(CERIGUA/IFEX) – En Guatemala las radios comunitarias son blanco de una serie de ataques, allanamientos, amenazas, y confiscación de su equipo de transmisión, además de recibir el calificativo de «piratas». Estas acciones son encabezadas por el Ministerio Público (MP) a petición de la Cámara Guatemalteca de Radiodifusoras, que aglutina a los propietarios de los medios […]
(CERIGUA/IFEX) – En Guatemala las radios comunitarias son blanco de una serie de ataques, allanamientos, amenazas, y confiscación de su equipo de transmisión, además de recibir el calificativo de «piratas». Estas acciones son encabezadas por el Ministerio Público (MP) a petición de la Cámara Guatemalteca de Radiodifusoras, que aglutina a los propietarios de los medios radiales.
El último de estos casos se registró en contra de la radio Remanente 108 FM, una emisora perteneciente al Consejo Guatemalteco de Comunicación Comunitaria y ubicada en el municipio de Mixco, una zona aledaña a la capital guatemalteca. El 9 de agosto de 2004, el MP secuestró el equipo radioeléctrico de transmisión de la emisora.
La acción fue encabezada por el Fiscal Especial de Delitos contra Periodistas y Sindicalistas, Mario Castañeda, quien, con una orden de allanamiento firmada por un juez, confiscó el transmisor utilizado por la emisora para la transmisión diaria que incluía franjas noticiosas, culturales, deportivas y educativas, a pesar de que la resolución establecía un «allanamiento».
De acuerdo con el Consejo Guatemalteco de Comunicación Comunitaria, las radios comunitarias son blanco de una cadena de ataques y señalamientos de ser emisoras piratas e ilegales, acciones que violan algunos preceptos de la Constitución Política de Guatemala y el acuerdo de paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.
Lo que más preocupa en este caso es que la persecución es encabezada por el encargado de la Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas, ente que tiene la responsabilidad de velar por la protección de los trabajadores de la prensa y de cualquier violación que se presente en contra del derecho a la libre emisión del pensamiento, el cual se encuentra consagrado en el artículo 35 de la Constitución.
Los allanamientos se ejecutan a consecuencia de las denuncias presentadas por la Cámara Guatemalteca de Radiodifusoras y la Superintendencia de Telecomunicaciones, que acusan a más de 300 radios comunitarias de interferir sus frecuencias y operar de forma ilegal.
Las radios comunitarias Los Amates, Vida Súper Stéreo y Bienestar Nazareno, ubicadas en el departamento de Izabal, son otras de las emisoras que encabezan la lista, a las que el MP les ha confiscado y secuestrado su equipo de transmisión debido a que carecen de una figura legal.
En el último informe sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Guatemala, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que es recomendable que los criterios y regulaciones de acceso y participación igualitarias a los medios de expresión promovidos por el Estado contemplen las características particulares de Guatemala y se rijan por las obligaciones asumidas en los acuerdos de paz.
Agrega que las subastas que contemplen criterios únicamente económicos o que otorguen concesiones sin una oportunidad equitativa para todos los sectores son incompatibles con la democracia y con el derecho a la libertad de expresión e información.
