(RSF/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de RSF, con fecha del 11 de julio de 2002: Reporteros sin Fronteras y la Red Damocles serán parte civil en el proceso de los presuntos asesinos del periodista y humorista Jaime Garzon Ahora que, teoricamente, el día 11 de julio de 2002 podría iniciarse […]
(RSF/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de RSF, con fecha del 11 de julio de 2002:
Reporteros sin Fronteras y la Red Damocles serán parte civil en el proceso de los presuntos asesinos del periodista y humorista Jaime Garzon
Ahora que, teoricamente, el día 11 de julio de 2002 podría iniciarse el proceso de los presuntos asesinos del periodista y humorista Jaime Garzon, Reporteros sin Fronteras y la Red Damocles, brazo judicial de Reporteros sin Fronteras, anuncian que serán parte civil en las audiencias. Las organizaciones estarán representadas por el abogado Alirio Uribe, de la asociacion Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Preocupadas por el curso que ha tomado la investigacion – algunos testigos que implicaban a militares habrían sido descartados demasiado pronto por los investigadores -, Reporteros sin Fronteras y la Red Damocles quieren, por eso, participar en el desarrollo del proceso. «Esperamos que en esta fase procesal se pratique por fin las pruebas que no fueron praticadas por los investigadores durante la fase de investigacion», subrayaron Robert Ménard, secretario general de Reporteros sin fronteras, y Jean-Pierre Getti, vice presidente de la Red Damocles, en una carta dirigida al juez Julio Roberto Ballesta Silva, que presidirá las audiencias.
Para Reporteros sin Fronteras, este paso, el primero de la organizacion en América Latina, va dirigido también a mantener la atencion de la sociedad colombiana en el seguimiento de un asesinato que provoco, en agosto de 1999, una movilizacion sin precedentes en el país. El día de los funerales, varios cientos de miles de colombianos salieron a las calles, para rendir un último homenaje a Jaime Garzon.
Ambas organizaciones esperan así crear un precedente importante en la lucha contra la impunidad que, frecuentemente, disfrutan los asesinos de periodistas en Colombia. Durante los diez últimos años se han producido en el país cuarenta asesinatos de profesionales de la informacion y, al día de hoy, prácticamente todos ellos permanecen sin castigo.
Colombia figura en la lista negra de los veintiún países del mundo en que los asesinos, los responsables de desapariciones y los torturadores de periodistas, disfrutan de una impunidad total. Esa lista negra la publicaron Reporteros sin Fronteras y la Red Damoclès el 1 de julio de 2002.
Recordatorio de los hechos
Jaime Garzon, periodista y humorista en la emisora Radionet, y en el canal de television Caracol Television, resulto abatido el 13 de agosto de 1999, en Bogotá, por dos hombres que circulaban en moto. El 2 de enero de 2002, el fiscal encargado del caso, Eduardo Meza, dio por terminada la investigacion que determino que se trataba de un asesinato por encargo de Carlos Castaño, el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares), y ejecutado por Juan Pablo Ortiz Agudelo, alias El Bochas, autor de los disparos, y Edilberto Antonio Sierra Ayala, alias Toño, conductor de la moto. Ambos fueron detenidos en enero de 2000 y septiembre de 2001, respectivamente. En junio de 2000 se dicto una orden de detencion contra Carlos Castaño.
El movil del asesinato habría sido la participacion de Jaime Garzon en unas negociaciones, destinadas a conseguir la liberacion de personas secuestradas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El jefe de los paramilitares acusaba al periodista de estar haciendo el juego a la guerrilla, y también de haber recibido dinero a cambio de sus servicios. Sin embargo, algunas informaciones aparecidas en la prensa mencionan algunos testimonios, descartados por los investigadores, que implican a militares. Según esas informaciones, determinados sectores del ejército temían las revelaciones del periodista sobre su presunta implicacion en el tráfico de armas y el tráfico de personas secuestradas, con la guerrilla de las FARC. Los investigadores afirman que esos testimonios no han sido confirmados por ninguna prueba.
Una vez terminada la investigacion, el caso se entrego al juzgado séptimo penal del circuito especializado de Bogotá. Desde el 1 de julio, las partes del caso – los abogados de la familia y de la compañera del periodista, los de los acusados y el representante del Ministerio Público – tenían diez días para dar a conocer al juez las pruebas que quieren que se pratiquen durante el juicio. Teoricamente, el proceso podría iniciarse inmediatamente a partir del 11 de julio y terminar un año después de su apertura, como muy tarde.
