Octubre de 2021 en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por la editora regional de IFEX, Paula Martins, sobre la base de informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
La reivindicación de los derechos de las periodistas
El pasado mes de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dictó una sentencia en la cual declaró la responsabilidad del Estado de Colombia en la violación de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, la honra, la dignidad y la libertad de expresión de la periodista Jineth Bedoya Lima, a raíz de los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000. Ese día, mientras cubría actividades del crimen organizado que se desarrollaban dentro de la prisión La Modelo en Bogotá y con la connivencia de agentes estatales, Jineth fue secuestrada y luego sometida a torturas y violencia sexual.
Este es un fallo histórico de la Corte, dado que por primera vez se analiza cómo se utiliza la violencia sexual para silenciar y controlar a una mujer periodista en el marco del conflicto armado en Colombia. Otro elemento importante de la decisión es que la Corte determinó que las agresiones contra la periodista no solo violaban su libertad de expresión a nivel individual, sino que también tenían un impacto colectivo, tanto en la sociedad colombiana en su conjunto al limitar su derecho a la información, como en otras personas que ejercen el periodismo, dado el efecto amedrentador generado.
La Corte ordenó una serie de reparaciones, incluidas medidas simbólicas y garantías de no repetición, dirigidas a resarcir los daños ocasionados a Jineth Bedoya y a la sociedad en general.
Entre otras medidas, la Corte ordenó al Estado de Colombia que desarrollara “una política integral para la protección de los y las periodistas”. También ordenó que diseñara e implementara un sistema público de recopilación de datos y cifras actualizadas sobre casos de violencia de género y amenazas, así como agresiones contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
Bedoya, que lleva 21 años reclamando justicia en su caso y ahora se dedica a la lucha contra la violencia sexual, dijo que la decisión representaba “la reivindicación de los derechos de miles de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y de mujeres periodistas que dejan parte de la vida en su oficio”.
Las organizaciones que representaron el caso en el proceso internacional fueron la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), ambos miembros de IFEX-ALC. Puede ver aquí la conferencia de prensa que realizaron con Jineth cuando se anunció la sentencia.
Los riesgos de la vigilancia en América Latina
Varias organizaciones latinoamericanas – entre ellas los miembros de IFEX-ALC FLIP, Fundación Karisma, ARTICLE 19 México y Centroamérica, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Derechos Digitales – solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para manifestar su preocupación por el creciente despliegue de tecnología de vigilancia en la región.
Según estos grupos, en la región hay una tendencia cada vez mayor a utilizar tecnología con capacidades de vigilancia como forma de responder a un amplio abanico de desafíos sociales, entre ellos la seguridad pública, el control de las fronteras, la respuesta a la pandemia, el monitoreo de las protestas sociales y el acceso a servicios públicos. Todo esto sin que se evalúe adecuadamente su impacto, que incluye restricciones ilegítimas de derechos tales como la privacidad, la libertad de expresión y reunión y la igualdad.
Alertaron sobre la creciente capacidad de los servicios de inteligencia de emplear este tipo de tecnología para perseguir a activistas, disidentes y defensores de los derechos humanos. Otro motivo de preocupación que señalaron fue la creciente capacidad técnica de intercepción de comunicaciones en las investigaciones penales, dado que esto se da en el marco de una normativa obsoleta, sin supervisión adecuada y sin limitaciones respecto a su alcance o extensión. Asimismo llamaron la atención sobre la situación de la retención de datos y metadatos por proveedores de servicios de internet y su uso indiscriminado por organismos gubernamentales.
Entre los últimos reclamos que plantearon, las organizaciones peticionarias solicitaron a la CIDH que iniciara un proceso regional de consulta con el fin de establecer un conjunto de estándares interamericanos – basados en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad – que guíen los procesos de adquisición y utilización de tecnologías con capacidades de vigilancia. Estos estándares deberían servir de parámetros para la elaboración de las políticas de vigilancia que se desarrollen a nivel nacional.
Puede acceder a la grabación de toda la audiencia aquí.
Autoridades venezolanas persiguen al periodista Roberto Deniz y a su familia
El 14 de octubre, un tribunal penal de Caracas emitió una orden de detención para el periodista Roberto Deniz, editor del medio digital Armando.Info. Al día siguiente, agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC) allanaron la casa de sus padres en la capital venezolana. Deniz está exiliado en Colombia, pero su hermano, su cuñada y sus sobrinas estaban en el domicilio en el momento del allanamiento.
