Agosto en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión y el espacio cívico producido por la editora regional de IFEX, Laura Vidal, basado en informes de miembros de IFEX y artículos periodísticos de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Tras las elecciones presidenciales en Venezuela, se ha agudizado la represión, con fuertes arremetidas contra las protestas, una mayor censura a los medios de comunicación y nuevas leyes que amenazan a las libertades civiles. En Uruguay, los recientes cambios legislativos plantean un riesgo importante para la libertad de expresión, al erosionar las protecciones contra la concentración de los medios y reducir la fiscalización. En todo el continente americano, los periodistas siguen enfrentando amenazas que van desde detenciones de manifestantes en Estados Unidos hasta la constante persecución del periodista guatemalteco José Rubén Zamora y los nuevos ataques del presidente salvadoreño contra El Faro.
Venezuela: crece y se intensifica la ola de violencia
Tras las elecciones presidenciales de julio en Venezuela, el período postelectoral ha inaugurado un nuevo capítulo en la crisis política del país, con graves repercusiones. Veinte personas han muerto y los opositores políticos de Nicolás Maduro, cuya reelección ha sido fuertemente cuestionada a nivel nacional e internacional, enfrentan una creciente represión. La oposición, encabezada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, ha reclamado mayor transparencia en el proceso electoral y, más concretamente, la publicación de las actas de escrutinio originales. A pesar de sus esfuerzos, estos documentos siguen sin publicarse, lo que ha avivado el descontento.
El gobierno reaccionó al estallido de protestas en todo el país con una respuesta que se describe como la más dura hasta la fecha. Según fuentes oficiales, más de 2.000 manifestantes han sido detenidos, entre ellos menores de edad y personas con discapacidades. Estos son enviados a cárceles comunes que ya se encuentran superpobladas y en las que se cometen numerosas violaciones de los derechos humanos, en localidades alejadas de sus hogares, y sin permitirles acceder a representación legal para defenderse de los cargos de “terrorismo” de los que se les acusa.
Durante la campaña electoral, la prensa ya había estado asediada y ahora enfrenta una mayor represión en medio de la persistente crisis política. Muchos periodistas se han visto obligados a abandonar el país, algunos cruzando la frontera a pie para escapar de la persecución. El miembro de IFEX Espacio Público denunció la detención de 13 periodistas.
Una declaración de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue una de muchas alertas dirigidas a la comunidad internacional sobre el recrudecimiento de la represión y sobre “las prácticas de terrorismo de Estado”, que incluyen allanamientos, el señalamiento de viviendas en ciertos barrios con una “X” para intimidar a opositores, cierres de medios de comunicación, confiscaciones de equipos y la expulsión de la prensa internacional. Periodistas, activistas, manifestantes y otros ciudadanos venezolanos se han encontrado sin pasaporte luego de que se les anulara repentinamente dicho documento. Las autoridades también han compartido en televisión y redes sociales videos de detenciones, con el fin de amedrentar a posibles manifestantes.
El resultado es un clima de temor que obliga a periodistas y a la población en general a extremar medidas para protegerse, por ejemplo, limitando su actividad en redes sociales y evitando cubrir ciertos temas delicados.
La prensa ha sido blanco de amenazas por parte de alcaldes, gobernadores y grupos progobierno (conocidos popularmente como “colectivos”). Han circulado listas con nombres, fotos e información personal de líderes opositores, integrantes de mesas de votación y periodistas para facilitar su detención. Las autoridades públicas estigmatizan crecientemente a periodistas y medios de comunicación independientes, tildándolos de “golpistas”, “operadores de la derecha fascista” y “terroristas financiados” por intereses foráneos. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruiz, advirtió que Venezuela está ahora bajo un toque de queda no decretado que amenaza con desarticular el periodismo en el país.
Para mitigar los riesgos, algunos periodistas han recurrido a imágenes generadas por inteligencia artificial para transmitir información verificada y corroborada por medios independientes.
Pero estos y otros esfuerzos enfrentan cada vez más desafíos. El 15 de agosto se aprobó una temida ley que podría clausurar totalmente el espacio cívico en Venezuela. Poco antes de las elecciones, la red de IFEX-ALC se sumó a otras redes de la sociedad civil para advertir sobre los efectos devastadores que tendría la ley. Este cambio normativo fue seguido poco después por la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad, que puede exigir a entidades públicas o privadas que presenten información relacionada con la ciberseguridad del país. Según trascendió, el gobierno venezolano anunció que este consejo se crearía por decreto con el fin de establecer una red de vigilancia permanente.
La tecnología ha jugado un papel central en la facilitación de esta ola de represión. Ha habido un importante despliegue del aparato de vigilancia y control venezolano desarrollado a lo largo de los últimos 15 años. Las fuerzas de seguridad han hecho un seguimiento estrecho de las redes sociales, instando a los partidarios del régimen a denunciar cualquier actividad disidente en línea. Esto ha llevado a detenciones, allanamientos de viviendas y lugares de trabajo sin orden judicial y la denegación de juicios justos a los detenidos. Los ciudadanos arrestados son enviados a centros de reeducación, donde, según ha afirmado el mismo Maduro, “no habrá perdón ni contemplación”. Esta represión también es parte de lo que se conoce como “Operación Tun”, que utiliza plataformas como Instagram, Telegram y X (anteriormente Twitter) para difundir información privada con datos identificatorios, en una práctica conocida como “doxeo” dirigida a exponer a disidentes, incluidos activistas, periodistas y ciudadanos comunes que oficiaron de testigos en mesas de votación.
