(CEPET/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado, con fecha del 4 de octubre de 2007, de CEPET, un miembro provisional de IFEX: Evidencian reparto discrecional de publicidad oficial en México México, octubre 4, 2007 – «El gobierno de Felipe Calderón utiliza los recursos públicos para castigar y presionar o premiar y privilegiar a los […]
(CEPET/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado, con fecha del 4 de octubre de 2007, de CEPET, un miembro provisional de IFEX:
Evidencian reparto discrecional de publicidad oficial en México
México, octubre 4, 2007 – «El gobierno de Felipe Calderón utiliza los recursos públicos para castigar y presionar o premiar y privilegiar a los medios de comunicación por su línea editorial», denunció la revista «Proceso» en su edición del 30 de septiembre de 2007.
De acuerdo con datos de la Subdirección de Comercialización de «Proceso», en el primer semestre del gobierno de Calderón sus ingresos por publicidad oficial fueron de 278.600 pesos (aproximadamente 25.600 USD). En el mismo período del año anterior la cifra ya de por sí castigada por el gobierno de Vicente Fox – fue de 1.424.092 pesos (aproximadamente 131.000 USD). Esto evidencia que la nueva administración redujo en cinco veces su pauta publicitaria en el semanario político.
Y la tendencia a la baja continúa. A pesar de ser la revista política más importante de México, «Proceso» se ubica en el último lugar de los semanarios que recibieron publicidad oficial de enero a junio de 2007, incluso muy por debajo de «Vértigo», cuya circulación es considerablemente menor a la publicación que se autodenomina de información y análisis.
Según datos de la Secretaría de Gobernación de México (Ministerio del Interior), «Proceso» obtuvo una pauta publicitaria de 110.980 pesos, mientras que registra 321.600 pesos para «Vértigo», publicación de Televisión Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego y la más beneficiada entre los medios electrónicos con 67,155,000 pesos.
«Proceso» señala que «cada año, la Secretaría de Gobernación emite, mediante un acuerdo que se publica en el ‘Diario Oficial de la Federación’, sus propias reglas para distribuir la publicidad oficial, dejando al arbitrio del Ejecutivo Federal el reparto de los recursos y sin ningún tipo de control ni rendición de cuentas».
En 2003, la relatoría especial de la OEA para la libertad de expresión dedicó su informe al uso de la publicidad como restricción indirecta de la libre circulación de las ideas. En él señala que «como ocurre en México – con frecuencia se reparte la publicidad sin ninguna restricción o supervisión legal, lo que da lugar a la discrecionalidad y en consecuencia a la autocensura de los medios».
Precisa que, si bien no existe un derecho intrínseco de los medios a recibir recursos del Estado por publicidad, cuando se entregan de forma discriminatoria «se viola el derecho fundamental a la libertad de expresión».
