En una carta dirigida a Ricardo Lagos poco antes de su posesion a la presidencia de la República, RSF expresa su «profunda preocupacion ante los repetidos atentados contra la libertad de prensa debidos a la aplicacion de la ley de Seguridad del Estado». Cuando el Parlamento chileno se prepara para adoptar una nueva ley sobre […]
En una carta dirigida a Ricardo Lagos poco antes de su posesion a la presidencia de la República, RSF expresa su «profunda preocupacion ante los repetidos atentados contra la libertad de prensa debidos a la aplicacion de la ley de Seguridad del Estado». Cuando el Parlamento chileno se prepara para adoptar una nueva ley sobre la prensa, la Organizacion internacional de defensa de la libertad de prensa pide al futuro mandatario que «use su derecho de veto si el nuevo texto no prevee la derogacion de (dicha) ley». «Chile se honraría de tal decision, la cual le permitiría respetar sus compromisos internacionales relativos a la libertad de prensa» agrega Robert Ménard, secretario general de RSF, quien también pide a Lagos que «vele para que el nuevo texto legislativo no prevea penas de cárcel por delitos de prensa».
Adoptada en 1958, la Ley de Seguridad del Estado prevée penas de hasta cinco años de cárcel para los que difamen, injurien o calumnien al Presidente de la República, los ministros de Estado, los senadores, los diputados, los miembros de los tribunales superiores de justicia, independientemente que la persona esté o no en el ejercicio de sus funciones cuando se cometa la injuria. Desde 1990, diecisiete periodistas fueron detenidos o procesados en virtud de esa ley, tres de ellos durante los últimos doce meses.
El 15 de febrero 2000, José Ale fue condenado por la Corte Suprema a una pena de 541 días (dieciocho meses) de «presidio remitido» por haber «injuriado» a Servando Jordán, ex Presidente de la Corte Suprema (ver las alerts de IFEX del 24 y 8 marzo, y 22 febrero 2000). Fue dejado en libertad, pero el periodista debe presentarse con regularidad a las autoridades carcelarias para firmar un registro. En un artículo publicado el 7 de enero de 1998 en el diario «La Tercera», Ale comento las circunstancias en las cuales el ex magistrado dejo su cargo. En su decision, la mayor jurisdiccion chilena no retuvo en cambio ningún cargo contra Fernando Paulsen, director de «La
Tercera» en el momento de los hechos contra quién, Jordán también había presentado una queja.
Hasta la fecha, cinco jueces o tribunales examinaron la causa, resolviendo siempre no procesar las quejas del ex magistrado. El 28 de julio de 1999, el juez Alejandro Solís invoco la «incompatibilidad» de la ley de Seguridad del Estado con la libertad de expresion para justificar la absolucion del periodista. El periodista no tiene la posibilidad de apelar la decision de la Corte Suprema. Por este motivo, RSF se dirigio al presidente de esta institucion para «deplorar» esta condena, la cual restringe la libertad de circulacion de Ale.
Unos meses antes, en septiembre, se le concedio el asilo político en los Estados Unidos a la periodista Alejandra Matus (ver las alertas de IFEX del 5 mayo, 15 y 27 abril 1999). Ella salio de Chile después que, el 14 de abril, un juez de la Cámara de Apelaciones de Santiago emprende un
procedimiento judicial contra ella y ordena la incautacion de su obra «El libro negro de la justicia chilena». En este libro, Matus denunciaba la «corrupcion, el nepotismo y los abusos de poder» que, según ella, reinan en la administracion de justicia. Las diligencias judiciales también se iniciaron a peticion de Jordán, solicitando la aplicacion la ley de Seguridad del Estado. Hoy, Matus sigue amenazada con ser encarcelada y su libro sigue prohibido.
En su informe publicado en 1999, Santiago Canton, Relator sobre la Libertad de Expresion de la Organizacion de los Estados Americanos (OEA), denuncio «las claras limitaciones a la libertad de expresion» que conlleva este texto. En 1995, la Comision Interamericana de Derechos Humanos señalo que las leyes «para proteger el honor de los funcionarios públicos» van en contra «del principio fundamental de un sistema democrático». Por fin, en su último informe, el Relator especial para la libertad de opinion y de expresion de las Naciones Unidas «pide insistentemente a los gobiernos que tomen todas las medidas adecuadas para que los delitos de prensa ya no sean sancionados con penas de cárcel».
