La Misión se entrevistó con periodistas, comunicadores comunitarios, investigadores, académicos, representantes de ONGs y funcionarios estatales para indagar la situación que viven las poblaciones indígenas y afro descendiente.
(AMARC/IFEX) – Entre los días 10 y 16 de mayo de 2010, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe (AMARC ALC) realizó una Misión de Libertad de Expresión y evaluación del desarrollo de las radios comunitarias en Colombia, junto a Reporteros Sin Fronteras (RSF).
La Misión encabezada por María Pía Matta, Vicepresidenta de AMARC ALC, se entrevistó con periodistas, comunicadores comunitarios, investigadores, académicos, representantes de ONGs y funcionarios estatales en las ciudades de Bogotá, Popayán (capital del Cauca), y Cartagena, para indagar la situación que viven las poblaciones indígenas y afro descendiente.
La situación que se encontró es que la violencia sigue teniendo hoy como protagonistas principales a las fuerzas de seguridad del Estado, a los paramilitares y la guerrilla. En el escenario de confrontación ninguno de los actores involucrados distingue entre combatientes y población civil, produciendo abusos contra los Derechos Humanos y graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Ello incluye sin ninguna duda el ejercicio de la libertad de expresión.
En este contexto el país tuvo un proceso electoral el pasado domingo 30 de mayo marcado por el abstencionismo en el que sólo el 47% de la población asistió a la votación, por lo que el próximo 20 de junio en segunda vuelta se determinará quien ganará la Presidencia de la República. La contienda electoral encuentra a la sociedad colombiana en medio de un proceso donde los mecanismos de protección de los derechos individuales son vulnerables. Así lo señala en su informe anual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llama la atención sobre el empleo de mecanismos de inteligencia contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y periodistas.
En estos años, el clima de polarización permanente extendió la lógica de la guerra a las poblaciones civiles que viven en las zonas de conflicto, con un alto costo para la sociedad civil – sobretodo en las regiones más apartadas, donde los dirigentes sociales, sindicales, comunidades indígenas, y periodistas se exponen a caer bajo los intentos de coerción de la guerrilla, o a transformarse en sospechosos y ser blanco de los grupos paramilitares y de las fuerzas de seguridad del Estado como «falsos positivos».
Esta misión constató que la protección a las radios comunitarias es una necesidad urgente.
