(PFC/IFEX) – Diversas declaraciones y acciones de funcionarios, incluyendo al presidente de la República, en contra de los medios de comunicación, marcaron las relaciones entre el gobierno y la prensa durante el mes de septiembre de 2003. Hubo numerosas protestas de gremios periodísticos, centros académicos y organizaciones cívicas sobre la resistencia por parte del gobierno […]
(PFC/IFEX) – Diversas declaraciones y acciones de funcionarios, incluyendo al presidente de la República, en contra de los medios de comunicación, marcaron las relaciones entre el gobierno y la prensa durante el mes de septiembre de 2003.
Hubo numerosas protestas de gremios periodísticos, centros académicos y organizaciones cívicas sobre la resistencia por parte del gobierno del presidente Lucio Gutiérrez a ratificar la Declaración de Chapultepec, suscrita en 1994. http://portal-pfc.org/libexp/docs/2003/253.html
Uno de los debates que fue reabierto sobre esta declaración regional es el de la colegiación obligatoria y la exigencia de títulos profesionales para ejercer el periodismo. El vocero gubernamental Marcelo Cevallos, en declaraciones dadas a la prensa, mencionó que el principio 8 de la Declaración de Chapultepec estaba reñido con las leyes vigentes en Ecuador. El punto en cuestión señala que «el carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios». Seguidamente Iván Abad, presidente de la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE), confirmó que la Secretaría de Comunicación del Estado había tomado la decisión de exigir la afiliación a esa gremial como condición para realizar cobertura en fuentes oficiales, aunque esto fue desmentido por Eduardo Egüez, director ejecutivo de la Secretaría de Comunicación.
En Ecuador existe la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista (aprobada en 1975) en la que para ser considerado «periodista profesional» se requiere la posesión de un título universitario en la materia y la pertenencia a un colegio. Asimismo, esta legislación consigna la creación del FENAPE. La normativa establece que son cargos de desempeño exclusivo por periodistas profesionales los de «jefes, subjefes, secretarios de redacción o de información, reporteros o cronistas, titulares o correctores de estilo, reporteros gráficos, corresponsales, diagramadores e informadores; y, directores, jefes y reporteros de los programas de información radial, televisada y cinematográfica». A pesar de que la norma es restrictiva, hasta ahora no había representado mayor amenaza a la libertad de expresión porque su aplicación no ha sido estricta. Sin embargo, con las declaraciones citadas en la párrafo anterior se teme que el gobierno y la FENAPE quieran exigir la colegiación obligatoria y la posesión de títulos profesionales, con lo que estarían coartando la libertad de quienes ejercen el periodismo. http://portal-pfc.org/legislacion/2003/033.html
Por otro lado, a principios de septiembre el presidente Gutiérrez declaró su interés en plantear una ley para «garantizar la libertad de expresión . . . pero asimismo, para que los calumniadores, chismosos, mentirosos e infames sean sancionados por la ley». Esto último fue una referencia a los medios de prensa, a los que acusó de estar colaborando con opositores para poner al «pueblo» en su contra. Luego de las protestas de la prensa, principalmente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), el Secretario de Comunicación declaró que Gutiérez «jamás dijo que crearía una ley sino que iniciaría una campaña contra las injurias». http://portal-pfc.org/legislacion/2003/031.html
Como en otros países de América Latina, en Ecuador aún se penalizan los delitos sobre el honor cometidos en contra de funcionarios y personas públicas. Al respecto, en septiembre los tribunales suspendieron una orden de detención en contra de Rodrigo Fierro, articulista del diario «El Comercio», quien tenía una condena de seis meses pendiente por supuestas injurias contra el ex presidente León Febres-Cordero (ver las alertas de IFEX del 26 y 23 de septiembre de 2003). Un artículo publicado por Fierro en mayo señalaba a la familia del ex-gobernante de ser responsables de la quiebra bancaria de 1999. http://portal-pfc.org/libexp/docs/2003/262.html
Por su parte, el 11 de septiembre el general Octavio Romero, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, convocó a editores y jefes de información de los medios para advertirles que su institución demandará a la prensa que revele sus fuentes de información. Según el militar «así como ustedes exigen transparencia, nosotros también podemos exigir que nos digan de dónde sale la información». http://portal-pfc.org/libexp/docs/2003/244.html
Y entre otros hechos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) denunció que el 20 de septiembre en el periódico «El Comercio» se recibió una comunicación de un supuesto «escuadrón de la muerte» denominado «Legión Blanca», en la que amenazaba a Kintto Lucas, periodista responsable del periódico alternativo «Tintají» y corresponsal de Inter Press Service (IPS), Pablo Dávalos, analista político y económico para varias radios y periódicos, y Marlon Carrión, de la agencia alternativa de prensa Pachacámac, entre otros. Según el CEDHU las amenazas se han incrementado en los últimos días contra quienes hacen denuncias, incluyendo periodistas. http://portal-pfc.org/libexp/docs/2003/264.html
PFC dirigió una carta al presidente Gutiérrez en la que le externó su preocupación por el deterioro de las relaciones entre el gobierno y la prensa. Asimismo, hizo un llamado a él y a sus funcionarios a ser receptivos sobre las denuncias y críticas que se exponen en los medios de comunicación, en lugar de desacreditar el trabajo de estos. «Las irregularidades no se eliminan silenciando a los denunciantes, sino adoptando las medidas correctivas pertinentes», razonó PFC.
