(RSF/IFEX) – RSF manifiesta su profunda decepción por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, el 29 de noviembre de 2007 por escasa mayoría, ha considerado «que no hubo violación grave de las garantías individuales en perjuicio de la periodista independiente Lydia Cacho» cuando la detuvieron, en diciembre de […]
(RSF/IFEX) – RSF manifiesta su profunda decepción por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, el 29 de noviembre de 2007 por escasa mayoría, ha considerado «que no hubo violación grave de las garantías individuales en perjuicio de la periodista independiente Lydia Cacho» cuando la detuvieron, en diciembre de 2005, por petición del gobernador del Estado de Puebla (Sur), Mario Marín. La alta jurisdicción ha invalidado así todos los cargos que pesaban sobre el gobernador.
«Desde que, en 2004, denunció la existencia de una red de pedofilia, en la que implicaba a personalidades situadas muy arriba, Lydia Cacho no dejó de sufrir amenazas, agresiones e intentos de atentados, hasta su breve detención en 2005. Al decidir, a favor del gobernador de Puebla, Mario Marín, que no ha lugar sobre ese punto, y al atreverse a decir, contra toda evidencia, que no se burlaron los derechos constitucionales de Lydia Cacho, la SCJN ha concedido una auténtica prima a la impunidad. El epílogo de este sombrío caso sienta un preocupante precedente para la libertad de prensa y los derechos humanos en México», ha declarado RSF.
Por seis votos contra cuatro, los magistrados de la SCJN estimaron, el 29 de noviembre, que «no se demostró la existencia de violación grave de las garantías individuales, en termino del artículo 97 de la Constitución», y que la periodista fue víctima de «irregularidades menores» durante su detención y traslado del Estado de Quintana Roo (Este), donde reside, al Estado de Puebla, del que es gobernador Mario Marín. Esa breve detención se produjo cuando, en 2004, la periodista publicó el libro «Los Demonios del Edén», en el que acusaba a algunos políticos y empresarios en la explotación de una red pedófila. Al dictar sentencia, la SCJN ha anulado todos los cargos que pesaban sobre Mario Marín.
Algunas grabaciones de conversaciones telefónicas, reveladas por el diario «La Jornada» y emitidas por las ondas de la emisora W Radio el 14 de febrero de 2006 – y de las que RSF tiene una trascripción – entre el gobernador de Puebla y el empresario Kamel Nacif, citado en el caso de pedofilia, tienden a probar la implicación de ambos en la detención de Cacho. El gobernador y el empresario habrían sugerido «bromeando» que se violara a la periodista durante el traslado. La SCJN ha considerado que esas grabaciones no tienen «valor probatorio».
La sentencia contradice el informe elaborado por el juez Juan Silva Meza, entregado a la Corte el 26 de noviembre. El magistrado considera que existía «un acuerdo entre las autoridades de Puebla y Quintana Roo (Este) para violar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho». En el informe el gobernador, el fiscal general y el presidente del Tribunal Superior de Puebla, así como a cuatro jueces y varios funcionarios gubernamentales, son acusados de violar los derechos de Cacho.
«La decisión de la Corte es una derrota para el gremio mexicano que cubre o investiga casos relacionados con las redes de tráfico de personas. Los ministros mandan un mensaje al país de que ni siquiera este tipo de casos van a ser reconocidos por la institución», manifestó Cacho al conocer la noticia.
