Los periodistas fueron acusados de "violar la reserva legal de la investigación" en el caso de la exhumación del cadáver del boxeador Edwin Valero.
(IPYS/IFEX) – El 13 de mayo de 2010, la periodista Mawampy Bonillo del diario «Panorama» y el reportero gráfico Enrique Rivera del diario «El Vigía» permanecieron detenidos en la subcomisaría Nº 12 del estado Mérida, al oeste del país.
Los periodistas fueron acusados de «violar la reserva legal de la investigación» en el caso de la exhumación del cadáver del boxeador Edwin Valero.
Según informó Bonillo a IPYS, ella y otros reporteros estaban afuera del cementerio, mientras cubrían la exhumación del cadáver de Valero. Bonillo relató que los policías le exigieron a ella, al reportero gráfico Rivera y a una vecina del lugar que observaba el acto, que los acompañaran hasta la subcomisaría Nº 12 de la Policía.
Los comunicadores permanecieron detenidos durante cuatro horas. Además, los policías les exigieron que borren las imágenes tomadas durante la tarde.
IPYS rechaza esta detención, que afecta el derecho a la libre circulación de información.
Por otro parte el 7 de mayo, apareció «Notillanos Plus», nuevo medio que surge en respuesta a la medida de cierre por 180 días que afecta al semanario «Notillanos». El nuevo medio tiene la misma periodicidad y circula en los estados Carabobo, Aragua, Guárico y Apure.
La publicación pertenece a una cooperativa que funciona en la ciudad de Valencia, está dirigida por Marcelo Parada y trabaja con la misma plana de periodistas.
José Alberto Morales, abogado de la municipalidad de San Fernando y quien ejecutó el cierre del periódico, declaró el 10 de mayo que estaban investigando al medio y que llegarían «sorpresas».
El dueño de «Notillanos», Vladimir Hidalgo, informó que la empresa ha enjuiciado al alcalde del municipio San Fernando, Jhon Guerra, al abogado de la municipalidad, José Alberto Morales, al superintendente Tributario de la alcaldía, Jhon Balí, y también al director de Protección Ciudadana y Seguridad, José Pinto Rosario. Se los acusa de abuso genérico de funciones y cobro ilegal de tributos.
IPYS exige que se investigue el caso y que la libertad de expresión sea garantizada, así como la seguridad de los medios.
