(CENCOS/IFEX) – El 29 de junio de 2007, fue agredido y amenazado Luis Fernando Nájera, reportero de diario «El Debate de Culiacán» y del semanario «Ríodoce». Esto ocurrió mientras cubría un cateo llevado a cabo por un grupo de reacción inmediata de policías ministeriales encapuchados a una casa habitación, en la ciudad de los Mochis […]
(CENCOS/IFEX) – El 29 de junio de 2007, fue agredido y amenazado Luis Fernando Nájera, reportero de diario «El Debate de Culiacán» y del semanario «Ríodoce». Esto ocurrió mientras cubría un cateo llevado a cabo por un grupo de reacción inmediata de policías ministeriales encapuchados a una casa habitación, en la ciudad de los Mochis perteneciente al municipio de Ahome ubicado en el estado de Sinaloa, al norte del país. Los lamentables hechos ocurrieron mientras cumplía con su trabajo de reportero gráfico, después del momento en que captó con su lente que una persona era golpeada por parte del grupo de reacción mientras se realizaba el cateo.
Después de terminar con la tarea que les fue encomendada es cuando el grupo de policías acometió contra Nájera. Fue perseguido, secuestrado, torturado y amenazado de muerte por el sólo hecho de haber cumplido con su trabajo de reportero.
En entrevista realizada por CENCOS a Irene Gonzáles Sánchez, compañera reportera de Luis Fernando en «El Debate de Culiacán» y secretaria de la Asociación de Periodistas Siete de Junio, comentó que Nájera presentó la denuncia ante la Procuraduría General de la República donde se encontró con una de las personas que lo habían agredido (un policía ministerial). Durante ese encuentro Nájera le reclamó la entrega de su equipo de trabajo, ya que este le fue retirado por parte de las autoridades, despojándolo así de sus pertenencias de trabajo: su cámara fotográfica; para lo cual el policía se negó.
Además de la negativa por parte del policía, éste le advirtió que por el contrario, lo iban a detener ya que le habían «encontrado una arma de fuego», la cuál era propiedad de uno de los elementos policíacos, en la camioneta que él reportero conducía por lo que en ese momento fue detenido y encarcelado. Fue privado de su libertad durante dos días, sin dar aviso a ningún familiar y/o amigo, quienes desconocieron su paradero hasta que fue dejado en libertad después de que tuvo que cubrir una multa de 20.000 pesos (aproximadamente 1860 USD).
La reportera González mencionó también que Luis Fernando presentó la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), en la Comisión de Derechos Humanos de Culiacán, y ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas, mencionando así que responsabilizaba de las agresiones al grupo de agentes de la policía ministerial, y al comandante Roberto Carlos Barcelo Villagrán, el cual exige a las autoridades que se investigue el caso y sean castigados los responsables conforme a la ley.
CENCOS exige a las autoridades Federales y Estatales que se le brinden medidas cautelares y protección al reportero. Por si es lamentable las agresiones por parte del crimen organizado hacia el gremio y los Medios de Comunicación; es más lamentable conocer que los responsables sean servidores públicos y que no reciban sanción alguna. Exigimos que las autoridades correspondientes lleven a cabo las medidas necesarias para el esclarecimiento de esta agresión.
