por ejemplo, con la pandemia de COVID-19, para la que adoptó un enfoque negacionista desde el primer día, minimizando el impacto potencial de la rápida propagación del virus y los riesgos sanitarios que eso conllevaba. En declaraciones oficiales y emisiones ‘en vivo’ por las redes sociales, el presidente primero se refirió a la enfermedad como una ‘gripecita’, diciendo que para el 90 % de los brasileños no tendría mayores efectos, y que los medios estaban generando histeria en torno al tema. Luego se dedicó a promover curas no científicas para la enfermedad y oponerse violentamente a las recomendaciones de distanciamiento social de los expertos.
Según un informe preparado por el proyecto de verificación de datos AosFatos, desde principios de abril, las publicaciones con información falsa en las redes sociales brasileñas se volcaron más y más hacia discusiones políticas relacionadas con la pandemia y el manejo de esta por el gobierno, hasta alcanzar el 92 % de las publicaciones.
Esta tendencia siguió a un aumento en la tasa de desaprobación del gobierno de Bolsonaro, acompañada de crecientes manifestaciones clamando por el fin de su mandato.
En los últimos meses se han estado impulsado diversas iniciativas en Brasil que buscan responsabilizar al presidente y sus seguidores por la difusión de noticias falsas (las llamadas “fake news”), en particular luego de que una Comisión de Investigaciones del Congreso recogiera varios testimonios que dan cuenta de la existencia de un equipo central, estrechamente vinculado al presidente y operando desde el Palacio Presidencial mismo, que estaría coordinando la difusión estratégica de desinformación, incluidos mensajes difamatorios contra los opositores de Bolsonaro. Este equipo ha sido apodado el ‘Gabinete del Odio’.
Se presentaron varios proyectos de ley en el parlamento, uno de los cuales estuvo a punto de ser votado en la primera semana de junio, pero la votación se postergó ante presiones de grupos de la sociedad civil que consideraban que el texto era inapropiado y debía ser sometido a un debate público mucho más amplio. Más de 30 organizaciones, incluido el miembro de IFEX Artigo 19 Brasil, firmaron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación.
También se está llevando a cabo una investigación desde el Supremo Tribunal Federal contra partidarios de Bolsonaro acusados de estar involucrados en una red de difusión de noticias falsas. En el marco de esa investigación, el Supremo Tribunal emitió una serie de órdenes de allanamiento contra conocidos blogueros y políticos aliados de Bolsonaro. En respuesta, un grupo armado de extrema derecha partidario de Bolsonaro organizó una protesta frente a la sede del Tribunal Superior. Los manifestantes llevaban antorchas y tenían los rostros tapados. En entrevistas, Bolsonaro y sus hijos legisladores han pedido “una ruptura” y, en referencia a las investigaciones del Supremo Tribunal, han dicho que ya es “suficiente”.
El 3 de junio, el miembro de IFEX Abraji, la Federación Brasileña de Periodistas y la Asociación de la Prensa Brasileña organizaron un acto conjunto bajo la consigna “Prensa Libre, Democracia Fuerte”. Esto como reacción ante las crecientes agresiones a trabajadores de la prensa y grupos inconstitucionales que se han estado movilizando, con el apoyo de Bolsonaro, contra el Congreso y el Supremo Tribunal. Marcelo Träsel, presidente de Abraji, afirmó que desde el fin de la dictadura militar que no se veía tan amenazada a la democracia en Brasil.
Nuevo informe sobre la libertad de expresión en Venezuela
En mayo, el miembro venezolano de IFEX Espacio Público presentó su informe anual 2019. El informe llama la atención sobre un sostenido crecimiento en los niveles de tensión política y social en Venezuela en los últimos años y a la existencia de 468 casos documentados de violaciones a la libertad de expresión entre enero y diciembre de 2019, lo que representa un incremento del 21 % con respecto a 2018.
La mayoría de los casos de 2019 corresponden a las categorías de intimidación (32 %), censura (23 %) y restricción administrativa (17 %). El 64 % de las 114 personas detenidas por la policía y las fuerzas de seguridad por manifestar sus opiniones en las redes sociales o en medios de comunicación eran trabajadores de la prensa. La mayoría de ellas fueron liberadas al cabo de unas horas, luego de haber sido detenidas por efectivos de alguno de los cuerpos de seguridad e inteligencia. El informe también resalta una creciente tendencia a filtrar y restringir la circulación de contenido en línea.
