(RSF/IFEX) – RSF se declara preocupada por los obstáculos que están encontrando tres proyectos de ley federales relativas a la distribución de la publicidad oficial, sobre todo en los medios de comunicación. La organización constata que esa forma de maná económico frecuentemente sirve para castigar o recompensar a la prensa. «La discriminación en la atribución […]
(RSF/IFEX) – RSF se declara preocupada por los obstáculos que están encontrando tres proyectos de ley federales relativas a la distribución de la publicidad oficial, sobre todo en los medios de comunicación. La organización constata que esa forma de maná económico frecuentemente sirve para castigar o recompensar a la prensa.
«La discriminación en la atribución de la publicidad oficial afecta gravemente al funcionamiento de algunos medios de comunicación, sobre todo en las provincias, y alimenta un clima permanente de tensión entre la prensa y el poder. Ha llegado el momento de terminar con esa situación; las proposiciones de ley sobre la publicidad oficial, presentadas en el Congreso federal, pueden contribuir a ello. Por otra parte, resulta paradójico que el gobierno y su mayoría parlamentaria prevean un aumento del presupuesto publicitario y pongan mala cara a la hora de aceptar mejores garantías, en cuanto a su reparto», ha declarado RSF.
Según la organización Poder Ciudadano, en 2005 el montante de la publicidad oficial se elevó a 127 millones de pesos argentinos (aproximadamente 32,7 millones de euros), es decir un 43,8 por ciento más de lo previsto inicialmente en el presupuesto. En 2006, la suma alcanzó los 161 millones de pesos, unos 41,4 millones de euros. El proyecto de presupuesto para 2007, actualmente en discusión en la Cámara de Diputados federal, se cifra en 225 millones de pesos, unos 58 millones de euros.
Con el fin de repartir mejor el maná, se han presentado en el Congreso tres proposiciones de ley. La primera, presentada en el Senado por Ricardo Gómez Diez (Partido Renovador) y defendida entre otros por Ernesto Sanz (Unión Cívica Radical, UCR) e Hilda González de Dualde (Partido Justicialista, PJ, peronista, en el poder), garantizaría una distribución automática del 15 por ciento de la suma a cada medio de comunicación inscrito en un registro oficial de publicidad, instituido por la ley. El 85 por ciento restante se repartiría proporcionalmente a los índices de audiencia de las radios y las televisiones, o al número de ejemplares vendidos por los periódicos.
La proposición de ley senatorial ha chocado con la oposición del presidente de la Comisión del Senado para los Medios y la Libertad de Expresión, Guillermo Jenefes (PJ) quien, el 17 de octubre de 2006, declaró al diario «La Nación», «No creo que sea un tema legislable. Además, en la Argentina hay absoluta libertad de expresión».
Denunciando «evidentes discriminaciones» en la distribución de la publicidad oficial, el senador Ricardo Gómez ha insistido sin embargo, a RSF, en la necesidad de «limar las dificultades de los periodistas al acceso a la información, la ausencia de mecanismos de comunicación, como las conferencias de prensa de los funcionarios, que hoy no existen».
En la Cámara de Diputados se ha relanzado este año una proposición de ley, presentada en 2004 por el diputado Federico Pinedo (bloque PRO), que prevé igualmente la creación de un registro oficial de publicidad pero fija, como criterio para concederla, su interés por el público y la cobertura geográfica del medio de comunicación. El proyecto no ha figurado nunca en el orden del día de la cámara baja, como tampoco una tercera proposición de ley, también presentada por la diputada Silvina Giudici (UCR).
