Lo siguiente es un comunicado de prensa del SPP, con fecha del 13 de enero del 2000: Recuento del estado de la libertad de expresion en Paraguay en 1999 Para el análisis del ejercicio de la libertad de expresion en el país durante 1999 se abarcaron dos sectores, por un lado los hechos que afectaron […]
Lo siguiente es un comunicado de prensa del SPP, con fecha del 13 de enero del 2000:
Recuento del estado de la libertad de expresion en Paraguay en 1999
Para el análisis del ejercicio de la libertad de expresion en el país durante 1999 se abarcaron dos sectores, por un lado los hechos que afectaron al ámbito empresarial de los medios de comunicacion, y por el otro, la de los periodistas, tanto durante el gobierno de Raúl Cubas Grau y el del Jefe de Estado actual, Luis González Macchi.
MIRADA A LOS PERIODISTAS
Los periodistas soportaron luego de asumido el gobierno de González Macchi los mayores pisoteos a sus derechos humanos por el ejercicio de su labor profesional, en su mayoría en respuesta a la difusion de trabajos periodísticos. Durante el gobierno de Cubas Grau, los trabajadores de prensa sufrieron, sobre todo, agresiones físicas.
En el denominado Marzo Paraguayo, del 23 al 28 de dicho mes, sobresalio el aporte de los comunicadores sociales en pro de la democracia, cumpliendo intensas jornadas de trabajo a fin de transmitir paso a paso a la ciudadanía los hechos que iban aconteciendo ante la delicada situacion política que se vivía en el país.
Sentencia judicial contra periodistas:
La ex corresponsal del diario «Ultima» en Ciudad del Este Dolly Galeano, recibio el 22 de diciembre de 1998 una sentencia judicial de pagar una multa de unos 10 millones de guaraníes, por un comentario realizado en 1994 sobre las ganancias de la empresa constructora Conempa y las falencias del área salud en los grupos habitacionales de Itaipú Binacional.
A la periodista no se le dio la oportunidad de la presentacion de la prueba de la verdad, y la defensora de reos pobres que tomo el caso, Mara Ladan Samcevich, antes que defender a su representada se limito a tener por ciertas las acusaciones de la querella.
Esta es la segunda sentencia desfavorable al ejercicio profesional de los periodistas que se produce en esta década. El anterior, de 1994, fue para Ricardo Canese, querellado por el mismo grupo empresarial, por comentarios hechos sobre la participacion del ex presidente Juan Carlos Wasmosy como integrante de la empresa Conempa – en la obra hidroeléctrica de Itaipú. Ambos casos están en las instancias de apelacion.
Querellas a periodistas:
A nivel de querellas presentadas contra periodistas, el corresponsal del diario «ABC Color» en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Cándido Figueredo fue querellado en lo criminal el 26 de agosto por Clarns Ufoch Odumodu, supuesto narcotraficante africano. La presentacion se produjo luego de que el periodista se acerco a fotografiar e investigar el hipotético arribo de un cargamento de cocaína en la casa del extranjero.
También se proceso en diciembre de 1998 por difamacion y calumnia al periodista Jorge Villalba Dígalo, del diario «Ultima Hora», debido a una querella criminal promovida por los sindicalistas Eduardo Pérez Avid y Jorge Alvarenga a raíz de las denuncias hechas por el periodista de que dichos sindicalistas avalaron prestamos irregulares y que llegaron al vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores (BNT).
Atentados contra periodistas
Dos hechos de atentados a periodistas ocurrieron en 1999. Uno de los casos fue en setiembre, cuando desconocidos balearon en la madrugada del 9 de setiembre la residencia de los periodistas Marlene Franco y Esteban Areco, integrantes del área Investigacion del diario «Noticias». Se desconoce el tema que origino este ataque con arma de fuego.
Atentados que afecten a periodistas no se producían en el país desde hace seis años.
Otro hecho ocurrio el 24 de agosto cuando miembros del equipo de Investigacion del diario «La Nacion», Ana Bolaños, Carlos Juri y Aldo Espínola fueron perseguidos y recibieron tiroteos de parte de personal de Senad – organismo antidrogas del país. Fue cuando dicho equipo estaban investigando frente a la casa de Claudio Luis Elias Weil, ciudadano argentino, supuesto nexo con narcotraficantes.
Periodistas detenidos:
En 1999, después de ocho años volvio a registrarse la detencion de periodistas a raíz del ejercicio profesional. Todos ellos acontecieron en el interior del país, donde surgen indicios de que los magistrados excedieron en sus funciones ante las críticas recibidas por la labor desempeñada, pisoteando las garantías constitucionales que amparan la libertad de opinar.