En algunos casos, este doxeo es realizado por los propios vecinos, alentados por el gobierno.
Las autoridades públicas han acusado a plataformas de redes sociales de ser instrumentos “multiplicadores del odio” y promueven leyes que tildan de “fascistas” “neofascistas” o “ciberfascistas” a las voces críticas que se expresan en línea. El gobierno ha bloqueado al menos 107 sitios web, incluidos 63 medios de comunicación y 9 plataformas de derechos humanos. X fue bloqueada durante 10 días luego de que Maduro acusara a su propietario, Elon Musk, de utilizar la red social para “promover el odio”. En apariciones públicas, Maduro anunció que “rompe relaciones” con WhatsApp, afirmando que la aplicación entregó “la lista de toda Venezuela al narcotráfico colombiano” y alentando a la gente a pasarse a Telegram y WeChat, que pueden ser menos seguras con información sensible. Parece que uno de los objetivos que persigue Maduro con esta medida es estigmatizar el uso de la aplicación, que es la más popular entre los venezolanos para comunicarse a nivel local y con quienes están en el extranjero (cerca de 9 millones de venezolanos han emigrado desde el comienzo del colapso económico), y así quebrar las redes de comunicación y confianza que se han creado hasta ahora, normalizando la desconfianza y el miedo.
Uruguay: un retroceso
Más de cuatro años después de que el gobierno del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou propusiera derogar la ley de medios que calificó de “hiperregulatoria”, Uruguay ha dado un gran paso atrás en materia de libertad de expresión. IFEX-ALC y otras redes regionales de defensa de la libertad de expresión han manifestado su profunda preocupación y firme oposición a la nueva ley.
En el texto de la reforma, que no abarca a los medios digitales, se redujo el número de artículos a la mitad. Se han eliminado términos como “monopolio” y “oligopolio”, así como la designación del espectro radioeléctrico como “patrimonio común de la humanidad”. En su lugar, un nuevo artículo obliga a los medios de comunicación a brindar información política “imparcial”, “seria” y “equilibrada”.
Según la organización local y miembro de IFEX, Cainfo, “con esta reforma se concreta un retroceso significativo en materia de derechos humanos, con la aprobación de un marco regulatorio contrario a los estándares interamericanos de libertad de expresión. Esto tendrá, entre otras consecuencias, el aumento de la concentración y el blanqueo de la situación actual de varios grupos mediáticos, la extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación y la eliminación de la participación pública y el control ciudadano en los procesos de adjudicación de frecuencias”.
Una declaración suscrita por IFEX-ALC y otras redes regionales de defensa de la libertad de expresión destacó como agravante que la reforma se produce en un contexto electoral, a menos de cinco meses de las elecciones generales en los que se elegirá un nuevo gobierno. El momento elegido tiene consecuencias negativas para el debate democrático, el acceso a información de calidad y el libre ejercicio del periodismo.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había declarado anteriormente que la reforma “podría implicar censura previa y generar impactos en la concentración de medios, la transparencia y la participación ciudadana”. Para organizaciones regionales e internacionales, la nueva norma supone una regresión en materia de derechos humanos y libertad de expresión, dos áreas en las que Uruguay se ha destacado tradicionalmente en comparación con sus vecinos de la región y los desafíos enfrentan.
En breve
En agosto hubo buenas noticias desde Colombia, donde el presidente Gustavo Petro anunció que establecería un canal de comunicación con los miembros de IFEX Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). El presidente expresó su voluntad de actuar con firmeza en materia de violencia contra la prensa y se comprometió a abrir un canal de comunicación directa para responder más rápidamente a los casos de ataques graves.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele arremetió nuevamente contra el medio de prensa de investigación El Faro, esta vez por la publicación de informes que exponen el mal manejo de fondos durante su gobierno.
ARTICLE 19 México y Centroamérica denunció que en Cuba se siguen violando los derechos humanos de los presos políticos, incluyendo la negativa de atención médica, el sometimiento a condiciones insalubres y a aislamiento prolongado, y la restricción del contacto con sus familiares.
RSF condenó las detenciones de al menos tres periodistas acreditados que cubrían las protestas durante la Convención Nacional Demócrata (DNC) en Chicago. Exhortó a que se retiraran todos los cargos contra ellos, afirmando que la policía de Chicago y de todo Estados Unidos debe respetar el derecho de la prensa a informar en condiciones seguras y sin interferencias durante las actividades y protestas relacionadas con la campaña electoral.
Se concedió el arresto domiciliario al periodista guatemalteco José Rubén Zamora, encarcelado desde julio de 2022, pero solo por una de las acusaciones en su contra. Por lo tanto, seguirá tras las rejas por otro cargo que se le imputa. La situación política y judicial en Guatemala sigue suscitando preocupación a nivel nacional e internacional por las amenazas al estado de derecho y la independencia del poder judicial.