(PFC/IFEX) – El 2 de abril de 2004, los abogados de la firma canadiense CINTEC retiraron la demanda penal por los delitos de difamación y calumnia que habían abierto en contra del director/propietario de «El Diario de Hoy», Enrique Altamirano, y dos de sus editores, Laffite Fernández y Álvaro Cruz. Los abogados de CINTEC no […]
(PFC/IFEX) – El 2 de abril de 2004, los abogados de la firma canadiense CINTEC retiraron la demanda penal por los delitos de difamación y calumnia que habían abierto en contra del director/propietario de «El Diario de Hoy», Enrique Altamirano, y dos de sus editores, Laffite Fernández y Álvaro Cruz. Los abogados de CINTEC no explicaron los motivos en base a los cuales claudicaron en su acción penal.
El 15 de diciembre de 2003, fue interpuesta la referida querella en el Tribunal Primero de Sentencia de la ciudad de San Salvador, exigiendo el pago de seis millones USD por daños y perjuicios ocasionados a los empresarios Antonio Cinquino y Matteo Pasquale, directivos de CINTEC, además de la detención de los tres demandados mientras se les procesaba y la inhabilitación de estos para ejercer el periodismo.
Diez alcaldías del área metropolitana de San Salvador firmaron en diciembre de 1997 un contrato con CINTEC para la construcción y operación de una planta procesadora de deshechos sólidos (basura). En febrero de 2003, «El Diario de Hoy», y en menor medida «La Prensa Gráfica», publicaron una serie de reportajes que revelaban nexos delictivos de los directivos de CINTEC. En estos informes, «El Diario de Hoy» aseguró que Cinquino estuvo preso por 33 meses en 1992 tras serle decomisado un cargamento de cocaína. También se vinculó al hermano de Cinquino con el tráfico de drogas. Igualmente, se publicó que otros directivos y accionistas de CINTEC estaban involucrados con una mafia «ítalo-canadiense» y en «transacciones de lavado de dinero».
Probidad, la institución que administra a PFC, se pronunció durante el 2003 en dos ocasiones, objetando la acción penal contra «El Diario de Hoy». «El sistema judicial salvadoreño, en lo referente a las materias de libertad de prensa y de protección del honor, es excesivamente represivo y no garantiza el debido respeto a los derechos de los denunciantes, comunicadores sociales y medios de prensa», advirtió en su ocasión la institución cívica.
Las figuras de calumnia, difamación e injuria están tipificadas como delitos en el Código Penal y las sanciones previstas son prisión o días multa. «Es decir que los imputados por faltas contra el honor son tratados por la legislación salvadoreña, que en está área se ha mantenido casi intacta desde su concepción en los regímenes militares, como delincuentes comunes», señalo Probidad en una carta que dirigió a la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice Alamani de Carrillo, en diciembre de 2003.
Según Fernández, uno de los periodistas procesados, el retiro del juicio demuestra que «El Diario de Hoy» nunca mintió. «Todo lo que publicamos sobre ese negocio es absolutamente la verdad», dijo en una nota publicada por ese matutino el 3 de abril de 2004.
Esto sin embargo contrasta con la posición de Probidad, la que, si bien es cierto objetó el proceso penal contra «El Diario de Hoy», constató mediante un análisis de los reportajes relacionados con el caso que «algunos datos no fueron validados debidamente» y «otros fueron presentados con inconsistencias», resultando en «la consecuente debilidad o insostenibilidad de las conclusiones a las que se había arribado». Probidad además denunció ante la Procuraduría de Derechos Humanos que «El Diario de Hoy» había violado el derecho a respuesta de CINTEC y de otras personas que fueron involucradas en las supuestas irregularidades reportadas por el matutino.
Probidad sigue pendiente, ahora que ha sido solventado satisfactoriamente el problema de la acción penal contra «El Diario de Hoy», de que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, tal como se le solicitó en diciembre de 2003, «promueva la adopción en la legislación secundaria de normas para regular, garantizar y tutelar el derecho a respuesta» y que procure ante los medios de comunicación «mecanismos de transparencia para garantizar la integridad de la información que producen», de tal forma que no sea violado el derecho a la información de los lectores y audiencias.
Siempre en relación al caso CINTEC, también están pendientes de ser investigadas las denuncias – varias de estas formuladas por «El Diario de Hoy» – sobre restricciones de acceso a la información impuestas por la empresa canadiense y las alcaldías de San Salvador en relación a sus documentos, registros e informes financieros.
Peticiones, alertas, reportajes y otra información relacionada al caso, se encuentran en:
www.probidad-sv.org/index.php?seccion=libexp/casos/2003/002.html
