(PERIODISTAS/IFEX) – Los reporteros gráficos Daniel Barreto y Mastrangelo de Paula Reino, del diario «Tribuna Impressa» de Araraquara, en el interior del estado brasileño de Sao Paulo, denunciaron que el 31 de enero de 2002 un grupo de personas los atacó a golpes y rompió su equipamiento fotográfico cuando intentaron tomar imágenes de una cena […]
(PERIODISTAS/IFEX) – Los reporteros gráficos Daniel Barreto y Mastrangelo de Paula Reino, del diario «Tribuna Impressa» de Araraquara, en el interior del estado brasileño de Sao Paulo, denunciaron que el 31 de enero de 2002 un grupo de personas los atacó a golpes y rompió su equipamiento fotográfico cuando intentaron tomar imágenes de una cena entre un funcionario local y algunos empresarios.
Los periodistas se presentaron en un restaurante de la ciudad donde, según les habían informado, se encontraban comiendo el presidente de la Comisión de Licitaciones de la prefectura de Araraquara, Ademir de Souza, y representantes de una empresa que había obtenido la concesión para realizar la recolección pública de la basura.
Cuando Barreto y Reino intentaron tomar imágenes de la reunión, los comensales se ofuscaron. Algunos abandonaron rápidamente el lugar pero otros avanzaron contra los reporteros. Según relataron los periodistas, Barreto fue amenazado por Luiz Wolgran Teixeira Ferreira, abogado y consultor de la prefectura, y recibió una advertencia intimidatoria de un juez de nombre Júlio César de Carvalho, quien le dijo que le abriría un expediente. Ante la intimidación, relataron, los periodistas accedieron a borrar el registro fotográfico de sus cámaras digitales.
Su compañero Reino recibió un puñetazo en la boca y una patada en las piernas de parte de João Corrêa da Paixão, un individuo que en principio se identificó como guardaespaldas pero que en realidad es representante de la empresa Jual Prestação de Serviços e Obras. Según informó a PERIODISTAS Adriana Silva, editora de Política y Ciudades de «Tribuna Impressa», Jual participaba en la licitación de predios públicos. Corrêa fue arrestado en el acto pero logró a romper la cámara de Reino arrojándola al suelo.
La identificación de Corrêa permitió al director de «Tribuna Impressa», Antonio Carlos Pereira de Almeida, aclarar que los empresarios presentes no representaban a la empresa que obtuvo la licitación por la recolección de basura. Por su parte, el funcionario Ademir de Souza aseguró que sólo estaba de paso por el restaurante y que no estaba cenando ni conocía a ninguna de las personas que estaban allí aquel día.
El prefecto local, Edinho Silva, dijo a la prensa que confiaba en la versión de Souza y que no había pruebas de las acusaciones contra Wolgran. En efecto, las fotos habían sido borradas del registro digital. No obstante, el prefecto envió a la empresa Jual una nota pidiendo la separación de Corrêa de su cargo hasta que se realizaran las investigaciones sobre el caso.
El 5 de febrero los reporteros anunciaron la presentación de una denuncia criminal contra los agresores. Recibieron la solidaridad de la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ, siglas en portugués), a favor de que las investigaciones policiales conduzcan a un ejemplar castigo a los agresores, y de la Asociación Paulista de Periódicos (APJ), que consideró «inconcebible que en un país que conquistó a duras penas los derechos y garantías de la ciudadanía plena, algunos ciudadanos actúen de esta forma».
