Reporteros Sin Fronteras constata con preocupación e indignación que los vetos contra la prensa que lleva practicando la formación española de extrema derecha Vox durante los últimos años se mantienen, en vísperas de las elecciones legislativas que podrían llevar al partido al Gobierno de la nación.
Este artículo fue publicado originalmente en rsf.org el 6 de julio de 2023.
Coincidiendo con el comienzo de la campaña para las elecciones generales del 23 de julio, Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide a la formación de extrema derecha Vox que retire el veto que lleva años imponiendo a determinados medios y periodistas, acate la decisión en este sentido del Tribunal Supremo y demuestre su compromiso con el artículo 20 de la Constitución, que consagra la libertad de prensa, respetando la labor de todos los medios y de sus profesionales.
Reporteros Sin Fronteras constata con preocupación e indignación que los vetos contra la prensa que lleva practicando la formación española de extrema derecha Vox durante los últimos años se mantienen, en vísperas de las elecciones legislativas que podrían llevar al partido al Gobierno de la nación. Cuando arranca la campaña electoral de los comicios del 23 de julio, la organización pide a Vox que ponga fin, de una vez por todas, a estas prácticas y permita acceder a todos los medios a sus actos de interés público, conforme a los pronunciamientos que ha formulado la Junta Electoral Central (JEC) y ha ratificado el Tribunal Supremo.
La máxima instancia de la Justicia española dictaminó, en marzo de 2021, que Vox había discriminado a medios del Grupo PRISA en la campaña para las elecciones legislativas de noviembre de 2019 “por considerarlos hostiles”, lo que supuso “un menoscabo de las garantías de transparencia y objetividad que deben tener los procesos electorales”. El pasado 28 de junio, a instancias de El País y la Cadena SER, la JEC recordó al partido que no puede discriminar a ningún medio en actos públicos de naturaleza electoral; un llamamiento al que se suma RSF, que insta a la formación a dejar de usar las limitaciones de aforo en sus convocatorias y otros pretextos para excluir a periodistas.
“Vox proclama su carácter democrático y su profundo compromiso con la Constitución española, que en su artículo 20 consagra el derecho de los periodistas a informar y el derecho de los ciudadanos a ser informados. Esperamos que un partido que aspira a gobernar España en solitario o en alianza con otras formaciones políticas sea escrupuloso con el respeto a la libertad de prensa, pues atentar contra ella es atentar contra la democracia. Vetar, excluir e injuriar a medios y periodistas son actitudes propias de los regímenes e ideologías liberticidas que RSF denuncia en todo el mundo.
Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de RSF España y del Consejo Internacional de RSF
Reporteros Sin Fronteras constata que, durante los últimos años, cada vez más medios, periodistas y hasta asociaciones profesionales han sido víctimas de exclusiones en ruedas de prensa, señalamientos y/o calumnias en redes, llamamientos al cierre, injurias y acciones judiciales de diversa índole, que no han prosperado. La organización recuerda que Vox se financia con fondos públicos y no puede pretender comportarse como una entidad privada con derecho de admisión, comunicando por correo electrónico a los periodistas la denegación de acreditaciones con pretextos diversos, como la limitación de aforo, cuando el propio Tribunal Supremo asevera: “la realidad es que la finalidad de la exclusión de determinados medios de comunicación de la cobertura informativa de actos electorales de Vox no es ésta, sino la consideración de que dichos medios son hostiles a la formación política”.
¿Cómo hacen los periodistas para cubrir la actualidad de un partido que los trata como personas no gratas, especialmente en campaña electoral? “A las ruedas de prensa diarias no voy. No tiene sentido, porque nos impiden la entrada. Hay otras convocatorias a las que sí hay que ir, como las noches electorales. La mayoría de los compañeros las cubren dentro de la sede del partido. Los que estamos vetados las cubrimos desde la calle, con la ayuda de otros compañeros, de lo que podemos leer en redes sociales y de lo que vemos desde fuera”, explica Sara Selva, periodista de la Cadena SER.