El primer caso de arresto fue el 14 de mayo y afecto a Camilo Cantero, periodista de Radio Libertad de San Ignacio, Misiones, y corresponsal del diario «Ultima Hora» en esa ciudad, donde el juez Mario Ignacio Maidana ordena la detencion del periodista a raíz de un accidente de tránsito ocurridos meses atrás donde ya había un acuerdo de compensacion de daños. Se cuestiono que este juez atendiera el expediente considerando su enemistad con el periodista por las críticas que éste realiza al accionar del magistrado.
Luego el mismo juez Maidana ordena el 28 de mayo la detencion de Gerardo Balbiani, director del semanario «La Jornada» y de su administrador Geronimo Ruíz, bajo el argumento de emision de cheques sin fondo, que habían sido sustraídos y anulados. Según los afectados la orden fue dada porque el semanario mantiene una postura crítica contra el juez.
Otro caso en perjuicio de la labor periodística se produjo en Villarrica, el 22 de junio, ocasion en que la jueza Norma Jara de Benítez dispone el arresto disciplinario de los periodistas Norma Acuña y Secundino «Nino» Silguero, de Radio Panambí Verá, por haber cuestionado algunas decisiones de la magistrada. Esta medida, considerada un abuso de la jueza, se encuentra en etapa de apelacion.
Intimidacion a periodistas:
La jueza Norma Jara de Benítez, dispuso el 2 de julio que se grabara por tres meses, de julio a setiembre, el programa de la tarde del periodista Secundino Silguero, de Radio Panambí Verá como parte de un expediente judicial del cual no forma parte el hombre de prensa. Aquí hubo una autorizacion del fiscal Carlos Alvarenga, quien como agente fiscal debio defender los intereses de la sociedad, en este caso el derecho a expresion. Esta decision judicial fue a pocas semanas de haberse ordenado el arresto del mismo Silguero y de Norma Acuna, de Radio Panambí Verá.
Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, en un vehículo de dicha institucion, interceptaron el 17 de diciembre a Catalino Ibarra, corresponsal del diario «ABC Color» en Paraguarí. Fue frente al domicilio del corresponsal y le acorralaron para cuestionarle fuertemente por haber publicado que con máquinas de dicha institucion del Estado realizan trabajos en casas particulares.
El 29 de diciembre, el periodista Alberto Ledesma al salir de su lugar de trabajo en su vehículo particular fue perseguido en un automovil por Luis Panza, uno de los integrantes del grupo de adherentes al Partido Colorado que agredio a periodistas el 30 de noviembre, entre ellos Ledesma. Esta persecucion fue por varias cuadras y fue protagonizada por una persona que estuvo en la carcel y está con libertad condicional a raíz de la agresion protagonizada en contra de Ledesma y otros siete periodistas.
Amenazas a periodistas:
Las amenazas de muerte afectaron a periodistas de la ciudad capital y en especial del interior, y hasta a una corresponsal en el exterior. Todos fueron durante el gobierno de González Macchi. Los casos fueron:
El periodista de Radio Libertad de San Ignacio, Misiones, Camilo Cantero así como otros funcionarios de la radio, recibieron el 31 de marzo amenazas telefonica anonimas de muerte, presumiblemente por la posicion de la radioemisora por promover las movilizaciones ciudadanas en repudio al gobierno del ex presidente Raúl Cubas Grau y de Lino Oviedo.
El periodista de Radio Uno de Asuncion, Víctor Oporto, fue otro de los que recibio el 10 de agosto amenazas anonimas de muerte, que luego extendieron a su esposa, en estado de gravidez. Acontecio luego de difundir informaciones sobre la investigacion del asesinato del vice presidente de la República.
En Ciudad del Este, César Palacios, corresponsal, y Gustavo Nuñez, reportero gráfico, ambos del diario «Noticias» fueron amenazados por un desconocido en la vía pública, el 10 de octubre, de que verán las consecuencias en caso de que no cesen de publicar casos de corrupcion en la aduana de Ciudad del Este, en especial de tabacos y electrodomésticos.
La corresponsal del diario «Noticias» en Buenos Aires, Argentina, Maricarmen Almada recibio el 26 de julio en el vecino país, amenazas de muerte por teléfono luego de difundir de las actividades políticas que desarrollaba el ex militar golpista Lino Oviedo en su asilo en Buenos Aires.
Agresiones a periodistas:
Todas la agresiones a periodistas durante el ejercicio de su labor informativa se produjeron en la ciudad capital, en su mayor parte. También hubo algunos casos en el interior del país.
Durante la vigencia del gobierno de Cubas Grau, partidarios del General Lino Oviedo que estaban manifestándose a favor de Radio Montecarlo agredieron el 8 de febrero a la periodista de Radio Uno, Carolina Oddone y un reportero gráfico que se acercaron al lugar a realizar la cobertura.