La orden indicaba que Deniz era objeto de una investigación penal por “incitar al odio”, según lo dispuesto en la Ley Contra el Odio, pero no proporcionaba detalles sobre la presunta conducta criminal en la que habría incurrido.
Deniz debió abandonar el país en 2018 cuando el empresario Alex Saab le inició una acción judicial en respuesta a una investigación periodística en la que Deniz reveló actividades ilícitas que implicaban a Saab y al presidente venezolano, Nicolás Maduro. En febrero de 2020 la CIDH hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por familiares de Deniz en Venezuela al entender que corrían en peligro a raíz de la serie de investigaciones realizadas por el periodista y publicadas en Armando.Info desde 2014.
El 26 de octubre, IFEX-ALC emitió una declaración en solidaridad con Deniz y Armando.Info y exhortó a que se terminara con el hostigamiento y la persecución judicial.
Remoción de contenidos, discriminación y exclusión en México
En octubre, ARTICLE 19 México y Centroamérica publicó un nuevo informe en el que se analiza cómo la remoción de contenidos en línea perpetúa y agudiza distintas formas de discriminación y exclusión social en México.
El informe consta de dos grandes secciones. En la primera se analizan las políticas y prácticas de remoción o eliminación de contenidos de las plataformas digitales más utilizadas por los y las mexicanas: YouTube, Facebook, Twitter y TikTok. El documento también examina el rol que cumplen los “moderadores de contenidos” y los algoritmos utilizados por las plataformas digitales, que determinan qué contenido puede permanecer en línea y cuál no. En la segunda sección se analizan los resultados de una encuesta realizada con una serie de grupos de referencia con personas que se auto-describen como: 1) LGBTQI+; 2) integrantes de movimientos de mujeres organizadas e iniciativas feministas; 3) población afrodescendiente o indígena; y 4) integrantes de grupos en defensa de la tierra, los territorios y la cultura.
Algunas de las conclusiones del informe son:
- El lenguaje y la falta de entendimiento del contexto local son factores que aumentan la probabilidad de que las plataformas digitales eliminen contenidos de grupos o poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.
- La suma de violencias que enfrentan los grupos y poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, incluida la remoción de contenidos, contribuyen a generar un clima de exclusión, censura, autocensura y apatía social en el entorno digital.
- Esta disparidad sienta las bases para un ecosistema en línea que refuerza la dinámica de poder existente al dejar a las comunidades marginadas simultáneamente en riesgo de ser removidas y sobreexpuestas a una serie de daños.
- Los problemas que ocasiona el monopolio tecnológico en términos de derechos humanos son evidentes, puesto que millones de personas están sujetas a las decisiones arbitrarias que se concentran en un puñado de plataformas digitales, que son las más populares y que prácticamente controlan quién tiene derecho a expresarse.
La investigación completa puede descargarse aquí.
Noticias falsas en Brasil – segundo round
La redacción inadecuada del llamado “Proyecto de Ley sobre Noticias Falsas” en Brasil fue largamente discutida en 2020. Luego de mucha presión de organizaciones de la sociedad civil, se suspendió la votación del proyecto y se empezó a trabajar en la elaboración de un nuevo texto. La nueva versión se pondrá ahora a consideración del Congreso.
El miembro brasileño de IFEX-ALC ARTIGO 19 y otras organizaciones locales opinan que se ha mejorado mucho el texto. Entre las mejoras señalan que se amplían los requisitos de transparencia que deben cumplir las plataformas de redes sociales; se agregan varias disposiciones importantes referidas a medidas que deben adoptar los servicios privados de mensajería para combatir la desinformación, como poner límites a la viralización y proveer un mecanismo de obtención de datos para investigaciones que no viole los derechos de privacidad. Se incluyen también disposiciones sobre mecanismos de debido proceso que garanticen el derecho a apelación y defiendan a los usuarios en caso de abusos cometidos por las plataformas y se establece la obligación de notificar a los usuarios.
No obstante, todavía es necesario mejorar las disposiciones referidas a reparación en caso de errores en la moderación de contenidos.