“He cubierto a Vox desde 2019 de forma intermitente, sobre todo en periodos electorales. He ido y sigo yendo a decenas de mítines. Nunca he estado acreditada para poder trabajar en las mismas condiciones que el resto de mis compañeros, nunca he podido entrar a la sede de Vox a una rueda de prensa. He cubierto los actos públicos del partido de incógnito, como una afiliada más presente en los actos. Pero, no he desistido en ningún momento”, afirma Laura Galaup, periodista de ElDiario.es, vetada no solo en los actos presenciales, sino en las cuentas en redes sociales y otros canales oficiales de información de Vox.
Excluidos de todos los actos del partido en Ceuta, donde Vox gobierna con el PP, Antonio Sempere y Paloma Fernández Coleto, fotoperiodista y editora, respectivamente, del digital local El Periódico de Ceuta (antes, El Foro de Ceuta), explican a RSF cómo han sido las represalias del partido por revelar sus conversaciones xenófobas, islamófobas y supremacistas en un grupo de whatsapp. “Fui denunciada por acoso, chantaje, extorsión y pertenencia a organización criminal, en la que incluían erróneamente a dos miembros del grupo de whatsapp que creían autores de las filtraciones. Tras esa denuncia, el PP pactó con Vox, que le impuso como condición cambiar el plan de medios y dejar sin publicidad institucional al nuestro. Así, se creó una UTE (Unión Temporal de Empresas) de otros digitales y a nosotros nos dejaron fuera del reparto de los 2,5 millones de euros anuales que se asignan a los medios ceutíes. Como editora, es un varapalo, porque competir en un mercado sesgado sin fondos es duro, pero periodísticamente es muy empoderador saber que hemos ganado judicialmente a Vox. Nunca nos van a callar”, sentencia Paloma Fernández Coleto.
Vox no puede impedir la entrada de periodistas a las ruedas de prensa que ofrece en el Congreso de los Diputados, ni a los mítines o declaraciones que realiza en la calle, por tratarse de espacios públicos. “Y aún así, como no nos acreditan, no podemos acceder a las zonas de prensa para trabajar en condiciones o tomar una buena fotografía; sus portavoces no nos contestan a ninguna pregunta y, cuando lo hacen, en ocasiones es para insultarnos. Un partido es una de las instituciones básicas de una democracia y por eso recibe subvenciones pagadas con nuestros impuestos, que en el caso de Vox suponen más del 60% de sus ingresos”, señala Miguel González, veterano periodista de El País.
Vox argumenta, sin embargo, que es “el partido que más se somete al escrutinio público”. Consultado por RSF, un portavoz de la formación afirma: “desde hace varias campañas electorales, todos nuestros actos son abiertos al público. Además, se emiten en ‘streaming’ en abierto, a través de nuestro canal de YouTube. Del mismo modo, se realizan ‘canutazos’ antes de cada acto, en los que no se requiere acreditación a los medios. Somos el único partido que da todos estos servicios a la prensa en abierto”.
“Esto da una idea del concepto del derecho a la información que tiene Vox. Por ‘streaming’, solo podemos hacer de receptores de sus mensajes, no podemos ni preguntarles”, rebate Miguel González, que cree que no hay que desistir, porque es el objetivo que persigue el partido. “La información es un derecho del ciudadano, no podemos privarle de ella. Y si nos ponen trabas, tenemos que superarlas. Tras las elecciones del 28 de mayo, me presenté en una rueda de prensa de Santiago Abascal y me dijeron que no podía entrar. Pregunté por qué y responsables de prensa contestaron: ‘tú ya lo sabes’. Pues aunque lo sepa, seguiré insistiendo, porque es clave no normalizar que un partido vete a periodistas e impida el acceso de medios de comunicación. Eso es normalizar la vulneración de un derecho fundamental recogido en el artículo 20 de la Constitución Española”, concluye.