(RSF/IFEX) – Reporteros sin Fronteras se preocupa por la política adoptada, respecto a los medios de comunicación, por las autoridades iraquíes, en el marco de la gestión de la seguridad interior, tras los atentados que tuvieron lugar en Bagdad y en la provincia de Babel (surd del país), el 19 y el 20 de agosto […]
(RSF/IFEX) – Reporteros sin Fronteras se preocupa por la política adoptada, respecto a los medios de comunicación, por las autoridades iraquíes, en el marco de la gestión de la seguridad interior, tras los atentados que tuvieron lugar en Bagdad y en la provincia de Babel (surd del país), el 19 y el 20 de agosto de 2009.
«No podemos dejar de preguntarnos cuáles son las razones que han llevado a las autoridades iraquíes a prohibir a los periodistas que se acerquen a los lugares de los atentados y que entrevisten a las víctimas. ¿Será su objetivo reducir la difusión de imágenes impactantes? ¿No rendir cuentas de los éxitos de los terroristas? ¿Ocultar la ineficacia de los responsables de la seguridad interior? Se impone más transparencia por parte de las autoridades iraquíes que deben dejar que los profesionales de la información trabajen libremente,» declara la organización.
El 19 de agosto, un camión bomba estalló delante del Ministerio de Asuntos Exteriores en el barrio de Salhiyeh y otro delante del Ministerio de Finanzas en Bagdad. Esos acontecimientos desacreditan el nuevo plan de seguridad interior, elaborado por Nuri Al-Maliki, primer ministro y jefe de las fuerzas de seguridad, tras la retirada de las fuerzas estadounidenses.
Varios periodistas fueron heridos mientras intentaban cubrir los acontecimientos. El 20 de agosto, se les impidió a tres periodistas fotografiar y grabar el funeral de las víctimas de los atentados, cerca del hospital Al-Tab Al-‘Adli en Bagdad. A pesar de que el equipo presentara a las fuerzas del orden una autorización escrita emitida por el Mando de Operaciones de Bagdad y del Ministerio de Salud, un oficial del Ministerio del Interior junto con agentes de la policía civil los agredieron físicamente. Por otra parte, Tha’ir Al-Sudani, fotógrafo de la agencia Reuters, el camarógrafo Haydar Kadhim Noor, así como Shehab Ahmed, fotógrafo de EFE, fueron detenidos durante unas horas por las fuerzas de seguridad del hospital.
Ese mismo día, la provincia de Babel también fue el escenario de una serie de atentados que causaron la muerte de más de 65 personas. A los equipos de prensa escrita, radio y audiovisual, entre otros los de los corresponsales de las cadenas vía satélite Al-Hurra, Al-Sumariya, Al-Rasheed y el de la emisora Radio Sawa, se les prohibió la entrada al hospital de Al-Hilla, capital de la provincia. Las fuerzas de seguridad también impidieron que se acercasen a las víctimas hospitalizadas y a los testigos, por orden de la administración del hospital la cual, según uno de los corresponsales, recibió tal conminación del Ministerio de Salud de Bagdad.
La campaña de prohibición continuó al nivel político. El 21 de agosto, cuando únicamente 60 de los 440 parlamentarios iraquíes se reunían para un pleno excepcional de la Asamblea nacional, Khalid Al-Attiyah, primero vice-presidente, exigió que se expulsaran a todos los periodistas presentes y prohibió oficialmente a la prensa que informe sobre la reunión así como su contenido por razones de seguridad. El pleno organizado con urgencia tenía como objetivo estudiar y organizar nuevas medidas secretas de seguridad en Bagdad, debido a la negligencia de los organismos de seguridad en relación con los recientes atentados. Cuando se expulsó de la Asamblea a los periodistas, un reportero de la cadena Al-Ittijah, Mufid Hamid, fue maltratado por las fuerzas de seguridad del primero vice-presidente. La expulsión obligada y los actos violentos contra los periodistas fueron grabadas y difundidas en las cadenas locales.
Varios parlamentarios tales como Maha al-Dawri, Fawzi Akram, Hassan Al-Rabi’i, así como organismos de prensa como el Sindicato de Periodistas de Irak, condenaron la decisión injustificada del viceprimer ministro de prohibir un pleno público, impedir a los periodistas que informasen al público sobre los atentados y sus consecuencias, al igual que sobre las políticas previstas para luchar contra el terrorismo.
