(RSF/IFEX) – RSF se felicita de que, el 31 de diciembre de 2007, haya entrado en vigor la reforma de la Ley de Libertad de Información («Freedom of Information Act», FOIA), que facilita el acceso del público a las informaciones relativas a la actuación del gobierno federal. Sin embargo, la organización lamenta que haya sido […]
(RSF/IFEX) – RSF se felicita de que, el 31 de diciembre de 2007, haya entrado en vigor la reforma de la Ley de Libertad de Información («Freedom of Information Act», FOIA), que facilita el acceso del público a las informaciones relativas a la actuación del gobierno federal. Sin embargo, la organización lamenta que haya sido tan tardía la promulgación del texto, al final de un doble mandato presidencial poco respetuoso con el espíritu de la nueva ley.
«El texto enmendado representa un avance importante, aunque tardío. Significa un innegable progreso ya que preconiza mayor transparencia y facilita un mejor control ciudadano de la actuación del Estado. La reforma viene también a consagrar los esfuerzos del Congreso norteamericano frente a un gobierno, proclive al disimulo. Sin embargo, no debe hacer que olvidemos la atmósfera de opacidad liberticida en la que ha caído Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La Casa Blanca y la administración federal tienen que respetar una mayor apertura en lo que se refiere a determinados casos sensibles, como los de Guantánamo y las cárceles secretas de la CIA, acerca de los cuales lo que imperado han sido el hermetismo y el bloqueo a la información», ha declarado RSF.
La reforma de la ley, aprobada por unanimidad en el Congreso y promulgada por el presidente George W. Bush el 31 de diciembre de 2007, introduce, entre otras cosas, la creación de un servicio de seguimiento de las demandas del público en las agencias federales, una línea telefónica de asistencia a los demandantes y sobre todo un mediador encargado de arreglar las diferencias entre los ciudadanos y la administración pública. Por otra parte, la nueva ley obliga a las agencias gubernamentales a hacerse cargo de los gastos judiciales de los demandantes en relación con su demanda, para las que se ha fijado un plazo de estudio de tres semanas. Finalmente, se apoya en un definición amplia del estatuto del periodista para autorizar el acceso gratuito a los documentos públicos. En fin de cuentas, las agencias federales estarán obligadas a revelar la información solicitada, salvo en casos de riesgo mayor para la seguridad nacional.
El nuevo texto de la FOIA traduce la voluntad del Congreso de contrarrestar las herméticas prácticas de la actual administración; una voluntad que ya se puso de manifiesto en octubre de 2007 cuando la Cámara de Representantes aprobó una ley escudo sobre la libre circulación de la información («Free Flow of Information Act»), que garantiza a los periodistas el secreto de las fuentes, a nivel federal (ver la alerta de IFEX del 18 de octubre de 2007).
La iniciativa parlamentaria llega cuando falta menos de un año para la elección presidencial, y pocos días después de que, en diciembre de 2007, la CIA destruyera vídeos de los interrogatorios de presos sospechosos de terrorismo, algunos de los cuales se encuentran internados en Guantánamo. Sin embargo, la justicia había ordenado que se conservaran esas comprometedoras grabaciones. El 2 de enero de 2008 se abrió una investigación criminal sobre este asunto.
