En un video, el abogado secuestrado, Mario Ángel González Rodríguez, acusa a la ex procuradora general de justicia del estado de Chihuahua de haber ordenado el asesinato de los periodistas.
(RSF/IFEX) – En un video publicado el 25 de octubre de 2010 en la página web del periódico «El Diario» (después difundido por Youtube), el abogado secuestrado, Mario Ángel González Rodríguez, acusa a su propia hermana, Patricia González, ex procuradora general de justicia del estado de Chihuahua, de haber ordenado el asesinato de dos periodistas.
Rodeado por cinco individuos encapuchados y fuertemente armados, Mario Ángel González asegura que los artículos de Armando Rodríguez Carreón, reportero del periódico «El Diario», y Enrique Perea Quintanilla, fundador y director de la publicación mensual «Dos Caras, Una Verdad», sugerían los nexos de su hermana con el cartel de Juárez. Incómoda, Patricia González habría ordenado su ejecución. Rodríguez Carreón fue asesinado frente a su domicilio en Ciudad Juárez el 13 de noviembre de 2008. Perea Quintanilla fue asesinado el 9 de agosto de 2006 y los supuestos asesinos identificados como miembros del cartel de Juárez confesaron su crimen en un sospechoso video enviado a TV Azteca.
RSF recibe este tipo de revelaciones con toda la cautela que se requiere. El interrogatorio de Mario Ángel González, con su gran puesta en escena, plantea claramente el cuestionamiento sobre la veracidad de las declaraciones efectuadas. ¿Quiénes son los autores de esta grabación? ¿Con qué objetivo la realizaron? ¿Quiénes son los hombres armados que aparecen alrededor del abogado y cuál es la razón de su presencia en la pantalla? ¿Mario Ángel González confiesa espontáneamente o recita una lección aprendida anteriormente? La investigación sobre la muerte de los dos periodistas, aún sin resultados, debe retomarse a partir de estas preguntas.
Ubicado en el lugar 136, de entre 178 países, en la clasificación mundial de la libertad de prensa establecida por Reporteros sin Fronteras en 2010, México cuenta con once periodistas asesinados desde el 1 de enero de 2010, y en siete casos es probable o está comprobado el nexo con la profesión.