El proyecto de ley también busca tipificar como delito a la amplificación automatizada, a través de servicios de mensajería, de contenidos ilícitos o de probada falsedad. Grupos locales advierten sobre los riesgos que plantea esta criminalización y que la letra de la disposición abre la puerta a posibles abusos.
Una plataforma para debatir sobre el espacio cívico en línea
La Asociación por los Derechos Civiles, miembro argentino de IFEX-ALC, lanzó su micrositio Espacio Cívico En Línea, una plataforma que brinda información sobre la criminalización del discurso en línea, la inteligencia policial y el monitoreo de redes sociales, así como la concentración del poder de decisión en manos de compañías privadas. También promueve el diálogo sobre la inclusión y la diversidad en el espacio cívico virtual como aspectos clave para su protección.
Canadá: un “proceso de consulta público apresurado y opaco”
El gobierno de Canadá mantuvo consultas recientemente sobre posibles formas de abordar los contenidos nocivos en línea. Según el sitio web de la consulta, el gobierno “propone un nuevo marco legislativo y normativo que regularía cómo deben abordar los contenidos nocivos las plataformas de redes sociales y otros servicios en línea”. Dicho marco establecería:
- qué entidades estarían sujetas a las nuevas reglas;
- qué tipos de contenidos nocivos se regularían;
- nuevas reglas y obligaciones para entidades reguladas; y
- dos organismos reguladores nuevos y un Consejo Asesor para administrar y supervisar el nuevo marco y hacer cumplir sus reglas y obligaciones.
La consulta se realizó entre el 27 de julio y el 25 de setiembre y ya está cerrada. Grupos canadienses de derechos civiles y de internet opinaron que había sido un “proceso de consulta pública apresurado y opaco”.
Según el miembro de IFEX OpenMedia, el informe de la consulta propone nuevas obligaciones referidas a la forma en que las plataformas en línea deberían tratar a las publicaciones de usuarios que podrían constituir contenido ilícito – obligaciones que son excesivamente agresivas y que podrían llevar a la eliminación de muchas expresiones legítimas. Durante el proceso de consulta, OpenMedia organizó una plataforma para facilitar el aporte de opiniones. Más de 9.000 ciudadanos utilizaron la plataforma de OpenMedia para presentar sus comentarios individuales a la consulta sobre contenidos nocivos.
Expertos y sociedad civil piden ahora al gobierno que haga público los resultados de la consulta y que resuma las conclusiones en un informe de las opiniones recibidas (lo que en Canadá se conoce como informe “What We Heard”, o “Lo que escuchamos”). OpenMedia sostiene que el “gobierno no puede seguir adelante con legislación reguladora de internet que carezca de disposiciones básicas de rendición de cuentas”.
Puede acceder a un análisis de la propuesta sobre contenidos nocivos aquí.
La COP26 y la falta de preparación para el cambio climático en Brasil
A días de iniciarse la 26ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), Brasil se opuso a las recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, o IPCC (organismo del sistema de las Naciones Unidas encargado de realizar evaluaciones científicas sobre el cambio climático), en las que el IPCC llamaba a reducir el consumo de carne en el mundo, y salió en defensa de la producción de biocombustibles, al tiempo que rechazó las críticas de la política ambiental del gobierno de Jair Bolsonaro.
Según el IPCC, la temperatura de la cuenca Amazónica, la cuenca hidrográfica más grande del mundo, ha aumentado entre 0,6 Cº y 0,7 Cº desde 1979. La Amazonia es una de las regiones más vulnerables a los efectos del cambio climático.
En un nuevo estudio elaborado por la Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI), miembro brasileño de IFEX, se constató que ninguno de los nueve estados que conforman la “región Amazónica legal” de Brasil tiene sistemas de advertencia permanentes ni planes de contingencia para fenómenos hidrometeorológicos extremos, como inundaciones, sequías, incendios forestales y olas de calor. Cuatro de esos estados carecen de sistemas para monitorear los efectos de una emergencia climática en los recursos naturales, la diversidad biológica y el clima.
En Brasil existen directrices nacionales para reducir los impactos de cambio climático, establecidas a través de la Política Nacional sobre el Cambio Climático. Sin embargo, falta todavía que el país implemente un sistema de coordinación del gobierno federal que ayude a guiar las medidas en todo el territorio.