Luego, durante el gobierno de González Macchi se registra el mayor número de agresiones a trabajadores de prensa. Los afectados fueron:
Fernando Ruíz Díaz, de Radio Uno, y Beatriz Maldonado, de Radio Cardinal, fueron agredidos el 31 de agosto por guardaespaldas del Ministro de Defensa Nacional, Nelson Argaña, e impidieron que los mismos realicen una cobertura en el local del movimiento de Reconciliacion Colorada del Partido Colorado. El hecho fue frente al Ministro, quien no reacciono.
Efectivos policiales y guardaespaldas del Ministro del Interior, Walter Bower que estaban en el hospital Emergencias Médicas golpearon el 3 de setiembre los rostros de reporteros y destruyeron equipos de camarografos que estaban cubriendo un accidente que sufrio un alto jefe policial. Los golpeados fueron Miguel Angel Cazal, reportero gráfico de «El Popular», Oscar Villalba y Emilio Méndez, camarografo y reportero respectivamente de Canal 4, Roberto Britos y Juan Ruíz Díaz, camarografo y cronista de Canal 13.
Durante al Cumbre de Presidentes del Mercosur, el 15 de junio, los guardaespaldas del presidente argentino Carlos Menem con empujones impidieron el trabajo informativo de la reportera de Canal 9 de Asuncion, Elizabeth Palma.
El 21 de octubre, vecinos del barrio Costa Sosa de la ciudad de Luque agredieron físicamente a Miguel Espínola, corresponsal del diario «Ultima Hora», y con un puñal destrozaron la rueda de su vehículo. Fue durante un acto de protesta de los vecinos por el traslado al barrio de la cárcel de menores y fue en reaccion por un comentario del periodista en el diario en el que cuestionaba la postura intransigente de los vecinos.
En la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyu, el 13 de noviembre hubo otra agresion a periodista. En esta ocasion el golpeado fue Cristino Peralta, de la radio del lugar. Los golpes lo recibio de parte del Gobernador César Alvarenga, quien además le destruyo su cámara fotográfica. Acontecio durante una cobertura de una intervencion judicial en el local de la Gobernacion, durante una manifestacion de pobladores en la que se pidio la renuncia del Gobernador por malversacion de fondos.
El 30 de noviembre se produjo la agresion de mayor envergadura a trabajadores de la prensa. En la madrugada de ese día, un grupo adherentes al Partido Colorado, en estado alcoholico, agrede a golpes a 8 trabajadores de prensa que estaban esperando en la calle la finalizacion de una negociacion de autoridades del Gobierno con dirigentes sindicales para tratar de postergar una huelga de trabajadores del Estado. Los agresores también destruyeron equipos de trabajo, como cámaras fotográficas y cámaras de filmacion. Los golpeados fueron: Carlos Sosa, periodista y Gustavo Quintana, reportero gráfico, del diario «Ultima Hora», Alberto Ledesma, periodista de Noticias, José Cardozo, periodista de «ABC Color», Julio Lezcano y Nivaldo Villalba, del Canal 4 Telefuturo, Juan Ruíz Díaz, de Canal 13, y Mario Bracho, de Canal 9. Los afectados, bajo patrocinio del SPP, iniciaron una querella contra los autores y complices de los hechos punibles contra la persona, la vida, la seguridad, integridad y bienes de las personas.
Entre los denunciados como integrantes del grupo de agresores están dos funcionarios del Ministerio del Interior, quienes luego convocaron a una reunion de prensa frente al local del SPP para desmentir que hubiesen participado de la agresion. Esta situacion fue considerada como una provocacion de estos funcionarios del Estado a crear incidentes con integrantes del SPP.
El 7 de diciembre, a la noche, guardaespaldas del Presidente de la República, Luis González Macchi y del Ministro de Defensa Nacional, Nelson Argaña, y grupos de «Servidores» de la Iglesia Catolica, a empujones y golpes impidieron a trabajadores de prensa- camarografos, fotografos y periodistas- que cumplan con su tarea periodística durante la misa central en la Basílica de Caacupé, y a la vez evitaron que intentaran entrevistar a dichas autoridades al final de la misa.
Gabriel Alfonso, corresponsal del diario «Noticias» en Ayolas fue agredido el 11 de diciembre por el Coronel Numan Arrechea en el momento en que sacaba algunas tomas fotográficas de una intervencion policial y judicial a la estancia de dicho militar, en búsqueda de una pista ilegal de aviacion.
