(RSF/IFEX) – RSF se ha enterado, con inquietud, de las estadísticas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en relación con las intimidaciones, amenazas de muerte y abusos judiciales que llevan sufriendo los periodistas dominicanos desde el comienzo del año 2008. Desgraciadamente, las cifras, detalladas en la edición del 5 de octubre del […]
(RSF/IFEX) – RSF se ha enterado, con inquietud, de las estadísticas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en relación con las intimidaciones, amenazas de muerte y abusos judiciales que llevan sufriendo los periodistas dominicanos desde el comienzo del año 2008. Desgraciadamente, las cifras, detalladas en la edición del 5 de octubre del periódico nacional «El Nuevo Diario», confirman un aumento de la violencia contra los medios de comunicación, que la organización ha podido constatar por sí misma.
Según el SNTP, un total de 32 periodistas han sido blancos de agresiones y amenazas, mientras que otros 21 han pasado por procedimientos judiciales. Más de la mitad de los casos han ocurrido en el territorio del Distrito Nacional y en la provincia al este de Santo Domingo.
«El narcotráfico, la corrupción o los conflictos de intereses entre las diferentes actividades de las personas públicas representan otras tantas promesas de represalias para los profesionales de los medios que se atreven a denunciarlo. La justicia no se da tanta prisa en condenar a los agresores de un periodista como en citar a un editorialista o al director de un programa que tiene conflictos con las autoridades. Por eso, hacemos un llamamiento al poder político y a la autoridad judicial, para que saquen lo antes posible enseñanzas de esta situación e influyan en ella, abriendo conversaciones con el SNTP y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP)», ha declarado RSF.
El SNTP subrayó que el asesinato del camarógrafo y productor del canal privado regional Teleunión, Normando García, ocurrido el 7 de agosto en Santiago de los Caballeros, no ha sido aclarado. Aunque todavía no se ha establecido el motivo, su muerte ha acentuado, por una parte, la persistente precariedad de la seguridad de los periodistas y, por otra parte, un clima de tensión entre la prensa y las autoridades, que sigue manteniéndose vivo.
Entre los periodistas inmersos en procedimientos judiciales se encuentra Alicia Ortega, productora del canal privado nacional SIN Canal 7, quien denunció un caso de estafa, acusando a la empresa WM Comercializadora Interamericana. El 26 de septiembre, la justicia consideró inaceptable la denuncia por «injurias», «difamación» y «atentado al honor» presentada por la mencionada empresa contra la periodista, cuyas oficinas han sufrido un atentado. Sin embargo, la movilización de la prensa a favor de su compañera propició la decisión judicial.
En otro caso, periodistas y ciudadanos han tenido que poner en marcha una petición ante la inercia judicial en cuanto a la agresión contra el periodista y escritor independiente Vianco Martínez, ocurrido el 23 de agosto y llevada a cabo por dos guardaespaldas del empresario Saymon Díaz.
También han tenido que intervenir los representantes de la profesión ante la multiplicación de procedimientos judiciales iniciados por el Ministro de Turismo y empresario del sector, Félix Jiménez, entre otros contra Manuel Quiterio Cedeño, editorialista del diario nacional «El Caribe».
En algunos casos, los procedimientos judiciales han sido precedidos por amenazas de muerte o agresiones, como ocurrió en el caso de Manuel Antonio Vega, corresponsal del periódico «Listín Diario» y productor de programas de televisión y radio en Hato Mayor, al este del país. Un diputado y la esposa de un magistrado ahora pretenden abrir un procedimiento judicial contra Vega.
En el capítulo de las amenazas más graves, RSF se mantiene muy atento a la situación de Carlos Corporán, director del programa «El Sensor de la Tarde» de la emisora Sur 91.9 y corresponsal de «El Nuevo Diario» en San Cristóbal, al sur del país. El 30 de septiembre, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Domingo Porfirio Rojas Nina, denunció la existencia de un plan para atentar contra el periodista, después de que hiciera algunas revelaciones sobre un asunto de narcotráfico que podrían llevar a la acusación de la magistratura local. Corporán tiene ahora protección policial, pero la investigación sobre el origen de las amenazas no ha avanzado.
Para mayor información sobre el caso García, ver: http://ifex.org/es/content/view/full/95998
Para mayor información sobre el caso Vega, ver: http://ifex.org/es/content/view/full/80596