En el prologo del informe, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OAS), Edison Lanza, afirma que la “situación de la libertad de expresión en Venezuela durante 2019 no se explica sin el contexto y los antecedentes de casi 20 años de deterioro y ataque deliberado desde el Estado contra las libertades fundamentales y las instituciones democráticas. En las últimas dos décadas, los medios de comunicación más relevantes desde el punto de vista del profesionalismo y las audiencias fueron clausurados por el gobierno venezolano, en retaliación por su línea editorial e informativa. Primero fueron los grandes canales de televisión, luego las radioemisoras y la prensa escrita”.
Más voces pero menos diálogo: disonancia en México
ARTICLE 19 México y Centroamérica también publicó su informe anual 2019 sobre México: Disonancia: Voces en disputa. Según el informe en 2019, más que en ningún otro momento, la información siguió siendo el objeto de la guerra, el valor de la disputa. Esto quedó reflejado en un aumento de las agresiones contra periodistas: 609 en un año, el número más alto de la historia.
El documento analiza luego el contexto informativo más amplio de México, con la expansión de las redes sociales y la creciente fragilidad de los medios tradicionales:
“Es cierto, hay más voces, pero no hay diálogo: hay disonancia. Las expresiones se repelen, chocan y se rechazan entre sí. Los pensamientos de unos y otros son incompatibles y existe una tensión constante entre las ideas, las creencias y las emociones. No hay lugar para el disenso, ni para la crítica. La diferencia, en este sexenio, radica en que esto no sólo sucede entre el gobierno y la ciudadanía, sino dentro de la misma sociedad, que se confronta”.
El informe procura dar cuenta de los efectos de la polarización del pensamiento y de la necesidad de tomar en cuenta distintas perspectivas. También se refiere a la intensificación y normalización de la violencia contra la prensa y el impacto del discurso presidencial de deslegitimación e invalidación del periodismo a través del estigma, así como los efectos que tienen las palabras del presidente sobre la violencia y la impunidad.
El documento resume las tendencias en México en los últimos cinco años:
- El acceso a la información pública está centralizado en la Presidencia de la República y no ha mejorado; se mantiene la tendencia del sexenio anterior.
- La transparencia es selectiva y discriminatoria, los pobres siguen sin ser prioridad.
- Las designaciones públicas continúan reflejando los deseos del partido de gobierno y no garantizan ni la autonomía ni los contrapesos.
- Las conferencias de prensa matutinas del presidente son una forma de propaganda para influenciar el debate público, no son un mecanismo de información ni de rendición de cuentas.
- El reconocimiento de las atrocidades del pasado es importante, pero no proporciona justicia plena ni absuelve al Estado de su deber para con la memoria.
- La desinformación está transformando a México en un país que no tolera la diversidad y está generando efectos negativos contra las poblaciones más vulnerables, principalmente los migrantes.
- Las mujeres salieron a la calle porque nadie escuchaba ni actuaba: llegó el momento de desobediencia cívica.
Vigilancia y perfilamiento de periodistas y activistas en Colombia
Una investigación ha revelado una lista de 130 personas que fueron objeto de perfilamiento por parte de los militares colombianos, incluidos 30 periodistas – entre ellos corresponsales del New York Times, el Wall Street Journal y NPR y un fotógrafo de National Geographic, todos ellos ciudadanos estadounidenses.
En un artículo para IFEX, titulado “Innecesaria, desproporcionada y generalizada: la normalización de la vigilancia en Colombia y América Latina”, repaso las últimas novedades al respecto y sus ramificaciones más amplias.
Por un internet más accesible
Para conmemorar el Día Mundial para Promover la Concienciación sobre Accesibilidad (el 21 de mayo), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), miembro de IFEX, lanzó la campaña PUEDA – Por un Entorno Digital Accesible. La campaña en sí está diseñada priorizando requisitos de accesibilidad y para ello cuenta con el asesoramiento de una mesa interdisciplinaria de expertos que buscan promover un contexto digital más inclusivo para todos y lo hace sobre la base de investigaciones empíricas. En el marco de la campaña se realizará una serie de actividades dirigidas a generar conciencia en el público en general sobre las barreras que afectan al ejercicio de los derechos digitales de las personas con discapacidad.
¿Necesitas hacer una videollamada? Te recomendamos que primero consultes las sugerencias de Derechos Digitales
Derechos Digitales, miembro chileno de IFEX, acaba de lanzar una guía para ayudarnos a seleccionar la herramienta más adecuada para cada necesidad. La organización nos recuerda que la elección de software depende de las necesidades específicas del usuario, que no existe la solución perfecta y que a veces es necesario hacer concesiones. ¿Cómo nos decidimos? Echa un vistazo a sus recomendaciones, y recuerda que las videollamadas son una tecnología que aún se está desarrollando y todavía es común sufrir cortes e interrupciones.
