(IPYS/IFEX) – Como se esperaba, Radio Caracas Televisión (RCTV) dejó de transmitir su señal a las 23:59 horas (horario local) del 27 de mayo de 2007, al no serle renovada la concesión de frecuencia estatal por el gobierno. Antes y después de la cese de sus emisiones, el caso ha provocado reacciones fuertes tanto entre […]
(IPYS/IFEX) – Como se esperaba, Radio Caracas Televisión (RCTV) dejó de transmitir su señal a las 23:59 horas (horario local) del 27 de mayo de 2007, al no serle renovada la concesión de frecuencia estatal por el gobierno. Antes y después de la cese de sus emisiones, el caso ha provocado reacciones fuertes tanto entre el público como los otros medios opositores.
El 23 de mayo, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró improcedente suspender la orden de no renovarle la concesión a la televisora RCTV, con lo que la televisora deja de transmitir su señal el 27 de mayo. No obstante, la Sala admitió iniciar un juicio sobre el caso.
Ya el 17 de mayo, la Sala Constitucional del TSJ había declarado inadmisible el recurso de amparo presentado por RCTV contra el Presidente de la República, Hugo Chávez, y el Ministro de Telecomunicaciones e Informática, Jesse Chacón, por no renovar la licencia de transmisión. En respuesta, RCTV presentó a la Sala Político-Administrativa una acción de nulidad por inconstitucionalidad, que ahora fue rechazada.
El 28 de diciembre de 2006, el presidente Chávez decidió no renovarle la concesión al medio, según el gobierno, por participar en los actos de violencia ocurridos en abril del 2002. La orden del jefe de Estado fue ratificada por el ministro Chacón el 28 de marzo. El 11 de mayo, el gobierno creó la Fundación Televisora Social (TEVES), televisora que utilizará la señal de RCTV y que será financiada por el Estado. Su directiva se juramentó el 21 de mayo.
IPYS manifiesta su preocupación no sólo por la decisión del presidente Chávez, ya que la distribución de las concesiones del espacio radioeléctrico debería basarse en razones técnicas y no políticas, sino también por el fallo del TSJ, ya que limita la libertad de prensa y de expresión. IPYS solicita al TSJ celeridad para la apertura del juicio.
El 25 de mayo de 2007, la Sala Constitucional ordenó con una medida cautelar que los equipos de transmisión de RCTV pasen provisionalmente a manos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), para garantizar la difusión, en todo el país, de la señal del nuevo canal TEVES. La medida permite a CONATEL disponer y utilizar los equipos de microondas, telepuertos, transmisores, y demás equipos de televisión de propiedad de RCTV. El TSJ ordenó también al Ministerio de la Defensa custodiar y vigilar las instalaciones y equipos de transmisión necesarios para el uso de la frecuencia, ubicadas en todo el país.
La decisión del gobierno ha conllevado a reacciones variadas entre el público.
El 25 de mayo, las paredes de la sede del canal Globovisión fueron pintadas con frases que rechazan las críticas de la televisora al gobierno y que apoyan la cancelación de la señal de RCTV. Las pintas las hizo un grupo de integrantes de la organización «Colectivo Alexis Vive», del sector 23 de Enero de Caracas. Algunos de ellos estaban encapuchados.
Asimismo, el 27 de mayo, otro grupo de manifestantes pintó frases similares en la fachada de la emisora filial de RCTV, Radio Caracas Radio, en el centro de Caracas.
El 27 de mayo, el equipo de reporteros del canal estatal Venezolana de Televisión, dirigido por el periodista Daniel Castellanos, fue agredido por un grupo de manifestantes que protestaba contra el cierre de las transmisiones de RCTV frente a la sede de CONATEL. Los manifestantes arrojaron botellas e insultaron a los reporteros, que estaba detrás del cordón de seguridad de la Policía Metropolitana que custodiaba la sede de CONATEL. Un día antes, ese mismo equipo fue agredido por manifestantes que protestaban en el centro de Caracas, también por el caso RCTV.
Mientras tanto, han surgido tensiones entre otros medios opositores y el gobierno sobre el tema de la RCTV.
El 27 de mayo, funcionarios del Ministro de la Comunicación e Información impidieron que el periodista José Vicente Antonetti, del canal Globovisión, ingresara a la conferencia de prensa convocada por el ministro William Lara para los medios internacionales sobre el tema de la RCTV. Los funcionarios adujeron que sólo los reporteros acreditados como prensa extranjera tenían permiso para ingresar. Sin embargo, se comprobó que otros medios privados y estatales del país como Venevisión, Radio Nacional de Venezuela, Venezolana de Televisión y VIVE TV, sí lograron entrar.
También en el 27 de mayo, la Directora General de Responsabilidad Social y Producción Nacional Independiente del Ministerio de Comunicación e Información (MINCI), María Alejandra Díaz, advirtió en conferencia de prensa que los medios serán sancionados con un cierre temporal de 72 horas si transmiten mensajes «que promuevan la discriminación o inciten a la guerra».
La advertencia – que se ampara en los artículos 28 y 29 de la Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión, conocida como «Ley Resorte»- se hizo luego de que algunas televisoras transmitieran un pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que manifiesta su preocupación por la libertad de expresión en el país, tras la decisión gubernamental de no renovar la concesión de RCTV.
Díaz, que también es miembro de la directiva del nuevo canal, TEVES, consideró que en el pronunciamiento de la SIP promueve el desconocimiento de la Ley, y que confunde al público.
Desde el 27 de mayo, el Directorio de Responsabilidad Social (instancia encargada del cumplimiento de la «Ley Resorte»), monitorea de manera extraordinaria el comportamiento de los medios de comunicación.
IPYS considera que la advertencia de la funcionaria promueve la autocensura, ya que los medios podrían dejar de informar sobre determinados temas por temor a ser sancionados.
El 28 de mayo, efectivos de la Policía Metropolitana y de la Guardia Nacional dispararon perdigones contra la periodista Anushka Bonaluque, del programa «Cuarto Poder» de Lima, Perú, cuando cubría una protesta de universitarios y periodistas contra la decisión del gobierno de no renovarle la concesión a RCTV. La periodista recibió 25 perdigones que la hirieron en la espalda y los brazos. La agresión se perpetró en la plaza Brión de Chacaíto, al sureste de Caracas, donde se concentró la protesta.
El mismo día, el Ministro de Comunicación e Información, William Lara, solicitó a la Fiscalía General de la República iniciar una investigación contra Cable News Network (CNN) y la televisora Globovisión, por transmitir información que, según él, incita a la violencia. Para Lara, esto forma parte de una campaña internacional contra Venezuela organizada por estos medios de comunicación.
El ministro presentó su denuncia tras mostrar imágenes difundidas por CNN; en una, aparece el presidente Chávez al lado de la imagen de un líder de Al Qaeda; y en otra, un locutor describe la marcha realizada en Caracas a favor de RCTV, narración que es apoyada con imágenes de una protesta realizada en México en rechazo al asesinato de un periodista. Además, presentó un vídeo transmitido por Globovisión donde se recuerda el intento de asesinato contra el Papa Juan Pablo II, perpetrado en 1981. Según Lara, con estas imágenes, Globovisión promueve el magnicidio.
