(RSF/IFEX) – RSF está profundamente afectada por la muerte de Héctor Ramírez, de Radio Sonora, y la violencia de que han sido víctimas varios periodistas, por parte de algunos simpatizantes del general José Efraín Ríos Montt, potencial candidato del Frente Republicano Guatemaltecco (FRG, en el poder) a las elecciones presidenciales. «La violencia de los manifestantes […]
(RSF/IFEX) – RSF está profundamente afectada por la muerte de Héctor Ramírez, de Radio Sonora, y la violencia de que han sido víctimas varios periodistas, por parte de algunos simpatizantes del general José Efraín Ríos Montt, potencial candidato del Frente Republicano Guatemaltecco (FRG, en el poder) a las elecciones presidenciales.
«La violencia de los manifestantes contra la prensa es extremadamente grave, y no debe quedar impune. Es su deber que los autores sean identificados y sancionados», ha manifestado Robert Ménard, secretario general de RSF, en una carta dirigida al presidente de la República, Alfonso Portillo.
«Le ponemos en guardia contra cualquier dejación, porque los agresores pertenecen a las filas de su propio partido. Reporteros sin Fronteras está extremadamente preocupada por esta nueva violencia, dado que en las últimas semanas una decena de periodistas se han visto amenazados o agredidos. Es urgente frenar esta espiral de violencia», añade la organización (ver las alertas de IFEX del 21, 15, 9 y 4 de julio, 27 y 25 de junio de 2003).
El 24 de julio de 2003, Ramírez, de Radio Sonora, murió de un paro cardíaco mientras unos partidarios del FRG le perseguían por las calles de la Ciudad de Guatemala. De 61 años de edad, Ramírez también era periodista del informativo televisado «Notisiete», emitido por Canal 7.
Varios periodistas más, que intentaban acercarse a los edificios bloqueados por los partidarios del general Ríos Montt, fueron agredidos por éstos. Algunos de los manifestantes iban encapuchados y llevaban armas de fuego o armas blancas. Insultaron a los periodistas y les persiguieron, amenazando con golpearles.
Entre ellos, Juan Carlos Torres, fotógrafo del diario «elPeriódico», y Héctor Estrada, camarógrafo del canal Guatevisión, consiguieron escapar después de que unos manifestantes les rociaran con gasolina, para quemarlos vivos. El primero, al que le rompieron el material, fue hospitalizado.
Según el diario «Prensa Libre», a Donald González, de una radio local, le destrozaron la moto; y los manifestantes, que intentaban robarle el material, golpearon violentamente a un fotógrafo del periódico «Siglo XXI».
Por otra parte, según la organización Periodistas Frente a la Corrupción, unos partidarios del general Rios Montt agredieron, delante de la Corte Suprema de Justicia, a Edgar Valle, del informativo televisado «Notisiete», y a su camarógrafo.
El mismo día más tarde, según la Agence France-Presse (AFP), las oficinas de los diarios «Prensa Libre», «elPeriódico» y «Nuestro Diario» tuvieron que ser parcialmente evacuadas, tras haber recibido llamadas previniéndoles de que podrían ser objeto de violencia. Sólo permanecieron en sus puestos los periodistas. Según un responsable de «elPeriódico», trescientas personas se concentraron delante del periódico. Acusan a la prensa de ser la responsable de la suspensión de la candidatura del general Ríos Montt.
ANTECEDENTES:
Los manifestantes exigían que el general Ríos Montt pueda presentarse a las elecciones presidenciales del próximo 9 de noviembre. Durante varias horas bloquearon el acceso a diversas instituciones, y a un edificio privado en el que se encontraban varios cientos de personas. Sus partidarios llegaron al centro de la ciudad en autobuses, desde las primeras horas del día.
El 20 de julio, la Corte Suprema de Justicia aceptó el recurso presentado por dos partidos de la oposición contra una decisión de la Corte Constitucional, autorizando a Ríos Montt, autor de un golpe de Estado en 1982 y actual presidente del Congreso, a presentarse a las elecciones presidenciales, a pesar de que una ley de 1985 prohíbe que cualquier ex dictador se presente al máximo cargo. La decisión de la Corte Suprema tiene por efecto suspender provisionalmente la candidatura del general. Cuando estaba en poder (1982-1983), las fuerzas armadas cometieron numerosas violaciones de derechos humanos.