El cronista de Radio Cardinal y Canal 13, Domingo Delvalle fue agredido el 13 de diciembre por un directivo de la Liga Villetana de Fútbol, Alfonso Silguera. Fue durante la cobertura periodística de una fuerte discusion entre el público y dirigentes deportivos al término de un partido de fútbol en la ciudad de Luque.
Obstáculos a la labor informativa:
En los últimos meses de 1999 se producen unos casos que apuntan a dificultar la labor de acceso a la informacion de parte de los periodistas. Casi todos tuvieron lugar en dependencias de las Fuerzas Armadas. Estas restricciones al trabajo de los periodistas se producen luego de más de un año, porque los últimos casos registrados tuvieron lugar a poco de asumir el gobierno de Raúl Cubas Grau, en agosto de 1998, que luego fueron dejados de lado ante la presion de los trabajadores de prensa. Las situaciones planteadas fueron:
A pedido del Ministro de Defensa Nacional, Nelson Argaña, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y Presidente de la República, Luis González Macchi vuelve a poner en vigencia, el 28 de octubre, la disposicion que prohibe a los militares en servicio activo a realizar declaraciones a la prensa sobre temas militares, sin la expresa autorizacion de su Comandante. Esta resolucion volvio a ser aplicada luego de que un alto miembro de la justicia militar explico a la prensa sobre la situacion de algunos oficiales que habían sido reincorporados al Ejército por el Tribunal de Cuentas.
Asimismo efectivos militares de la Guardia Presidencial desalojaron, el 24 de noviembre, a los periodistas acreditados para la cobertura diaria del Presidente de la República, de uno de los acceso laterales de la Casa Presidencial. Es un sitio donde los visitantes esperan su ingreso a la residencia. No dieron explicacion alguna, dejando a los periodistas en un ambiente incomodo de trabajo, bajo el intenso sol.
En la ciudad de Filadelfia, políticos del Partido Encuentro Nacional del departamento de Boqueron, expulsaron el 12 de noviembre a tres periodistas de una reunion de miembros del grupo político con el presidente de dicho partido y a la vez Ministro de Industria y Comercio, Euclides Acevedo. La reforma del Estado era uno de los temas que debían tratar estos políticos. Los periodistas afectados fueron Bernardo Coronel, corresponsal de «Ultima Hora», Pablo Almada, de Radio Paí Pukú, y Marvin Duerksen, corresponsal de «ABC Color».
El comandante de la unidad de Artillería del Ejército prohibio el 25 de noviembre el ingreso de los periodistas al acto de egreso de alumnos de dicha unidad militar, en la ciudad de Paraguarí, si bien no hubo problemas para que ingresen los familiares de los egresados. Las restricciones a la prensa son frecuentes en las Fuerzas Armadas, que se caracterizan por guardar «secretos» a la sociedad civil.
Guardaespaldas y funcionarios de protocolo asignados al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias obstaculizaron el 6 de diciembre la labor de cobertura de trabajadores de prensa de la reunion de Iglesias con lideres políticos.
Efectivos de la Fuerza Aérea no permitieron el 13 de diciembre el acceso de trabajadores de prensa a las instalaciones de dicha unidad militar para la cobertura de un campamento de boys scouts.
El 16 de diciembre, el Ministro de Relaciones Exteriores, José Félix Fernández Estigarribia convoca a una reunion de prensa a los periodistas acreditados ante dicho ministerio, pero excluye de dicha convocatoria al periodista del diario «ABC Color», Pablo Guerrero. Funcionarios explican extraoficialmente que este marginamiento es por la posicion crítica de dicho periodico a la labor del gobierno nacional.
VIGILANTES DE LA DEMOCRACIA:
Cientos de trabajadores de prensa trabajaron intensamente del 23 al 28 de marzo, para llevar a la opinion pública nacional e internacional detalles de lo que ocurría en el país a partir del asesinato del vice presidente de la República y la masacre de jovenes frente al Congreso Nacional, en la mayoría de los casos sin contar con las mínimas garantías para el desarrollo de las tareas profesionales.
Después de los jovenes y campesinos, los periodistas fueron las grandes protagonistas del Marzo Paraguayo. Pese a la violencia que se vivía, periodistas, reporteros gráficos, camarografos y demás trabajadores de prensa, estuvieron transmitiendo desde la plaza frente al Congreso Nacional todo lo que acontecía y denunciando con pruebas el deliberado ataque a una poblacion indefensa que pretendía vivir en democracia.
MIRADA A LOS MEDIOS
Querellas por difamacion y calumnias:
Los principales medios de comunicacion y empresarios del sector resultaron con varias querellas y cuatro atentados que se produjeron tanto en la época del gobierno de Cubas Grau como durante el gobierno de González Macchi.