El relevamiento de políticas públicas realizado por ABRAJI es un muy buen ejemplo del uso que se le puede dar a las herramientas de acceso a la información para promover el conocimiento de la ciudadanía sobre temas clave de interés público, como el cambio climático, y ayudar a los ciudadanos a entender mejor qué están haciendo – o más bien, qué no están haciendo – sus gobiernos para contrarrestar la crisis climática.
Una alianza latinoamericana para el cifrado
Catorce organizaciones de distintos países de América Latina y el Caribe que representan diversos sectores del ecosistema digital, incluidos varios miembros de IFEX, se unieron para conformar la Alianza por el Cifrado en Latinoamérica y el Caribe, o AC-LAC. La iniciativa fue lanzada el 21 de octubre en ocasión del Día Mundial del Cifrado.
El objetivo de la Alianza es establecer una plataforma para la construcción colectiva de capacidades y conocimiento en toda América Latina y el Caribe sobre el cifrado como herramienta indispensable para la seguridad y el respeto de los derechos humanos y fundamentales en la región, incluidos los derechos a la libertad de expresión y la privacidad. Este colectivo busca ser proactivo en la promoción y defensa del cifrado en la región y movilizar actores en torno a esos objetivos.
Para conocer más sobre la iniciativa y sus planes iniciales, puede mirar el vídeo del evento de lanzamiento aquí.
Publicidad estatal e independencia de los medios de comunicación en Perú
El diario El Comercio de Perú publicó un artículo en el que criticó al recientemente designado asesor presidencial Ricardo Belmont por sus posturas extremistas y expresiones misóginas, xenófobas y homófobas. También lo criticó por haber afirmado que las vacunas son nocivas y porque hasta habría puesto en duda que el coronavirus fuera real.
En respuesta, Belmont calificó de “basura” al diario y afirmó que mientras él fuera asesor de la presidencia, el gobierno no pondría publicidad oficial en El Comercio.
La distribución arbitraria de fondos de publicidad entre medios afines al gobierno y la negativa a adjudicar tales fondos a medios opositores ha sido un problema largamente discutido que afecta la independencia de los medios de comunicación en América Latina.
En 2011, la CIDH estableció principios sobre este tema, en los cuales se afirma que la asignación arbitraria de fondos de publicidad oficial constituye una obstrucción indirecta de la libertad de expresión y recomienda la adopción de leyes específicas que regulen la materia.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), miembro de IFEX-ALC, condenó el carácter amenazante de los dichos del asesor presidencial y, en una nota, le recordó a Belmont que la distribución de publicidad oficial debe hacerse en función de las necesidades de comunicación del Estado hacia la población y no debe castigar o beneficiar a ningún medio.
En breve
Bolivia: Siete periodistas fueron secuestrados, torturados y baleados, además de sufrir pérdidas de equipos que fueron destruidos por las balas, según declararon luego de su liberación el 28 de octubre. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP Bolivia) instó a las autoridades a que investigaran estos hechos y llevaran a los autores materiales e intelectuales a la justicia.
México: El cuerpo del periodista Gerardo Antonio Moreno Aranda fue encontrado el 4 de octubre en el Océano Pacífico cerca de la costa del estado sureño de Chiapas. Fuentes informaron al Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) que Moreno Aranda había viajado a esa región para investigar vínculos entre el crimen organizado y las autoridades locales. CPJ afirma que la muerte de este reportero “ocurre tras una reciente serie de homicidios de periodistas en México” e insta a las autoridades mexicanas a “hacer todo lo que esté en sus facultades para determinar las causas de la muerte” de Moreno Aranda y “actuar con transparencia al comunicar el avance de la investigación a sus familiares y colegas”.
Ecuador: Según informes de Fundamedios, Félix Amaya, reportero del medio ecuatoriano Chequea, recibió un tiro a quemarropa con un proyectil de goma disparado por un agente de la Policía Nacional, mientras cubría una manifestación en el centro histórico de Quito, a pesar de que se había identificado claramente como periodista y portaba carné de prensa. Fundamedios expresó su preocupación ante el uso de violencia por las fuerzas policiales ecuatorianas contra manifestantes en las jornadas de protestas recientes.
