El martes 12 de marzo de 2013 siete personas, entre policías y funcionarios municipales, ingresaron a la vivienda de Juan Alcívar, periodista y corresponsal de diario La Hora en la ciudad de La Concordia por supuestamente ocupar un espacio público sin permiso municipal.
El martes 12 de marzo de 2013 siete personas, entre policías y funcionarios municipales, ingresaron a la vivienda de Juan Alcívar, periodista y corresponsal de diario La Hora en la ciudad de La Concordia -ubicada a 318 Km al noroccidente de Quito- por supuestamente ocupar un espacio público sin permiso municipal.
Alcívar narró a Fundamedios que sobre las 13:00 su esposa lo llamó asustada porque seis hombres y una mujer, que se identificaron como funcionarios municipales, entraron en su vivienda sin orden alguna y portando armas. «Mi esposa les dijo que yo no estaba, pero hasta eso ya le habían dicho palabras impublicables. Cuando llegué, encontré todo un operativo; motocicletas afuera y esas personas dentro», comentó el comunicador.
El periodista aseguró que uno de los funcionarios le reclamó y exigió el permiso para ocupar la vía pública, tras lo cual fue insultado. «Me dijeron de todo. Todo el mundo sabe que esto es persecución porque hay mucha gente que tiene el material afuera y no ha ocurrido esto. Creería que ellos llegaron a provocarme porque también cargaban una cámara de video», apuntó.
Alcívar admitió que había estado ocupando dos metros de la acera por unos arreglos que está haciendo a su vivienda. Sin embargo, el está seguro de que este hecho se debe a la persecución que ha vivido desde hace algunos años y los atribuye al alcalde Walter Ocampo, quien, en 2010 lo acusó por «agresión terrorista a funcionarios públicos».
Esta no es la primera vez que Alcívar sufre una agresión. El 30 de septiembre de 2010 el comunicador aseguró haber sido agredido físicamente por Miguel Ángel Moreta, procurador síndico del Municipio de La Concordia, y por su acompañante Consuelo Landeta. El 26 de noviembre del mismo año, sufrió un ataque físico y fue amenazado de muerte. El 28 de noviembre de 2012 denunció haber sido agredido física y verbalmente por parte de la Comisaria Municipal y otros funcionarios de la entidad.
Al momento, sobre el comunicador aún pesan las acusaciones por agresión terrorista a funcionarios públicos, presentada por Ocampo y basada en declaraciones de dos empleados municipales. Por ello, el Juez Cuarto de Garantías Penales de Quinindé, Kléber Samaniego, dispuso orden de prisión preventiva, que un mes más tarde fue sustituida por una medida cautelar de presentarse cada 15 días en el juzgado. Esta medida ya ha caducado, por lo que el comunicador espera que se fije la fecha de la audiencia de juzgamiento ante el Tribunal Penal de Esmeraldas.
