La tensión provocada por las denuncias sobre corrupción en la administración pública en elPeriódico habría derivado en un cambio en los parámetros de protección que el Estado provee a director José Rubén Zamora desde 2003 tras sufrir un atentado.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por el deterioro a la libertad de prensa en Guatemala, tras registrarse dos ataques armados en las últimas semanas que dejaron a un periodista herido y otro asesinado; al tiempo que denunció que se mantiene la discriminación publicitaria del gobierno nacional contra elPeriódico.
La SIP condenó el atentado contra Fredy Rodas y pidió una investigación expedita y profunda para esclarecer el ataque. Rodas, corresponsal de Radio Sonora en Mazatenango, Suchitepéquez, en el suroeste del país, fue interceptado el lunes 12 de agosto de 2013 en la noche cerca de su vivienda por sujetos desconocidos que le dispararon en tres ocasiones en el rostro y la espalda. El periodista fue trasladado a un hospital donde se encuentra estable. Se desconocen los móviles del ataque.
Por otra parte, la organización hemisférica reiteró su condena sobre la práctica de utilizar la publicidad oficial y la aparente coerción gubernamental a anunciantes privados como instrumento para presionar el criterio editorial de un medio de comunicación, haciéndose eco de las denuncias que el director del diario elPeriódico, José Rubén Zamora, viene planteando en los últimos meses.
La tensión provocada por las denuncias sobre corrupción en la administración pública en elPeriódico habría derivado en un cambio en los parámetros de protección que el Estado provee a Zamora desde 2003 tras sufrir un atentado por el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a favor del periodista.
En un campo pagado publicado hoy en elPeriódico, la Comisión Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) y el Ministerio de Gobernación, explican que se levantó la protección al periodista después de una evaluación de los criterios que forzaron esas medidas cautelares en el pasado, afectándose también a otros 28 casos.
En ese espacio, el gobierno, tras señalar el costo y detalles de la seguridad a Zamora, argumenta: “En efecto, elPeriódico mantiene una postura de publicar noticias falsas y tendenciosas, infundadas y con falta de pruebas en contra de funcionarios del Gobierno. Sin embargo, en una actitud respetuosa y garante del derecho a la libre emisión del pensamiento, dicha línea editorial no ha sido de ninguna manera intimidada ni reprimida, como tampoco coaptada como se pretende hacer creer a la población”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, expresó su malestar por la contradicción en la que incurre el gobierno. “El Gobierno no puede decir que es respetuoso de la libertad de prensa y que no intimida a un medio, cuando es evidente – y funcionarios del gobierno lo han admitido – que elPeriódico está siendo discriminado con la publicidad oficial”.
“La coacción económica – agregó Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda – es una grave falta a la libertad de prensa y al derecho del público a la información, como lo indican principios y tratados como es el caso de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y la Declaración de Chapultepec, así como fallos de tribunales nacionales e internacionales sobre la materia”.
Zamora desmintió hoy (14 de agosto) las versiones del gobierno en otro espacio en su diario y, en especial, se refirió a diferentes versiones sobre un altercado frente a su casa el viernes y sábado pasados con agentes del Ministerio Público. Zamora argumenta que se trató de un acto de intimidación, mientras el gobierno explica que se quería entregar una correspondencia referente a los cambios de parámetros sobre su seguridad.
Zamora sostiene que los actos de intimidación son parte de una campaña orquestada por el gobierno para desprestigiar a su medio y restar credibilidad a sus denuncias sobre abusos de poder y corrupción.
La SIP también exhortó al gobierno a profundizar investigaciones por otras denuncias sobre hechos de violencia en el país centroamericano. Además del atentado contra Fredy Rojas, la semana pasada fue asesinado el locutor Luis de Jesús Lima en Zacapa; el 7 de abril fue ultimado Luis Alberto Lemus Ruano y el 20 de marzo, Napoleón Jarquín Duarte.
