(PROBIDAD/IFEX) – El acoso contra la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) se intensificó esta semana al publicarse en un diario digital un campo pagado en el cual se acusa a la organización de no cumplir con las cotizaciones de sus empleados ante el estatal Seguro Social, tras asegurar sus autoridades que ello «violenta» […]
(PROBIDAD/IFEX) – El acoso contra la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) se intensificó esta semana al publicarse en un diario digital un campo pagado en el cual se acusa a la organización de no cumplir con las cotizaciones de sus empleados ante el estatal Seguro Social, tras asegurar sus autoridades que ello «violenta» las leyes hondureñas.
La publicación digital «Hondudiario.com», señala en el campo pagado, cuya autoría es anónima, y presentado como una «información periodística», que «autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) confirmaron que han iniciado una campaña orientada a identificar a las empresas y organizaciones no gubernamentales que, teniendo empleados bajo sus planillas, no cotizan a esa institución».
Asimismo, atribuyen declaraciones a la jefe de la unidad de afiliados al IHSS, Mercedes Midence, en el sentido que existen en el país más de 600 empresas que no cotizan a esa organización, entre ellas la organización no estatal ASJ, «quien no cumple con estas obligaciones desde hace varios años y está expuesta a una sanción por esa falta».
«La ONG identificada como ASJ, bajo la coordinación de la periodista Dina Meza, promueve en el país la defensa de los intereses de sectores no organizados, bajo el argumento de que algunas empresas violentan los derechos humanos y obligaciones laborales, sin embargo, ellos no las cumplen con sus empleados, según se colige en el IHSS», resalta el suelto informativo.
La nota periodística, pagada por un cliente anónimo, va acompañada de fotografias en las cuales destaca a los periodistas Rosa Morazán, Robert Marín García y Dina Meza, miembros de ASJ y quienes, junto a la también periodista, Claudia Mendoza, han iniciado una serie de investigaciones sobre las formas de operación de las empresas privadas de seguridad Delta Segurity y Setech, respectivamente.
Estas empresas, según los trabajos de investigación, no sólo violentan los derechos laborales de los empleados, sino que también licitan con el Estado contratos de origen dudoso mediante el cual brindan seguridad privada a unas seis instituciones gubernamentales.
Miembros de ASJ desvirtuaron ante el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) la nota emitida en el campo pagado, mostrando con documentos el pago que mensualmente por casi una década efectúan al Seguro Social.
«Esto es parte de la campaña que se ha iniciado en contra nuestra con información falsa y tergiversada, al grado que esa misma noticia quiso aparecer en algunos medios escritos pero logramos pararla a tiempo, tras presentar las evidencias de la falsedad», dijo Meza, coordinadora de proyectos de ASJ.
A su vez, Morazán dijo que las fotos que aparecen en el campo pagado «fueron tomadas por empleados de Delta Segurity cuando quisieron irrumpir en nuestras instalaciones hace más de una semana».
El 26 de septiembre, Morazán, mientras se encontraba en un centro comercial departiendo con unos amigos, fue objeto de un seguimiento por los mismos fotógrafos empleados de Delta Segurity, «y cuando los identifiqué y comenté a mis amigos, ellos se hicieron los locos y se fueron», declaró la periodista ante C-Libre.
Esas mismas intimidaciones y acciones de seguimiento las han sufrido también los cuatro periodistas que trabajan en ASJ, quienes tienen bajo su responsabilidad proyectos investigativos que publican en su revista mensual «Revistazo.com».
El 29 de septiembre, el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) hizo una denuncia pública internacional ante los organismos internacionales de derechos humanos por el hostigamiento, amenazas e intimidaciones que está sufriendo el personal de ASJ.
A ello se sumó también, hace una semana, la organización internacional defensora de la libertad de expresión, Reporteros Sin Fronteras (RSF) con sede en París, Francia.
ANTECEDENTES:
Delta Segurity es propiedad del empresario Elvin Richard Swasey, y tiene su sede principal en la ciudad de La Ceiba, en la costa atlántica del país. ASJ y sus periodistas inició hace más de tres meses una investigación donde se develó que esta empresa, para poder seguir licitando contratos con el Estado, habría creado otra compañía afín denominada Setech.
En Setech, según los periodistas, labora el mismo personal que trabaja en Delta Segurity, quienes son cancelados sin prestaciones y luego recontratados, violando todos los procedimientos legales, según las investigaciones hechas por los periodistas. En su trabajo, los periodistas encontraron no sólo violaciones laborales a los derechos de los empleados, sino que irregularidades en los procedimientos para obtener contratos de seguridad privada con el Estado.
En Honduras operan más de un centenar de empresas privadas de seguridad en forma legal, y otro tanto al margen de la ley. Recientemente funcionarios del ministerio de Seguridad declararon su impotencia para poder controlarlas.
Esta alerta ha sido realizada por PROBIDAD con información proporcionada por el C-Libre.