El proceso judicial iniciado el 3 de febrero a Osvaldo Dominguez Dibb, director del diario La Nacion, Alberto Vargas Peña, columnista del diario «La Nacion», Juan Carlos Bernabé, director de Radio Nanawa, y Raúl Melamed, conductor de un programa por Radio Montecarlo A.M. tuvo continuidad luego de la caída del gobierno de Cubas Grau, llegándose a concretar el arresto disciplinario aplicado a estos hombres de prensa por injuriar y agraviar la investidura del juez, menos Melamed que se encuentra profugo.
Este proceso judicial fue promovido por parlamentarios como consecuencia del posicionamiento de estas personas en favor del rompimiento del Estado de Derecho, acompañando el plan desestabilizador de la democracia de personeros del gobierno de Cubas Grau, liderados por el ex militar golpista Lino Oviedo.
La posicion del SPP en favor del Estado de Derecho y el ejercicio de un periodismo responsable, llevo al diario «ABC Color» a intentar socavar en marzo la autoridad moral del sindicato y la imagen personal y profesional del entonces secretario general del SPP, Ignacio Martínez, quien tuvo que renunciar el 7 de abril como periodista de dicho diario, en protesta ante dicha campaña.
Luego de la caída del gobierno de Cubas Grau y asumido el gobierno de González Macchi, siguieron otros procesos judiciales (querellas por difamacion, calumnia e injuria) a dueños de medios empresariales.
El director del diario «ABC Color», Aldo Zuccolillo es el que mayor casos tiene acumulados, dos de ellos provenientes de personas con altos cargos en el actual gobierno, que son Juan Carlos Galaverna -presidente del Congreso Nacional- y Juan Ernesto Villamayor -Secretario General de la Presidencia de la República-, por habérseles imputado como responsables de los delitos economicos perpetrados en el Banco Nacional de Trabajadores (BNT).
Otros casos de querellas por difamacion, calumnia e injuria hacia el director de «ABC Color», fueron de Jotvino Urunaga, gobernador de Alto Paraná, presentado a fines de agosto, a raíz de publicaciones que afectaron presuntamente su honor y reputacion, y la de una madre, que demando por difamacion e injuria por difundir una foto de su hijo como un menor dedicado a pedir limosna, presentado el 24 de junio.
También al director de «ABC Color» se le instruyo sumarios judiciales por publicar nombres y fotos de testigos que el juez quería mantener en reserva- que no lo establecio en forma explícita, en el caso del asesinato del vice presidente de la República, Luis María Argaña, y otro por haber publicado a fines de agosto desgrabaciones de fonopinchazos, violando una orden judicial que prohibía dicha publicacion, en el caso que involucro al político Hermes Rafael Saguier en presiones ejercidas a un presunto testigo del asesinato de Argaña.
Otra querella por difamacion, calumnia e injuria contra el director de «ABC Color», y periodistas de la redaccion regional de Ciudad del Este, fue presentada en esa ciudad, el 7 de octubre, por el abogado Julio César Garay. Este había sido involucrado en dos artículos periodísticos de vender proteccion de autoridades a personas que realizan actividades comerciales al margen de la ley.
En la misma Ciudad del Este, un ciudadano chino,Wu Wen Huan querella, en octubre, en el campo criminal al director de «ABC Color» por supuesto delito de injuria grave, a raíz de que dicha persona fue presentada en una publicacion de contar con un título falso de doctor ad honorem de la Universidad Nacional del Este.
Otro director de medio querellado por difamacion y calumnia fue del diario «La Nacion», Osvaldo Dominguez Dibb con una accion presentada el 26 de agosto por parte de Claudio Luis Elias Weil, por ser presentado como implicado en el tráfico de drogas en los Estados Unidos.
Otro de los querellados a nivel crminal fue el director del diario «Noticias», Eduardo Nicolás Bo. Fue de parte de Reinaldo Dominguez Dib, empresario, el 11 de octubre, por publicaciones en dicho medio de comunicacion que le afectaron el honor y la reputacion, según la denuncia. Fueron artículos sobre la licitacion de lotería y quiniela nacional donde se atribuyo que Dominguez Dibb se adjudico dichos juegos en forma fraudulenta.
En medio de este panorama, un juez sobreseyo el 18 de setiembre, en forma provisional, a los periodistas Humberto Rubín, Rodolfo Schaerer Peralta y Víctor Benítez, en un juicio abierto por comision de delitos electorales al divulgar resultados de encuestas de «boca de urna» en 1996 antes del tiempo permitido. Esta decision se tomo porque el Ministerio Público, que solicito el procesamiento de los periodistas, luego no dio ningún impulso al expediente.
