(RSF/IFEX) – «Cuando el ejército o los servicios de inteligencia se ven frecuentemente puestos en tela de juicio en los ataques a la prensa, le pedimos que se abran investigaciones sobre los diferentes casos, y que se sancione a los autores», ha manifestado Robert Ménard, secretario general de RSF, en una carta dirigida al presidente […]
(RSF/IFEX) – «Cuando el ejército o los servicios de inteligencia se ven frecuentemente puestos en tela de juicio en los ataques a la prensa, le pedimos que se abran investigaciones sobre los diferentes casos, y que se sancione a los autores», ha manifestado Robert Ménard, secretario general de RSF, en una carta dirigida al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. «Sin esperar a los resultados de esas investigaciones, le pedimos que dé consignas muy claras a las diferentes fuerzas del Estado, para que respeten la libertad de prensa», ha añadido la organización.
El 15 de octubre de 2003, al final de mediodía, fue destruida por una explosión la antena de transmisión de Radio Pio XII, una emisora católica de Oruro (a 200 kilómetros al sur de La Paz), y del canal Televisión Universitaria. Según la dirección de la radio, dos hombres encapuchados neutralizaron a los guardias de las instalaciones, y colocaron un explosivo en la antena. Anteriormente, algunos funcionarios habían reprochado a la radio su cobertura de la represión. Ambos medios de comunicación ya no pueden emitir.
Como Radio Pio XII de Oruro, Radio Pio XII de Cochabamba (sudeste de La Paz), la red de radios Erbol (Educación Radiofónica de Bolivia), Radio Pachamama y la radio Celestial, situadas en El Alto y La Paz, recibieron numerosas amenazas en los tres días anteriores.
También el 15 de octubre, unos agentes de seguridad incautaron las ediciones del día del periódico «El Diario» y el semanario «Pulso». El primero llevaba en portada la necesidad de la dimisión del presidente Sánchez de Lozada, mientras que el segundo revelaba que cuatro expertos militares de la embajada de Estados Unidos aconsejaban a las fuerzas armadas bolivianas en la represión del movimiento de protesta.
Por su parte, Mónica Medina, directora del canal de televisión Radio Televisión Popular (RTP), contó que, el 15 de octubre, cortaron sus líneas telefónicas. Según Eduardo Godoy, responsable de información, inmediatamente se instaló una nueva línea. El canal, crítico con el gobierno, habría recibido llamadas anónimas amenazando con destruir sus instalaciones, o atacar a sus periodistas en la calle, si no suspendía la programación.
Por otra parte, el canal Cadena A, cercano a la oposición, también ha denunciado amenazas de algunos miembros del ejército. El 15 de octubre, sus programas se suspendieron brevemente, y fueron reemplazados por música. Las emisiones se reanudaron con la difusión de un mensaje de Amalia Pando, directora del canal, anunciando que la dirección apoyaba a la redacción frente a las amenazas exteriores. Según la Agencia France-Presse, el Ministro de Trabajo, Adalberto Kuajara, declaró que se trataba de un «malentendido», y que el gobierno respetaba la libertad de expresión.
En La Paz, Walter Chávez, director de la edición boliviana del mensual francés «Le Monde Diplomatique» y del bimensual «El Juguete Rabioso», el 15 de octubre acusó a agentes de seguridad de perseguirle, y denunció haber recibido numerosas amenazas por teléfono. Afirma haberse visto obligado a suspender la publicación de una edición especial, que debía salir el 16 de octubre, en la que el periódico se pronunciaba a favor de la dimisión del Presidente.
Finalmente, Carlos Colque, corresponsal de la red de radio Erbol en Patacamaya (a unos 100 kilómetros al sur de La Paz), fue alcanzado por un balín de goma en la espalda, disparada por un militar, justo después de haber sido amenazado por un teniente coronel del ejército.
