(RSF/IFEX) – Lo siguiente es un comunicado de prensa de RSF del 23 de junio 2000: Visita de una mision de la OEA los días 26 y 27 de junio de 2000 Reporteros sin Fronteras pide a la mision de la OEA que exija a las autoridades peruanas que garanticen la independencia de la justicia […]
(RSF/IFEX) – Lo siguiente es un comunicado de prensa de RSF del 23 de junio 2000:
Visita de una mision de la OEA los días 26 y 27 de junio de 2000
Reporteros sin Fronteras pide a la mision de la OEA que exija a las autoridades peruanas que garanticen la independencia de la justicia
En una carta dirigida a Lloyd Axworthy, Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, y César Gaviria, Secretario General de la Organizacion de los Estados Americanos (OEA), responsables de la mision de la OEA que se desplazará a Lima los días 26 y 27 de junio, Reporteros sin Fronteras (RSF) ha expresado su «gran preocupacion» por los repetidos atentados contra la libertad de prensa perpetrados en el Perú. Entre los objetivos de esa mision figura «el reforzamiento de la libertad de prensa». Por eso, RSF ha pedido a Lloyd Axworthy y César Gaviria que exijan a las autoridades peruanas «[la apertura] de una investigacion sobre la responsabilidad del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) en las agresiones y amenazas de que han sido víctimas desde hace tres años quince periodistas especializados en reportajes de investigacion, así como en la publicacion de los resultados de esa investigacion». RSF ha pedido asimismo a la mision de la OEA que haga lo posible para que el Estado peruano garantice «la independencia de la justicia respecto del poder ejecutivo, y en especial que suprima el sistema de los ‘jueces provisionales’ que permite al Gobierno ejercer presiones sobre los medios de comunicacion que le critican».
RSF ha recordado que en estos últimos tres años se le han imputado al SIN numerosos atentados contra la libertad de prensa, consistentes en escuchas telefonicas, amenazas de muerte, agresiones, torturas, etc. En junio de 1998, Alberto Fujimori se había comprometido públicamente a iniciar investigaciones sobre todos esos casos, pero los resultados nunca se han hecho públicos. Hoy en día, se siguen ejerciendo presiones. El 8 de junio de 2000, Monica Vecco, periodista del mismo diario La República, recibio amenazas por haber acusado de utilizacion de los locales del SIN para imprimir documentos de propaganda electoral a la coalicion Perú 2000, que apoyaba la candidatura de Alberto Fujimori en la eleccion presidencial.
RSF ha denunciado asimismo las presiones ejercidas sobre los propietarios de los medios de comunicacion críticos con el Gobierno mediante la utilizacion del poder judicial, controlado por las autoridades gubernamentales desde 1992 gracias al sistema de los «jueces provisionales» que permite la revocacion de los magistrados de justicia. En septiembre de 1997, una decision de la Corte Superior de Lima privo definitivamente a Baruch Ivcher, accionista mayoritario del canal de television Frecuencia Latina, de sus prerrogativas en este medio de comunicacion después de que en los reportajes difundidos en esta emisora se hubiera cuestionado al SIN. Desde entonces, Frecuencia Latina ha adoptado una línea progubernamental en sus emisiones. Hoy en día, de los siete canales de television de señal abierta hay tres que los administran personas designadas por las autoridades judiciales; y un cuarto canal se halla envuelto en un proceso judicial. Las diligencias judiciales emprendidas contra un medio de comunicacion, incluso a iniciativa de particulares, permiten al poder ejecutivo influir en el fallo judicial gracias al sistema de los «jueces provisionales». La prensa audiovisual no es la única afectada. En marzo de 2000, el diario El Comercio fue objeto a su vez de diligencias judiciales por haber revelado que de los dos millones de firmas recogidas en apoyo a la candidatura de Alberto Fujimori, más de un millon eran probablemente falsas. Pese a que un juez ordeno que se archivara el expediente de este proceso, se prosiguen las diligencias judiciales contra el diario.
La situacion es muy preocupante porque los ciudadanos peruanos se ven privados de recurrir a la justicia internacional desde que, el 9 de julio de 1999, el gobierno de Alberto Fujimori decidio no reconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa decision, que la propia Corte califico de «inadmisible», se adopto en el mismo momento en que este tribunal se disponía a examinar la demanda presentada por Baruch Ivcher contra el Estado peruano.