Sentencias:
A nivel de sentencias judiciales producidas durante 1999, Osvaldo Dominguez Dibb, director del diario «La Nacion» fue condenado el 20 de setiembre por la Justicia a pagar una multa de 39 millones de guaraníes al ser encontrado responsable del delito de difamacion cometido en 1997 en perjuicio del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fernández Gadea, en un artículo titulado «Carta al pueblo paraguayo» donde se imputo al máximo organismo judicial de los delitos de corrupcion en el Poder Judicial.
Asimismo el 16 de setiembre, se condeno al director de «La Nacion» a 20 meses de cárcel, pena sustituida en la misma sentencia por una multa de 227 millones de guaraníes. Fue como parte del juicio abierto el 20 de agosto de 1996 a raíz de una querella promovida por Carlos Darío Benegas Peralta, quien aseguro ser víctima de estafa, extorsion y chantaje, al no cobrar un premio de un sorteo organizado por el diario.
Amenazas:
Durante su habitual programa de la mañana, el 19 de noviembre, el director de Radio Ñandutí, Humberto Rubín recibio amenazas que le van a tirar de espalda no precisamente con un pequeño elemento. Lo hizo un oyente identificado como Coronel (retirado) Pedro Florentín. Fue por los comentarios hechos por Rubín sobre temas militares y sobre un capitán retirado que fallecio en fecha reciente.
El director del diario «La Nacion», Osvaldo Dominguez Dibb recibio el 9 de diciembre una amenaza de muerte. Sería a raíz de una serie de publicaciones sobre una estafa de la empresa brasileña Furnas en el suminisro de energía eléctrica a Paraguay.
Daños materiales:
En el presente año también hubo daños materiales a medios de comunicacion, y durante el gobierno de Cubas los más perjudicados fueron los medios que no compartieron el rompimiento del Estado de Derecho que se alentaba desde el Poder Ejecutivo. Así, el 23 de febrero se tuvo un intento de sabotaje que iba a ser perpetrado contra el transformador de la planta transmisora de Radio Uno, en Chaco-í.
En la noche de la masacre de jovenes frente al Congreso Nacional (el 26 de marzo), moviles de los Canales 4 y 13 sufrieron destrozos, el de Radio Cáritas – de la Iglesia Catolica- fue totalmente quemado, y se tiro una bomba molotov frente al diario Ultima Hora.
Luego de asumido el gobierno de González Macchi, desconocidos efectuaron el 31 de marzo varios disparos de arma de fuego contra un movil de Radio Ñandutí, sin impactar en el vehículo ni los ocupantes.
Por su parte, el frente de la residencia del director de «ABC Color» sufre un atentado, hecho al que se sumo que durante algunos días, personas de civil rodearon del 8 al 12 de junio, en forma constante la casa del empresario, que según de la Policía fue como parte de la búsqueda del diputado Conrado Pappalardo, acusado de ser autor intelectual del asesinato de Argaña. Asimismo, el 18 de setiembre, la redaccion regional del diario ABC en la ciudad de Pedro Juan Caballero sufre un ataque con piedras de parte de desconocidos, dañando el vidrio de un vehículo estacionado y las paredes del edificio.
Al diario «Noticias», el 25 de agosto se le roba una camioneta. Otro hecho fue que el 27 de agosto se lanza una granada al interior del estacionamiento del local de la Radio Montecarlo – 970 AM, sin causar daño a ninguna persona.
En horas de la madrugada del 25 de noviembre se produce un atentado a balazos al edificio de Radio Nacional del Paraguay. No hubo víctimas, solo daños en algunas partes del frente del edificio. No se pudo identificar a los autores. El hecho se produjo luego de haber finalizado una huelga de funcionarios en reclamo de la reposicion de dirigentes sindicales despedidos y solicitando la renuncia del director. El sindicato de trabajadores nego toda participacion en el hecho y recordo que ellos solo buscan que sean escuchados en sus reclamos.
Interferencias:
Cuando aumento la violencia de los seguidores del gobierno de Cubas Grau y del ex militar Lino Oviedo, medios radiales y televisivos con posicion crítica afrontaron dificultades técnicas, en especial interferencias. Los casos fueron:
Momentos después del asesinato del vice presidente de la República, el 23 de marzo, dejo de funcionar por cuatro horas el servicio de telefonía celular de la empresa Telecel, dificultando la transmision periodística de los hechos sucedidos con el magnicidio. También Radio Cardinal no pudo transmitir por algunas horas porque se interrumpio el servicio de energía eléctrica de la planta transmisora.
En la noche del 26 de marzo, durante la masacre de siete jovenes frente al Congreso Nacional, sufrieron interferencias en sus transmisiones las emisoras Radio Cardinal, 1º de Marzo, Ñandutí y Radio Uno, así como las señales de Canal 9.
