Entre el 22 de agosto y el 15 de octubre de 2014, al menos siete personas fueron detenidas por expresarse en la red social Twitter.
Este artículo fue publicado originalmente en ipys.org.ve el 28 de octubre de 2014.
Entre el 22 de agosto y el 15 de octubre de 2014, al menos siete personas fueron detenidas por expresarse en la red social Twitter, y posteriormente trasladadas al Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), cuerpo de seguridad del Estado. Para la fecha, IPYS Venezuela tuvo conocimiento que al menos 2 personas ya se encuentran en libertad.
Inés Margarita González Árraga, especializada en Química de la Universidad de Ohio (EE UU), fue detenida después de publicar en su cuenta de red social Twitter (@inesitaterrible), opiniones sobre la muerte del diputado Robert Serra.
Tras recibir una citación por parte del Ministerio Público, Inés se trasladó a la sede zuliana del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), cuerpo de seguridad del Estado, para rendir declaraciones. Celia Dao, coordinadora regional de la organización defensora de los derechos humanos, Foro Penal Venezolano, dijo que la científica llevó incluso su laptop para que la revisaran. “Posterior a la entrevista le dijeron que quedaba detenida”, relató la abogada a IPYS-Venezuela.
En la audiencia de presentación efectuada el 6 de octubre, la fiscal del tribunal 13 de control, imputó a la química de 41 años de edad por los delitos de instigación pública, ultraje violento y ultraje a funcionario público. Por tal motivo, el Ministerio Público solicitó la privativa de libertad evitando así el peligro de fuga.
Sin embargo, según declaraciones de la jurista que lleva el caso de Inés -único de los siete casos que lleva el Foro Penal- la audiencia estuvo viciada pues en las actas no constaba, siquiera, que los agentes de seguridad tuvieran posesión de la laptop de la imputada.
Por otro lado, la abogado indicó que apelarán esta decisión preliminar, pues la defensa considera que estos delitos no ameritan una privativa de libertad y que además, la imputada cuenta con un alto nivel moral, que reduciría el riesgo de fuga.
Inés González Árraga, se autodefine en su biografía de Twitter como: “Agitadora de oficio en proceso de acumulación de fuerzas. Disidente del régimen de Toripollo Genocida. Chávez te lo juro, tumbamos a Maduro”. A pesar de esto, según su defensora, “si ella cometió un delito, fue utilizar palabras de las que ya se disculpó públicamente”.
Inés cumple hoy 21 días privada de libertad en el Helicoide, Caracas. Cumple 21 días sin ver la luz del sol. “Ella se encuentra en buen estado de salud, sus familiares lo han podido comprobar”, precisó Cecilia. Sin embargo, indicó que el proceso de González está a penas en la fase de investigación, que toma 45 días aproximadamente.
Otros seis detenidos
Siguiendo la misma línea, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, acusó en su programa “Con el mazo dando”, transmitido el jueves 16 de octubre, a través del canal de televisión abierta Venezolana de Televisión (VTV), a 6 personas más de enviar “mensajes de amenazas y burlas por el asesinato de Robert Serra y María Herrera”.
Según la información reseñada por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), los otros acusados son:
1. Ginette Hernández Marcano, de 23 años, es estudiante de la escuela de Artes de la Universidad Centra de Venezuela. Permanece desde el pasado 15 de octubre en la sede del Sebin, en el Helicoide, sitio fijado por el tribunal 33 de control. Se le acusa de manejar la cuenta @Hiipolita, que habría predicho la muerte del diputado Serra. Los delitos son fraude informático y crear pánico y zozobra en la colectividad.
2. Lessi Marcano, presunto tío de Ginette. Estaría igualmente vinculado a la cuenta @Hiipolita y se le acusa por los mismos delitos que a Ginette Hernández. Permanece en la sede del Sebin, Helicoide.
3. Leonel Sánchez Camero fue detenido el pasado 22 de agosto. Es residente de Barinas y se le adjudica la cuenta @anonymuswar, vinculandose además, según investigación, con el hackeo de las cuentas en Twitter de Jacqueline Faría (actual ministra de Comunicaciones), Gabriela del Mar Ramírez (Defensora del Pueblo) y Eduardo Lima (diputado AN).
4. Víctor Ugas, fue detenido el pasado 13 de octubre por difundir las imágenes del cadáver del diputado Robert Serra.
5. Abrahan David Muñoz Marchán tiene 18 años y es estudiante de ingeniería de la Universidad de Carabobo. Se le detuvo por sus comentarios sobre la muerte de Robert Serra. El 9 de octubre fue trasladado a la sede del Sebin en el Helicoide, Caracas. Sin embargo, el abogado Alfredo Romero informó que ya se encuentra en libertad, con algunas medidas.
6. Daniely Benítez fue detenida por presuntamente estar vinculada a la cuenta en Twitter @Hiipolita, sin embargo, según su abogado defensor, José Vicente Haro, no se demostró ninguna vinculación, por lo que fue liberada la tarde de este viernes 17 de octubre. Daniely es estudiantes de la escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Orquesta Sinfónica de Venezuela.
Unos se encuentran privados de libertad, otros fueron liberados bajo ciertas restricciones. Ninguno ha sido culpado o sentenciado formalmente por el Ministerio Público. “Se acabaron las protestas, comenzó la persecución a la libertad de expresión”, expresó Celia Dao.
El 26 de octubre de 2014, el periodista Joseph Poliszuk, del diario El Universal, informó para la sección Expediente, que al menos otras nueve personas han sido investigadas por opinar, expresar, divulgar y protestar por sus derechos en el país.
Entre ellos, Ángel Sarmiento, presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua; Eduardo Garmendia, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria); el indígena, Alexis Romero; Guillermo López, ingeniero electricista; el abogado Marcelo Crovato; Hernán Lugo Galicia y Sofía Nedder, periodistas del diario El Nacional, entre otros.
Si deseas conocer un poco más sobre estos casos, de manera detallada, puedes acceder a “Sospechos todos” y leer el trabajo del periodista Poliszuk.
Estas detenciones se enmarcan dentro de una agresión con el uso de las normas venezolanas vinculadas a acciones y amenazas legales contra periodistas y ciudadanos por ejercer su derecho a expresar sus ideas y opiniones.