Luego durante el gobierno de González Macchi vuelven a producirse otras interferencias, sin que se tengan informes de investigaciones realizadas a nivel oficial y de sus resultados. Esos casos fueron:
La radioemisora catolica Radio Paí Pukú, ubicada en Teniente Irala, Chaco, soporto en julio, ya durante el gobierno de González Macchi, persistentes interferencias a sus transmisiones por varios días, en especial cuando emitían desde el Alto Paraguay las manifestaciones que realizaba la poblacion para exigir la destitucion del gobernador Oscar Alvarenga y el diputado Tarcisio Sostoa, por irregularidades administrativas y por acompañar el proyecto político de Lino Oviedo.
La transmision de la emisora Corazon del Norte, radio comunitaria del distrito de Lima, departamento de San Pedro, soporto interferencias en la tarde del 26 de agosto donde se amenazo al obispo Monsenor Fernando Lugo, a la senadora Elba Recalde y miembros de la comunidad que se estaban movilizando para frenar los hechos de violencia. Las interferencias habrían provenido de parte de personas vinculadas a la mafia que operan en la zona.
¿Incursion política?:
Todos estos hechos contra medios de comunicacion acontecen en medio de situaciones que apuntan a mostrar la incursion de propietarios de medios en actividades políticas, o de estrechos acercamientos a las principales autoridades del gobierno, que se dan en especial luego de la caída del gobierno de Cubas Grau y asumido el gobierno de González Macchi.
Así el director de «La Nacion» Osvaldo Dominguez Dibb lanzo el 16 de julio una nueva corriente interna del Partido Colorado, ingresando en forma directa al campo político – partidario, y el ex presidente de la República, Juan Carlos Wasmosy, propietario del grupo Multimedia fue acusado el 5 de setiembre, por el presidente del PLRA, Julio César Franco de haber influido, a través de una campaña realizada por los medios de su propiedad, en la destitucion del ex canciller liberal Miguel Abdon Saguier.
Igualmente surgieron hechos informativos que muestran al director del diario Noticias, Eduardo Nicolás Bo con una relacion muy cercana con las principales autoridades del Poder Ejecutivo, ya que emplean el avion de su propiedad para viajes oficiales, y se produjeron permanentes reuniones de este empresario en Palacio de Gobierno.
Posicion del SPP:
Desde setiembre 1997, a partir de las elecciones internas del Partido Colorado, el SPP ha venido manifestando su preocupacion porque casi todos los medios masivos entraron a formar parte del proceso de polarizacion que desbordo el ámbito político, yendo ese protagonismo político del sector empresarial de la comunicacion de contramano con los fines de bien social de los medios de comunicacion y puede perjudicar a la consolidacion de la democracia de nuestro país.
Interrogantes:
El cúmulo de acciones contra empresarios y medios de comunicacion, abren interrogantes como: ¿son una reaccion hacia los medios masivos por cumplir el papel crítico de contrapoder y se los está tratando de inhibir en el ejercicio del periodismo?, o ¿se puede considerar como respuesta del enfrentamiento entre los grupos de poderes fácticos?, o en el caso de las querellas , ¿se recurre a ella cada vez más para confrontar la falta de ecuanimidad de los medios empresariales?
PERECUCION A RADIOS ALTERNATIVAS:
Unos meses después de asumido el gobierno de González Macchi, hubo un desalojo de los adherentes al movimiento político de Lino Oviedo de la Asociacion de Propietarios de Radios del Paraguay (APRAP), que durante mucho tiempo fue encabezada por Juan Carlos Bernabé, ahora con un proceso judicial por haber alentado a hechos de violencia durante el gobierno de Cubas Grau.
La nueva estructura de la APRAP encaro una fuerte campaña con el otro gremio de radialistas, la Asociacion Paraguaya de Propietarios de Radios del Interior (APRI) para lograr la «moralizacion de la radiofonía paraguaya», que incluye que el organismo oficial de control, CONATEL (Comision Nacional de Telecomunicaciones), clausure todas las radios ilegales. Sumaron a dicho listado unas 70 radios comunitarias que funcionan en el país y que desde 1995 buscan que CONATEL les otorgue lugares en el espacio electromagnético, y que se dé cumplimiento a la equidad de distribucion de frecuencias que está garantizada en la Constitucion, la ley de telecomunicaciones y los pactos internacionales.
CONATEL requiso equipos de varias radios comunitarias durante el gobierno de Cubas Grau. Durante el gobierno de González Macchi intentaron cerrar otras tantas, y no existen perspectivas alentadoras de que CONATEL reconozca el derecho de la sociedad civil organizada de acceder a las frecuencias de radio, porque el espacio electromagnético es un derecho de todos.
Se observa que la presion del sector privado para monopolizar las frecuencias de radio, que antes de daba en forma fragmentada, ahora se intensifico con la union de los dos gremios empresariales. Esto no debe ser así, ya que el Estado debe distribuir las frecuencias entre todos los sectores de la sociedad que requieran de un medio de comunicacion.
VIOLACION DEL ESTADO A DERECHOS LABORALES:
En el campo laboral del sector periodístico, organismos del Estados demostraron su violacion a las leyes laborales, en perjuicio directo de la fuente de trabajo. El caso más grave fue de Radio Encarnacion, donde el propietario, la compañía de teléfonos Antelco, dejo 7 meses de enero a julio- sin salario a sus trabajadores. La Antelco no demostro interés en solucionar la prolongada huelga en reclamo de los salarios, ni reactivar la emisora cuyos equipos eran obsoletos, y así dar continuidad a la radio que cumplía un importante rol de comunicacion en la zona de Itapúa. Opto por cerrar la radio, sin pagar todo el salario adeudado a sus empleados ni las indemnizaciones, derivando el caso al Poder Judicial, donde llevará bastante tiempo tener una sentencia final.
Luego en Radio Nacional del Paraguay despidieron el 1 de octubre a dirigentes de un recién formado sindicato de trabajadores, pisoteando hasta la ley laboral y convenios de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por el Estado Paraguayo, que garantizan la organizacion sindical. Asimismo impidieron a varios periodistas que sigan hablando en los programas de radio, como represalia por haber apoyado la creacion del sindicato. Todas estas anormalidades fueron cometidas por el director de Radio Nacional, con el aval de la Presidencia de la República, administradora de la Radio, porque pese a los reclamos hechos, incluso del SPP, las máximas autoridades del gobierno no reaccionaron para solucionar el conflicto laboral.
Después de dos meses de movilizaciones de los trabajadores, la Presidencia de la República ordena en diciembre solucionar el conflicto, reincorporando a los trabajadores despedidos y la vuelta a las programaciones de la radio de los que fueron trasladados de seccion.
CONCLUSIONES:
El hecho de que la cantidad mayor de hechos de amenazas e intimidaciones contra el ejercicio de los periodistas se haya producido luego de la caida del gobierno de Cubas Grau y asumido el gobierno de González Macchi muestra la necesidad de que en el país, como parte de todo proceso democrático, asimile mejor la funcion de los comunicadores sociales y de la prensa, de modo a superar hechos que buscan amedrentar y censurar la labor periodística.
La libertad de expresion es la piedra angular de todo sistema democrático y el periodista debe tener garantías para informar a la sociedad sin intimidaciones.
Asimismo es necesario que los organismos de los Poderes del Estado muestren mayor interés, que hagan todos los esfuerzos por propia iniciativa, para esclarecer y sancionar a las personas que con detenciones, amenazas y atentados buscan coartar el derecho de informacion, opinion y de investigacion del periodista, que al final beneficia a toda la sociedad civil.
Urge la implementacion de la Defensoría del Pueblo para contar con una unidad independiente de los Poderes del Estado para dar seguimiento y solicitar acciones rápidas a las violaciones de los derechos humanos referentes a la libertad de expresion.
Cada vez se hace más necesaria que las empresas periodísticas implementen mecanismos de proteccion a sus periodistas, dotándoles de seguros de vida, chalecos antibala y asumiendo las acciones legales que se requieran frente a las acciones de intimidacion que se ejercen sobre los trabajadores de prensa. Este interés por la seguridad de los comunicadores sociales no solo debe provenir del SPP, sino también de quienes explotan los medios de comunicacion.
Otros desafíos para el campo de la libertad de expresion son:
Se necesita que los medios de comunicacion reconozcan la necesidad de una regulacion ética en el tratamiento de la informacion, y lo implementen, donde prime los intereses de la ciudadanía y no los intereses particulares. Los periodistas, a través del SPP, tienen asumido la importancia de un Codigo de Etica para mejorar la calidad del producto que se ofrece a la sociedad.
A fin de hacer frente a la desinformacion y la manipulacion informativa, los sectores ciudadanos organizados deben empezar a plantearse mecanismos que permitan salir de ese rol pasivo en la comunicacion y pasar a un rol activo donde no solo fiscalicen a los medios sino también logren una mayor insercion en el protagonismo informativo, y así llegar a contar con medios masivos con contenidos más pluralistas, responsables y ecuánimes.
Democratizar el acceso a las frecuencias de radios y television, donde el Estado debe terminar con el monopolio otorgado historicamente en favor de sectores privados, violando normas jurídicas nacionales e internacionales, y permitir el acceso igualmente de los sectores organizados de la sociedad civil.
